Absolución en firme para el alto cargo de Almeida que ordenó un polémico derribo en Cañada Real al no haber recurso

Después de un año de vaivenes judiciales, Julio César Santos podrá seguir ejerciendo como jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. El alto cargo de José Luis Martínez-Almeida, que seguía firmando expedientes pese a haber sido condenado en julio de 2025 a nueve años de inhabilitación, logra zafarse definitivamente de una sentencia que consideró ilegal un derribo ejecutado tres años atrás en la Cañada Real Galiana. Hace algo más de una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) enmendó ese primer fallo de la Audiencia Provincial después de un recurso presentado por los abogados municipales. Y ahora la defensa del denunciante, A.C., confirma a Somos Madrid que este será el fin de periplo y no presentarán nuevos recursos.

“No es viable”, declaran fuentes del CAES, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales –una cooperativa de abogados vinculada a luchas sociales o perfiles vulnerables– que llevó la causa del afectado, un vecino del Sector VI de la vía pecuaria que acreditó haber residido desde 2006 en la vivienda demolida. Casi dos décadas más tarde, en 2022, Julio César Santos firmó una orden de demolición en colaboración con el entonces comisionado en la Cañada Real, un cargo provincial para gestionar el desmantelamiento de este poblado chabolista.

Entonces estaba al frente Mikel Gorbea, que fue cesado un año más tarde y también declaró como investigado frente a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid. Este último fue absuelto al considerarse que carecía de responsabilidad penal, pues era el Ayuntamiento el que ordenaba de facto el derribo. Sin embargo, ya entonces se declaró como hecho probado que Gorbea notificó a Santos vía e-mail de un supuesto abandono de la parcela en cuestión, que su titular llevaba meses negando con alegatos y documentos varios.

Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse. “El comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación”, reseñaron en su día desde la acusación particular, después de conocer que solo un cargo municipal saldría escaldado con la denuncia.

Pero el conflicto legal no se cerró ahí. La defensa de Julio César Santos, el único condenado entonces, elevó el caso al TSJM y logró inclinarlo a su favor con una nueva sentencia, publicada el pasado 30 de diciembre. En ella se consensuaba, en resumidas cuentas, que el tribunal provincial no acreditó debidamente que este funcionario había actuado a sabiendas de que su gestión del derribo era injusta y arbitraria. No se rechazan directamente los hechos probados en el fallo de 2025, aunque sí se determina que estos no bastan para una condena por “prevaricación administrativa” como la que finalmente se impuso.

A raíz de este último revés, desde el CAES pidieron tiempo para revisar los nuevos argumentos jurídicos y sopesar con su cliente un posible recurso desde el que continuar presionando. No obstante, a una semana vista su conclusión es clara: con esto termina “la última instancia” con la que podían moverse.

En su momento, el Ayuntamiento de Madrid celebró que la Justicia diera marcha atrás a la condena, pese a que a otros vecinos de la Cañada Real les habían seguido llegando cartas con órdenes de demolición firmadas por Julio César Santos incluso después de su inhabilitación. Al denunciante de este caso en el Sector VI se le ofreció durante la pandemia un traslado a otra vivienda en la localidad de Cobeña, de la que pagaría un 50% mientras que el resto se financiaría con fondos europeos. Pero él mismo señaló en el juicio que había rechazado la oferta (por la vía administrativa) ya que le quedaba muy lejos de su trabajo, en un desguace a casi 60 kilómetros en San Martín de la Vega.