Demandas, conductas “hostiles” y bajas por ansiedad en un año conflictivo en el Consulado de Marruecos en Canarias

La conflictividad laboral se ha disparado en el último año en el Consulado de Marruecos en Canarias. En estos meses se han sucedido las demandas de reclamación de cantidades y por la modificación unilateral de las condiciones de trabajo y las quejas por un trato que el personal califica de “humillante” por parte de la actual cónsul, Fatiha El Kamouri, incorporada en septiembre de 2022. De los seis agentes locales que ejercían en esa fecha en el consulado (trabajadores que se rigen por la normativa laboral española), cinco de ellos han estado en este periodo de baja laboral por ansiedad.

En noviembre del año pasado, apenas dos meses después de la llegada de la cónsul, este grupo de trabajadores remitió un escrito a los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos y España, así como a la embajadora de Marruecos, el delegado del Gobierno de España en Canarias y el Defensor del Pueblo, en el que solicitaban que se adoptaran las “medidas necesarias y oportunas” ante las “conductas hostiles” y los “incumplimientos” laborales que decían estar padeciendo.

En total son seis los trabajadores (dos secretarias, una administrativa, un empleado consular, un conductor y una persona encargada de la limpieza) que han acudido a la jurisdicción social para presentar demandas. En un caso por despido improcedente, en todos por reclamación de cantidades (por conceptos como pagas extra, complemento de antigüedad o vacaciones) y, en otro, además, por una “modificación sustancial” de las condiciones de trabajo y vulneración de derechos fundamentales. El conjunto de estas demandas supera los 100.000 euros de reclamación.

Un empleado consular reclama, además, una indemnización por daños morales. La actual cónsul despojó a este trabajador de las funciones que venía desempeñando desde su entrada en la institución, hace ya más de quince años. Durante estos lustros, había estado a cargo de la caja y del mantenimiento y la actualización de los archivos, además de colaborar en la recepción de la ciudadanía marroquí y de participar con el servicio social, habiéndose convertido con el tiempo, por sus contactos, en un relevante nexo entre la institución y los centros que acogen a los menores extranjeros no acompañados.

Sin embargo, con la llegada de El Kamouri a Canarias, este trabajador pasó a ser el conductor de la cónsul, que le exigía “disponibilidad plena” todos los días. Según la demanda presentada, la alta representante del Reino de Marruecos en Canarias no permitía que en los momentos en que no se encontraba realizando algún traslado estuviera en el consulado relacionándose con sus compañeros, sino que “pretendía que esperara en el coche hasta que ella lo requiriera”. Tras sus quejas, lo trasladó a la quinta planta del edificio consular, donde tampoco tenía contacto con los otros trabajadores.

Esa demanda también alude a las llamadas “a deshoras” a este oficial reconvertido en conductor para que realizara algunas compras que tenía que asumir de su bolsillo Al menos hasta la fecha de interponer la acción judicial, ese dinero no se le había devuelto.

Este empleado no fue el único de entre los agentes locales al que despojó de sus funciones. El anterior conductor, en el puesto desde 2017, fue colocado como portero y vigilante de escalera en el edificio consular, situado en las inmediaciones de la Plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos empleadas más veteranas, cada una de ellas con más de treinta años de experiencia en el Consulado de Marruecos, también fueron trasladadas. La secretaria del anterior cónsul fue a recepción y otra trabajadora que estaba especializada en la tramitación de los expedientes dejó estas funciones y pasó a sustituir a su compañera, aunque con la única tarea de llevar la agenda de El Kamouri hasta su jubilación, a finales de ese mismo año. 

Además, la trabajadora que se encargaba de la limpieza del edificio desde 2011 fue despedida. Recurrió y el caso se solventó con un acuerdo de conciliación y una indemnización de más de 30.000 euros. Otra agente local que firmó el escrito de noviembre permaneció de baja nueve meses y se reincorporó al trabajo en agosto.

En aquel escrito, los trabajadores (entre los que no figuraba el empleado consular que ahora reclama una indemnización por daños morales) afirmaban haberse sentido coaccionados, “bajo amenaza de despido”, para trabajar más de las 40 horas estipuladas en sus contratos, todos de carácter indefinido (de 9.00 a 17.00 horas de lunes a viernes). También atribuían a la cónsul frases de rechazo a que personal español y extranjero trabaje en el Consulado de Marruecos. En la oficina consular ejercen tanto funcionarios marroquís (con la legislación laboral de este país) como agentes locales (personal contratado bajo la normativa española) en una proporción fijada.

“Los trabajadores tenemos el derecho a desempeñar nuestras funciones en un ambiente empático, manteniendo canales de comunicación abiertos, respetuosos, correctos y seguros, exentos de los hostigamientos, las intimidaciones y las amenazas constantes que están ocurriendo desde su llegada el pasado 1 de septiembre”, rezaba el comunicado remitido por el equipo de agentes locales en noviembre.

Esta conflictividad y las bajas de agentes que acumulan contactos y una larga experiencia en el Consulado de Marruecos se ha notado, según diversas fuentes consultadas, en la atención que se le dispensa a la ciudadanía marroquí. Entre las quejas más recurrentes se encuentra el sistema de citas implementado de forma reciente. Con anterioridad, las personas que necesitaran hacer algún tipo de gestión en el Consulado acudían directamente al edificio y eran atendidas. Ahora se necesita una cita previa que, según estas mismas fuentes, a veces es complicado conseguir.

El problema se agrava para los ciudadanos marroquíes que viven en otras islas, ya que se les pide acudir dos veces al Consulado para resolver asuntos como la tramitación del pasaporte (cuando antes se enviaba por una empresa de mensajería), con el consecuente coste económico en caso de que solo dispongan de la autorización inicial de residencia, lo que no les permite beneficiarse del descuento para viajar.

Este periódico solicitó su versión a la cónsul a través de los canales oficiales, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.