A juicio el farmacéutico del sur de Gran Canaria investigado por acoso sexual a una trabajadora: “Hay un patrón de hostigamiento”

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Raquel Lora, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el farmacéutico del sur de Gran Canaria investigado por acoso sexual a una trabajadora. La mujer denunció a su jefe en abril de 2023 asegurando que desde que comenzó a trabajar en la farmacia éste inició “un cortejo improcedente” que derivó en “tocamientos”, por lo que “se sentía intimidada”, lo que ha desembocado en que sufra ansiedad.

La acusación particular pide imponer al acusado la pena prevista para el tipo agravado del artículo 184.2 del Código Penal por acoso sexual que es de dos años de prisión y 24 meses de multa más otros tres años de prisión por lesiones psíquicas. También pide imponer al acusado la prohibición de aproximarse a una distancia inferior de 200 metros respecto a la denunciante, tanto de su domicilio como de su trabajo por un período de dos años. El Ministerio Fiscal, por su parte, ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que no existe base probatoria suficiente.

La denunciante narró que su jefe comenzó a invitarla a salir “para hacernos compañía”, que la instaba a acudir a su vivienda de Pasito Blanco “a abrir una botella de vino” y que le ofrecía acompañarla en comidas. Aquellas insinuaciones asegura que se repetían “desde el año 2013” y que, tras su negativa, el acusado “la trataba mal en el trabajo y, mediante gestos de desprecio, hacía como si no existiese”. En 2021, afirma, el acusado la llamó al despacho, la cogió por la cintura y empezó con tocamientos.

El farmacéutico, que responde a las iniciales J.M.P.T. declinó ofrecer su versión cuando este periódico le preguntó por esas denuncias. “Eso se tiene que dilucidar en los juzgados, no fuera”, comentó entonces. 

Según el escrito de la acusación particular, la denunciante relata que acudió al centro de salud con un grave estado de ansiedad, manifestando que sufría acoso laboral. La mujer “llegó a sentir cómo su intimidad estaba siendo violada por el acusado”. “En una ocasión cuando salió del despacho del acusado, la víctima se desplomó al suelo y fue auxiliada por los compañeros allí presentes”, asegura.

En dicho escrito de acusación se alude a que los tocamientos y la insinuación dentro del trabajo continuaron todos los años, si bien cuando el farmacéutico denunciado tenía novia no le hacía invitaciones a la denunciante fuera de la farmacia, “pero dentro de la farmacia sí continuaron”. “Dado que no accedía a sus peticiones y/o insinuaciones, le amargaba la vida”.

“Este patrón cíclico, de aproximación y rechazo, se mantuvo hasta nuestros días según la perito psicóloga que valoró los episodios”, apunta. “La perito psicóloga interviniente explica que ”la denunciante describe una pauta que se repite de manera invariable a lo largo de más de una década: un período de insinuaciones, cortes abruptos cuando la trabajadora se muestra firme, una aparente tregua mientras el empleador mantiene otras relaciones y, de nuevo, el reinicio de las propuestas en cuanto estas concluye“.

En el escrito de acusación se incluye que “el incremento del hostigamiento se sitúa en 2020”, cuando el acusado supo que esta mujer adeudaba dinero a la Hacienda pública y la habría dicho: “Nos podríamos hacer compañía, si accedes yo te pago la deuda de Hacienda”. “El ofrecimiento instrumentalizaba la precariedad económica de la trabajadora para coaccionarla”, señala la acusación particular.

Dicho escrito se acompaña de mensajes de WhatsApp en el que el acusado le habría expresado a la empleada que ella le gustaba y le insistiría en que podía ayudarla con la deuda con Hacienda.

“Estas comunicaciones, unidas a las notas médicas y a la constancia de cámaras de seguridad en el establecimiento, configuran un acervo probatorio sólido sobre la persistencia y el carácter coactivo de las conductas”, insiste la acusación particular.

De acuerdo con el escrito de esta parte en el procedimiento, las conversaciones incorporadas a los autos evidencian un “patrón de hostigamiento” de un superior que inicia los contactos con apelativos afectuosos como “gracias, preciosa”, “hola, guapa” y que habría ofrecido ayuda económica para resolver deudas con Hacienda a cambio de “compartir algo más”, que habría además pedido fotos y vídeos personales e insistido pese a la negativa de la mujer n mantener una relación de proximidad. “Lejos de ser ambiguas, tales manifestaciones revelan una expectativa de reciprocidad sexual sustentada en la posición de poder que el acusado ejercía sobre la trabajadora”, sostiene la acusación. También se han incorporado las declaraciones de trabajadores que aunque no presenciaron tocamientos sí que han manifestado que “circulaban rumores sobre el comportamiento inapropiado del titular”.

Sobre ello, la acusación particular dedica un apartado específico y señala que el Ministerio Público no otorga el debido relieve a un hecho que considera “de extrema gravedad: la instrumentalización de la deuda fiscal de la víctima como mecanismo de presión emocional y coacción encubierta”. Además, “el rechazo de la denunciante no quedó sin consecuencias: el acusado comenzó a despreciarla gestualmente, a ignorarla en el trabajo, a intensificar la vigilancia sobre sus tareas y a restringir sus horarios”.

A juicio de la acusación particular, también resulta desacertado el argumento fiscal sobre la ausencia de capturas completas o de pericial informática. “El acta judicial deja constancia de que la imposibilidad de acceder a todos los mensajes se debió a la avería del dispositivo de la víctima, extremo que no puede serle imputado. Además, el propio acusado no niega haber remitido los mensajes, sino que se limita a restarles importancia”, destaca.

“No puede pasarse por alto que las consecuencias del acoso no se agotan en el plano psicológico leve. La afectada ha sido diagnosticada de trastorno de estrés postraumático con ideación autolítica, episodio depresivo grave, alopecia por ansiedad y afectación funcional grave, lo que ha motivado la declaración de incapacidad permanente absoluta en el procedimiento 817/2024 del Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas”, incide la acusación.