El Tribunal Supremo norteamericano (o lo que no pasa en España)

Los republicanos norteamericanos, “faro de la libertad” de Ayuso, su pupilo Feijóo y Cía, llevan más de 30 años esculpiendo la composición y la mayoría del Tribunal Supremo a lo que conviene a sus intereses. Sus discípulos del PP les han imitado con algunos años de retraso. Y lo han perpetrado mediante un fraude y una violación de la Constitución, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial para que una mayoría conservadora de éste se perpetuara indefinidamente y continuara designando discrecionalmente a los miembros del Tribunal Supremo y de los principales tribunales de nuestro país.

Sin embargo, acaba de ocurrir algo en los Estados Unidos que a mi me parece casi impensable en la España de aquí y ahora: se le han virado a Trump miembros de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que acapara las competencias jurisdiccionales más trascendentes y las funciones jurisdiccionales de nuestro Tribunal Constitucional, y han conformado una mayoría contra gran parte de los aranceles disparatados establecidos por el desquiciado inquilino de la Casa Blanca, en su obsesión por derogar de facto los principios establecidos por los “padres fundadores” de la Constitución Norteamericana.

Lo primero que me ha venido a la mente es que esa actitud de independencia de jueces designados por su ideología conservadora sería insólita en el Tribunal Supremo de España, donde los magistrados que deben su designación al PP, perdón a los miembros del Consejo General del Poder Judicial controlado por el PP contra-constitutionem, están siempre en la primera posición del saludo: el caso del fiscal general y el respaldo a actuaciones puramente inquisitoriales de peinados, garcía-castellones y otros del mismo bando, ha sido y viene siendo escandaloso y obsceno.

Lo segundo es que el argumento de fondo que ha empleado el Supremo norteamericano, que es el de afirmar tajantemente que el poder tributario reside en el Congreso y no en el poder ejecutivo que ostenta el presidente, supone una defensa del principio de separación de poderes, esencia del Estado Constitucional de Derecho que Trump viene subvirtiendo cotidianamente.

Pero por encima de todo, el fallo tiene una potencialidad que va mucho más allá de la cuestión de los aranceles, porque apunta directamente a la utilización abusiva de normas que conceden poderes al presidente para situaciones de emergencia o verdaderamente excepcionales, como supuestos de rebelión o de guerra civil, para afrontar situaciones o asuntos que no lo son: por ejemplo, despliegues de fuerzas militares en el propio territorio norteamericano o llevando a cabo acciones de guerra y agrediendo la soberanía de otros países, suplantando la autoridad y competencias del Congreso o de las autoridades de los estados e instituciones gobernados por los demócratas; o valiéndose y potenciando el siniestro ICE (out now, ¡¡fuera ahora!!) auténtica gestapo antimigratoria, que tantas terribles violaciones de derechos fundamentales ha cometido. Y esta dimensión de la sentencia me parece verdaderamente trascendente.

De forma que, según la sentencia, la ley de poderes de emergencia aprobada en 1977 -precisamente para delimitar las competencias presidenciales en materia de economía exterior- no contiene ninguna referencia a aranceles ni derechos, para cuyo establecimiento es necesaria una autorización del Congreso, que Trump se ha saltado a la torera.

Si a esa Ley se la conoce por sus siglas como IEEPA, ante la sentencia del Tribunal Supremo haciendo valer la separación de poderes y poniendo en su sitio a Trump, habría que exclamar ¡YEEPA!. Al fin y al cabo, somos hispanos.