‘Prostibular’ el Senado

Pobre Cámara Alta. Pobre non nata Cámara Territorial.

Todos recordamos cómo apareció el Senado en la Constitución. Fue el ejemplo incunable de aquel dicho que dice que el camello con sus jorobas fue el fruto de una comisión. En nuestro caso, de un inolvidable pacto que alumbró la Constitución de la democracia.

La Norma Fundamental lo proclamó Cámara Territorial, sin que nadie supiera muy bien cuál iba a ser el desenvolvimiento de una descentralización política que fue alumbrando pasito tún tún la federalización del Estado.

Pero lo reguló como una Cámara de Segunda Lectura, muy subordinada al Congreso de Diputados, especialmente en el plano de la investidura del presidente y la estabilidad del Gobierno, que no dependen del respaldo de la Cámara Alta. Y, desde luego, en el ejercicio del Poder Legislativo. Porque, al fin y al cabo, la participación del Senado en la elaboración de las leyes, por útil que sea y lo es, se asemeja a la de una comisión del Congreso.

Después de haber participado, creo que activamente, en acontecimientos muy relacionados con la vocación territorial del Senado, como fueron la puesta en marcha de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la organización del primer debate sobre la Estado de las Autonomías -que generaron expectativas, pronto marchitadas, de potenciación paulatina del Senado, a raíz de la reforma del Reglamento parlamentario en 1994- y en la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado, que también se frustró después su intensa actividad durante toda una Legislatura (1996-2000), me fui haciendo una idea de las dificultades casi insuperables para que el Senado sea una Cámara Territorial verdaderamente útil para el desenvolvimiento de una forma de Estado que, desde hace tiempo, tiene características federales.

Las he ido resumiendo a lo largo del tiempo en ponencias, artículos y tribunas periodísticas de acuerdo a mi leal saber y entender.

La primera dificultad es que el espacio político que correspondería a una Cámara Territorial, relacionado con la formación de la voluntad del Estado en los asuntos legislativos y ante la UE, asociando a ella a las Comunidades Autónomas, está cubierto por el Congreso de Diputados y, previsiblemente, lo seguirá estando. Y en la política, más que en el escenario de la vida misma, existe el horror al vacío y los espacios se ocupan y se amojonan.

La legislación electoral concede un plus de representatividad a territorios entre los que existen partidos de orientación nacionalista en el Congrerso, de los que en unas legislaturas sí, y en algunas otras también, depende la estabilidad y el desarrollo del programa legislativo del Gobierno. Y han venido aprovechando esas circunstancias para reclamar y conseguir nuevas competencias y más inversiones estatales en sus respectivos territorios. Y no van a dejar de seguirlo haciendo. Es, permítanme, una Cámara Territorial distorsionada.

Otro déficit en el papel político del Senado tiene que ver con el procedimiento de elección de los senadores, que es de base provincial e insular mayoritariamente. El rol político constitucional de una cámara parlamentaria no depende sólo de la importancia de las funciones que tiene atribuidas, sino de la representatividad y del peso político de sus integrantes, tal y como lo enseñan la historia y el constitucionalismo comparado. Pues tampoco hubo forma de convencer al PP de alcanzar un acuerdo en este aspecto: comunidades autónomas representadas por un número mucho más reducido y tendencialmente similar y elegidos directamente por la ciudadanía en circunscripción autonómica, al “modo americano”, reforzaría notablemente su representatividad y su peso político efectivos. Y, por tanto, el de la Cámara. 

Y sería completamente indispensable reforzar sus atribuciones en el procedimiento legislativo para la aprobación de leyes relativas a la ordenación y evolución del poder territorial del Estado, tanto en el plano de la distribución de competencias, como en lo relativo a la financiación del sistema, y en la ordenación -organizativa, competencial y financiera- de las entidades locales. Y también en el proceso de formación de la voluntad del Estado en los asuntos europeos.

