El Supremo avala retirar la plaza a nueve maestros de Inglés ya en prácticas en Canarias por un error de baremación

Aprobaron la oposición en 2019, perdieron sus plazas en 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se las devolvió en 2024 y ahora el Supremo se las quita de manera definitiva. Es la historia de nueve aspirantes a ingresar en el cuerpo de maestros de Canarias, en la especialidad de inglés. Tras años de incertidumbre, el alto tribunal ha dictado recientemente una sentencia que da la razón al Gobierno de Canarias y anula el fallo que había reconocido el derecho de estos docentes a ser restituidos en sus plazas. 

El origen de este largo pleito se sitúa en 2019. La Consejería de Educación convocó un proceso selectivo para ingresar en el cuerpo de maestros en varias especialidades. La oposición tenía tres fases: oposición, concurso de méritos y prácticas. Cada especialidad tenía su propio tribunal o, si había varios, una comisión de coordinación que se encargaba de valorar los méritos de los aspirantes. 

En julio de ese año se publicaron las listas tras la fase de concurso y varios aspirantes de distintas especialidades presentaron recursos de alzada. Al revisar los expedientes de los recurrentes y de terceros afectados, la Dirección General de Personal de Educación se percató de algo que nadie había denunciado: la Comisión de Coordinación de Inglés había aplicado mal el baremo de méritos. El error, que las resoluciones judiciales no precisan, afectaba a todos los opositores de la especialidad. A unos les beneficiaba y a otros les perjudicaba. 

Mediante una resolución firmada el 1 de junio de 2020, Educación decidió entonces suspender de forma cautelar la especialidad de inglés y repetir la valoración de méritos. Los aspirantes fueron nombrados ese mismo mes funcionarios en prácticas, aunque de manera cautelar hasta que se resolviera la nueva baremación. Esta labor concluyó en mayo de 2021. Educación modificó las listas y nueve maestros perdieron su plaza. 

Esos aspirantes recurrieron a los tribunales. Su argumento era que la administración había utilizado los recursos de otros aspirantes para reabrir las notas de toda una especialidad, algo que, sostenían, solo podía hacerse mediante el procedimiento formal de revisión de oficio. Sus demandas aludían, además, al concepto de “coste de oportunidad”. Los nueve maestros excluidos pedían que se les reconociera el derecho a la plaza no solo por aspectos formales, sino también porque decisión de la Consejería de Educación había trastocado sus proyectos vitales cuando ya habían volcado sus esfuerzos y habían renunciado a cualquier otra actividad al ser nombrados funcionarios en prácticas. 

A juicio de la abogada de los afectados, la posición adoptada por el Gobierno de Canarias chocaba con los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima. 

“Una pura contradicción”

El TSJC les dio la razón en primera instancia. En una sentencia de marzo de 2024, el alto tribunal canario se apoyó en resoluciones propias anteriores sobre ese mismo proceso selectivo para reconocer el derecho de los demandantes a mantener sus plazas. 

Para el tribunal canario, la actuación de Educación era “una pura contradicción”. La administración había usado el recurso de una aspirante que no hablaba de ese error en la aplicación de los baremos de inglés para rehacer todo el proceso selectivo. El TSJC coincidía con los nueve aspirantes en que la Consejería debió abrir un procedimiento específico de oficio para revisar las notas. Por ello, anuló las resoluciones de Educación y ordenó devolver a los demandantes a su situación anterior, con el nombramiento como funcionarios de carrera y todos los derechos de antigüedad, carrera y retribuciones que conlleva. 

Sin embargo, el Gobierno de Canarias presentó un recurso de casación que el Supremo admitió a trámite porque entendía que había interés para fijar un criterio general. Se trataba de determinar si la administración puede ordenar repetir la valoración de méritos si detecta errores de baremación distintos a los alegados en los recursos de alzada de los aspirantes. 

Los nueve docentes defendían que lo ocurrido fue una revisión encubierta de actos firmes y que no se les notificó bien la resolución que les informó de la pérdida de la plaza. 

“Un fallo estructural”

En la sentencia dictada el pasado 20 de octubre, el Supremo da la razón a la Educación. Lo primero que señala es que el caso de los nueve maestros de inglés no es igual que otros resueltos antes por el TSJC sobre el mismo proceso selectivo. En este pleito no se impugnaba la resolución de un recurso de alzada, sino la decisión de suspender el proceso y revisar la valoración de méritos de esa concreta especialidad tras constatar que hubo un error en la aplicación de los criterios. 

A juicio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, lo decisivo era que ese fallo no era un asunto de unos pocos. Lo que se había destapado era una irregularidad que afectaba por igual a todos los aspirantes de la especialidad de inglés, a unos en beneficio y a otros en perjuicio. En otras palabras, no se trataba de valorar un mérito propio del aspirante que recurría, sino de un “fallo estructural” que condicionaba todo el concurso. 

De esta manera, el Supremo concluye que si en un proceso selectivo se detecta, a raíz de unos recursos, una irregularidad que afecta a todos los aspirantes, la administración puede revisar la nota de todos, incluso de aquellos que no recurrieron. De hecho, señala que corregir solo para quienes recurrieron generaría una desigualdad entre los candidatos y vulneraría el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. 

Esa corrección, prosigue el alto tribunal, es posible mientras el proceso siga en marcha y los actos no sean firmes. En este caso, los aspirantes tenían aún que superar las prácticas. 

La sentencia anula el fallo del TSJC y da firmeza a las resoluciones de Educación, tanto a la que suspendió la especialidad de inglés como a la que modificó las listas y excluyó a esos nueve maestros que habían sido designados ya funcionarios en prácticas. 

En cuanto a las costas, el Supremo no aprecia mala fe ni temeridad en ninguna de las partes, así que cada una pagará las suyas. La sentencia fija jurisprudencia.