Un alto cargo de Almeida condenado por un derribo ilegal en la Cañada Real sigue firmando órdenes de demolición

“Le encanta derribar viviendas”. Con esa claridad se expresa Houda, de la asociación Tabadol Cultural. Esta entidad agrupa a mujeres de la Cañada Real para fomentar su vida sociocultural y defender sus derechos. Aunque luchar por el regreso del suministro eléctrico ha sido su gran batalla en los últimos cinco años, también están implicadas en la protección de sus hogares y sus terrenos. De ahí esas contundentes palabras que dedica a Julio César Santos, jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Un alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que sigue firmando órdenes de cese de uso y desalojo previa demolición que afectan a casas de la Cañada Real, seis meses después su condena a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no es firme, surgió además por una demolición ilegal ejecutada por las administraciones madrileñas en la Cañada Real. Concretamente en el sector 6, con mayoría de población magrebí aunque también habitado por numerosas familias gitanas. Se llevó a cabo en julio de 2022, pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo abierto meses antes. “Una familia con menores salió de viaje y cuando volvieron su casa no estaba. La tiraron a dedo”, recuerda Houda. Para Sonia, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Vallecas, se trata de “una campaña de acoso y derribo”. Nunca mejor dicho.

Según acreditaba el auto judicial, el denunciante llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, cuando adquirió la finca en la que se ubicaba. Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse.

Fuentes de la acusación particular que ejercen los representantes legales del vecino indican que “el comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y pese a que el afectado presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, alegaciones que estaban siguiendo los trámites legales”.

También fue juzgado este funcionario de la Comunidad de Madrid que solicitó la demolición, cuyas siglas son M.G., aunque ha sido absuelto en primera instancia. “En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo”, añaden desde la acusación.

Acusaciones de “venganza” y “falta de voluntad política”

“Nos sorprendió recibir cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito”, denuncia Houda en conversación con Somos Madrid. Sonia recalca que las órdenes firmadas por el jefe de Disciplina Urbanística, órgano dependiente del área de Urbanismo que lidera el poderoso concejal delegado Borja Carabante, empezaron a llegar en octubre. Esto es, tres meses después de su condena y justo cuando se cumplían cinco años del corte de luz en Cañada: “Parece una especie de venganza”. Unas “represalias” que también achaca a Almeida por su anuncio de alargar el contrato con la incineradora de Valdemingómez, “que afecta directamente a la calidad del aire y de vida en el sector 6”.

Nos sorprendió que en octubre nos llegaran cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito

Mientras Sonia exige apartar a Santos para demostrar “un mínimo de decoro”, para Houda ese gesto sería “un primer paso para demostrar voluntad política”, así como algo que debería haber llegado “mucho antes de la sentencia, ya que esta persona venía demostrando esa actitud desde hace años”. “Es lo que siempre decimos, que falta esa voluntad. Estamos pidiendo que se regularicen las viviendas de personas que tienen derecho a ello, al territorio, porque se les ha permitido estar ahí durante 60 años. La propia Castellana fue en su origen un entorno parecido que luego se regularizó. El sector 1 de la Cañada Real ya está legalizado e integrado en el municipio de Coslada. ¿Por qué los demás no? Es solo una cuestión de esa voluntad política que ha faltado todo este tiempo”.

El Consistorio, preguntado por la sentencia, insiste en que la condena ha sido recurrida y remite a declaraciones anteriores a este periódico. En ellas, indicaba que sus servicios jurídicos estudian un posible recurso que alargue el proceso y niegan que vaya a destituirse a Julio César Santos, al menos, “hasta que la resolución sea firme”.

En general, para velar por los acuerdos adoptados en torno a la vía pecuaria existe un Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado de tomar las decisiones sobre el asentamiento irregular o coordinar el plan de realojos acciones relacionadas con el plan de realojos. “Somos conscientes de ese Pacto y de que hay viviendas que no pueden ser habitadas. Pero hay otras casas bien construidas, y ante ellas el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deben agarrarse a ese mismo documento firmado en 2017. Hay un párrafo de ese acuerdo que habla de mantener al 70% de las familias de Cañada Real. Nuestras alegaciones van encaminadas a respetar ese punto”, explica Houda.

Una batalla jurídica en la que siguen consiguiendo victorias, más allá de la condena de Santos. Así, en las últimos semanas han detenido cuatelarmente tres derribos en la zona. Da más detalles Sonia, de la PAH de Vallekas: “Los juzgados están estimando las cautalerasímias y es una gran alegría para las familias que están pendientes de un hilo por el empeño de este señor por derribar sus casas contra viento y marea”. Consideran incluso que estos triunfos legales pueden facilitar el cese de Santos: “Está causando perjuicio al Ayuntamiento, porque el argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso mucho más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años”.

El argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años

Eso sí, Sonia va más allá y puntualiza que han logrado victorias jurídicas incluso ante órdenes firmadas por otros funcionarios: “Nos agarramos a una sentencia de febrero de 2025 que, de acuerdo a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, estima la legalidad de cualquier vivienda que haya sido levantada hace más de cinco años. Hemos ido ganando estas batallas legales poco a poco, ha sido un trabajo de hormiguitas”.

“No vamos a dejar que nos amenacen en nuestras propias casas. Por eso hemos lanzado la campaña Cañada Se Queda”, adelanta Houda. Esta iniciativa tendrá su punto culminante el próximo 31 de enero, con una marcha entre Vallecas y Cañada Real desde las 11.00. “La situación de la vivienda en Madrid y en España es un asunto que está sobre la mesa. Y no hay mejor ejemplo del acoso inmobiliario que sufren tantas personas que el de la Cañada Real. Queremos aunar fuerzas ese día 31. Lo que hoy pasa aquí, mañana pasará en otros barrios. Se trata de una violación de derechos humanos masiva, una especulación urbanística de norte a sur y de sur a norte. No podemos permitir que nos estén quitando nuestros hogares, que nos pisoteen para que se sigan lucrando. Nuestros hijos merecen un techo digno”.