En su día propusimos en la Comisión para la Reforma Constitucional, ampliar las funciones de la Comisión Mixta Congreso/Senado prevista en el artículo 64 de la Constitución para crear así un ámbito de negociación entre ambas Cámaras en caso de discrepancia en la legislación y en la aprobación de otras decisiones políticas relevantes sobre todas esas materias. Aunque sin cuestionar que, en última instancia, la decisión continuara correspondiendo al Congreso. Pero a nadie se le oculta que la mera existencia de ese espacio de negociación entre el Congreso y un Senado con más y mejor representatividad territorial incentivaría el logro de acuerdos. Y por tanto, la utilidad y la legitimidad de la Cámara Alta.

Nunca se puso de manifiesto la voluntad del PP de potenciar al Senado como Cámara Territorial. Llegué a pensar que la propia estructura interna del PP, y el papel predominante que durante mucho tiempo ostentaban jerarcas provinciales que provenían de la propia articulación del poder franquista, impedían hasta la creación de circunscripciones electorales autonómicas. Aunque en los tiempos que corren, también en el PP -¡y tanto!- se han consolidado influyentes baronías regionales.

Es verdad que en la resistencia a convertir al Senado en una Cámara Territorial, papel que sesgadamente viene desempeñando el Congreso y que, con el paso del tiempo, será estudiado como un rasgo esencial del modelo territorial hispano -pues cada Estado Federal tiene rasgos que obedecen a las circunstancias políticas de cada país, sin que exista una especie de código inexorable del federalismo- han coincidido, aunque por opuestas intenciones como en tantos otros temas y momentos, la desconfianza hacia el Estado de las Autonomías del conservadurismo españolista y el recelo del nacionalismo periférico más afianzado, que aunque renuncie a imponer su programa independentista de máximos (si dejamos de lado el Procés) no apoyará nada que huela a multilateralismo en las relaciones Estado/Comunidades Autónomas. Lo suyo, de ellos, es bilateralismo y asimetrías competenciales y de modelo de financiación entre las comunidades autónomas.

Y ahora toca prostibular el Senado.

Que la derecha patriótica se resigna a la democracia en tanto y cuanto los conservadores ejerzan el poder no es una novedad. Pero lo que sí está siendo una actualidad, escandalosa no, lo siguiente, es la demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar el PP y sus patrocinadores empresariales para derrocar al actual Gobierno.

Viví también un Senado presidido por Aguirre y no recuerdo graves incidencias ni manipulaciones partidistas de la institución. Sin embargo, lo de ahora es devastador.

Una presidencia y una mayoría en la Mesa de la Cámara en las antípodas de su consustancial papel moderador e institucional. Una ristra de conflictos constitucionales con el Congreso, sin otra finalidad que la de poner en cuestión la posición preeminente que la Constitución asigna a la Cámara de Diputados con el único propósito de bloquear la acción legislativa del Gobierno.

Y una prostibulación sin límites de la actividad y el funcionamiento de la Cámara, y hasta de los “Informes jurídicos” de algunos eminentes letrados parlamentarios, traídos ex profeso desde el Congreso para interpretar ese papelón, llegando a convertir hasta las comisiones de investigación, al margen completamente del objeto para el que hayan sido creadas, en otra herramienta inquisitorial contra el Gobierno y su presidente. En una burda imitación, si es que eso fuera posible, de las burdas pesquisas universales de los jueces de la Contra y con el mismo objeto estratégico. Y eso que Feijóo no es presidente porque-no-quiso. Si llega a querer ser presidente, y se hubiera quedado como hasta ahora en la oposición, que dios nos libre.

No sé si de todo el destrozo constitucional que el PP y sus aliados empresariales, judiciales, mediáticos y policiales están perpetrando podrá recuperarse la convivencia y la institucionalidad democráticas. Porque -y no es la primera vez que lo digo, incluso desde la propia tribuna del Senado- si están dispuestos a lo que estamos viendo para hacerse con el poder, qué no estarán dispuestos a hacer -si llegaran o llegasen a consumar esta estrategia- para no perderlo nunca jamás. Prefiero no imaginármelo.