Las claves del Proyecto Altamira: baile de nombres, capital social mínimo y un abogado facilitador de sociedades

El Gobierno de Cantabria presentó públicamente a Stoneshield como la sociedad promotora del Proyecto Altamira, un macrocentro de datos de 500 megavatios con una inversión prevista de 3.600 millones que promete crear 1.500 empleos en la comunidad autónoma. Se trata de un fondo de inversión creado en 2018, vinculado al mundo inmobiliario, propiedad de Felipe Morenés –hijo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín– y su socio, Juan Pepa. Sin embargo, esta incipiente iniciativa empresarial, que ha dado sus primeros pasos en los últimos meses, la gestiona otra sociedad que se creó cinco meses antes del anuncio del proyecto con un capital social mínimo de 3.000 euros.

La promotora inicial ha tenido un efímero protagonismo real y enseguida pasó a un segundo plano. En apenas unos meses se han sucedido varios nombres: Stoneshield, una sociedad del holding; XDC Properties, su nueva filial de centros de datos que se estrena con su primer proyecto en Cantabria, y Tavira, que es la firma que lo desarrolla oficialmente, hasta que se cambió otra vez el nombre. El BORME del pasado 23 de junio certifica que ahora ha pasado a ser XDC North Coast S.L., una asesora y relaciones públicas de empresas constituida, como las dos anteriores, en septiembre del año pasado.

El anuncio del proyecto estrella del Gobierno del Partido Popular de María José Saénz de Buruaga se hizo en febrero de 2025. En esa comparecencia acompañaban a la presidenta Javier Ibáñez, encargado de adquisiciones de Stoneshield que figura como administrador o socio relacionado con una veintena de sociedades, y Javier Gonzalo, gerente de XDC Properties, una filial de la primera empresa “creada para liderar el desarrollo de infraestructuras digitales sostenibles”, explica la memoria del proyecto consultada por elDiario.es.

Esta marca tomó las riendas del proyecto que, en otro giro de guion, dejó en manos de una tercera sociedad: Tavira 424 Servicios Corporativos S.L., una consultora de reciente creación.

De hecho, Javier Ibáñez se presentó inicialmente como representante de Stoneshield y tres meses después ya firmaba como responsable de Tavira, empresa que finalmente será la encargada de gestionar oficialmente el Proyecto Altamira, según los propios promotores notificaron oficialmente al Gobierno: “Su único socio es la sociedad holding de la vertical de data centers de Stoneshield Capital, XDC Properties, denominada XDC Propco, S.L.”, informaron. En cualquier caso ha sido un efímero liderazgo. Unas semanas después la sociedad cambió de nombre y adquirió un nuevo bautismo: XDC North Coast S.L.

Empresas creadas cinco meses antes por un tercero

Tanto Propco –que anteriormente se llamaba Soller 424– como Tavira 424 fueron creadas en 2024 por un tercero, el abogado Francisco Gómez Fructuoso, cuyo nombre está en el origen de cientos de sociedades vinculadas a distintos fondos e intereses. Comparten el mismo domicilio social en una dirección situada en Madrid.

En concreto, Gómez Fructuoso creó Tavira, la empresa que gestiona el centro de datos Altamira, el 20 de septiembre de 2024 en Madrid con el capital social mínimo que exige la ley: 3.000 euros. Pocos meses después, Javier Ibáñez pasó a ser administrador único y como apoderados solidarios aparecen tres nombres propios: Víctor Vecino, Agustín Quesada y Benito Manuel Pinardo, que tienen cargos y vinculaciones societarias con un centenar de empresas, la mayor parte de ellas con un objeto social relacionado con la asesoría y la promoción.

El último movimiento ha sido el cambio de nombre de Tavira, que ahora es XDC North Coast S. L. y cuyo administrador único sigue siendo la cabeza visible del proyecto, Javier Ibáñez, y que depende de la matriz Propco S.L.

El dosier informativo del proyecto estratégico

Como publicó elDiario.es, el proyecto estrella del Ejecutivo cántabro del PP, una inversión millonaria, se avaló con un dosier de 15 páginas que llegó censurado al Parlamento autonómico y que, por tanto, los diputados cántabros no conocen. El promotor privado ha pedido que no trascienda la información más sustancial: las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera.

Con este documento el Gobierno de Cantabria ha aprobado su catalogación como primer proyecto empresarial estratégico de la comunidad, una categoría que estrena y que contempla la reciente Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Parlamento autonómico. Esta distinción permite reducir los trámites y acceder a subvenciones y líneas de avales.

En su presentación pública, Sáenz de Buruaga anunció la construcción de un campus tecnológico para el “desarrollo mundial” de la Inteligencia Artificial, que tendría que estar finalizado en 2032 tras una inversión de 3.600 millones de euros y que se situará a ambos lados de la Autovía S–30, en los municipios de Villaescusa y Piélagos.

Ocupará inicialmente un área de 350.000 metros cuadrados en primera fase y se desarrollará mediante la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) para albergar equipos con una capacidad computacional de 500 MW. Durante su construcción, los promotores estiman la generación de 1.500 puestos de trabajo, que serían 1.450 cuando esté operativo, de los cuales, 350 serán directos y 1.100 indirectos, según sus cálculos.