No a la guerra

El miércoles, día 4, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo una declaración institucional en la que resumió la firme oposición del gobierno de coalición a la agresión ilegal de EEUU e Israel a Irán, que se ha concretado en la negativa a permitir el uso de las bases españolas, con un lema que hizo fortuna hace 23 años cuando millones de españoles se opusieron a la participación de España en la invasión de Irak: no a la guerra. Dos días después, en una comparecencia junto al primer ministro portugués, Luis Montenegro, volvió sobre el tema para calificar el ataque a Irán de un grave error del que un aliado leal está obligado a advertir a quien lo comete. 

Caben pocas dudas de que la operación militar contra Irán es un error – que nunca es incompatible con un crimen – no solo porque no va a lograr su principal propósito, derribar el régimen de los ayatolás, sin poner un potente ejército sobre el terreno, ni mucho menos mejorar las condiciones de los reprimidos disidentes políticos y mujeres iraníes, sino probablemente todo lo contrario, sino porque está provocando el incendio de todo Oriente Medio, un conflicto regional incontrolable que amenaza con expandirse y prolongarse con consecuencias desastrosas, tanto para sus habitantes como para buena parte del mundo, incluyendo a Europa, por el corte de suministro de hidrocarburos, y la subida de precio correspondiente, que elevará la inflación y perjudicará a la industria y la agricultura. Sin contar con las consecuencias futuras que podrían concretarse en un aumento del terrorismo, como pasó después de la guerra de Irak, o en un flujo masivo de refugiados. Estados Unidos toma las decisiones y Europa sufre las consecuencias.      

La posición del gobierno español ha tenido un eco importante en Europa y en otras partes del mundo. Otros gobiernos han adoptado decisiones en sentido similar, algunos tan inesperados como el italiano, aunque en su mayoría de forma más tímida, o han expresado su apoyo. Pero, sobre todo, la figura de Pedro Sánchez se está convirtiendo en una referencia para algunos partidos progresistas o de izquierdas, y para muchos europeos que ven que es posible otra política, distinta a la de sus dirigentes, ante los abusos del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su mentor, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El reverso de la moneda es que dentro de España esa posición ha desatado – tal vez precisamente porque puede ser muy popular - una dura reacción en contra por parte de la oposición y sus medios de comunicación afines

Las críticas al gobierno – sea del color que sea – objetivas o subjetivas, con mucho o poco fundamento, no solo son admisibles sino necesarias para el buen funcionamiento de una democracia. Pero cuando hay una crisis internacional grave y el gobierno del país toma al respecto una decisión, que se ajusta a la legalidad internacional, protege a España de consecuencias indeseadas, y responde al sentimiento mayoritario de la población, tratar de minar su posición con críticas públicas y destructivas, que son eco de las que recibe de una potencia extranjera, es mezquino e indigno y perjudica gravemente, no a un partido, sino a la nación, porque esa decisión se ha convertido ya – se quiera o no – en la posición de España ante la comunidad internacional. 

El Gobierno de España, el actual o cualquier otro en el futuro, con independencia del partido o partidos que lo sustenten, debe someter al Congreso las decisiones importantes de política exterior, así como consultarlas con la oposición para recabar su apoyo y obtenerlo, salvo que su propuesta sea gravemente contraria a los intereses del país, porque solo así la posición española será lo suficientemente sólida y respetada. Pero siempre que la oposición sea leal y no busque solo el desgaste político del gobierno, porque en ese caso cualquier diálogo o intento de acuerdo se hace imposible.

Difícilmente puede llegarse a una posición común con los que asumen sin inmutarse los graves insultos y amenazas del presidente estadounidense a España – no a Pedro Sánchez, a España -, los que ponen por delante de su pretendido patriotismo su ansiedad por derribar al gobierno, y la inquina que sienten hacia su presidente – lógicamente para gobernar ellos -, mientras le acusan a él de electoralismo, probablemente porque no tienen argumentos para atacar la decisión. Aunque ahora no hay elecciones generales, que deben celebrarse en el verano de 2027, y - en términos políticos - para entonces esto será la prehistoria. Por otra parte, si la gran mayoría de la población española – el 68% según una encuesta reciente – están poco o nada de acuerdo con la intervención de EEUU e Israel contra Irán, ¿qué debía hacer el Gobierno, ir en contra del deseo de los españoles y apoyar un ataque claramente ilegal, que además va a crear más inseguridad de la que intenta prevenir? ¿Se habrían calmado así las críticas de aquellos que acusan al Gobierno de tratar de beneficiarse políticamente mientras buscan su propio interés político aunque para ello tengan que debilitar la posición internacional de España?

Las críticas disparan en todas direcciones, intentan buscar cualquier argumento, aunque unos contradigan a otros, sin importar que sean mínimamente consistentes. Pretender confrontar el respeto a los derechos humanos, vulnerados sistemáticamente por el régimen iraní, con el respeto a la legalidad internacional es absurdo, ambas cosas están en el mismo cesto. El gobierno, y toda la izquierda, condenan sin matices la brutal represión de los ayatolás y sus secuaces. Pero nadie es tan ingenuo como para pensar que esta operación se hace para restaurar los derechos humanos en el país, aunque algunos sean tan cínicos que lo digan. Este objetivo no ha figurado nunca entre las múltiples y cambiantes razones que han dado Trump y sus acólitos para justificar la guerra. El primer derecho humano es el derecho a la vida, sin él los demás no existen, y la guerra lo niega. El más de centenar de niñas sobre las que cayeron las bombas de EEUU en una escuela del sur de Irán, antes estaban discriminadas, ahora están muertas.

Por otra parte, afirmar que España no es solidaria con sus socios o aliados no se sostiene ya que ni la OTAN ni la UE están involucradas en este ataque unilateral de Israel y EEUU. ¿Tenemos que ser solidarios con Trump – que probablemente ni siquiera actúa en beneficio de EEUU sino en el de su amigo Netanyahu y en el suyo propio - mientras amenaza e insulta a nuestro país, impone aranceles unilaterales, y anuncia en la Estrategia de Seguridad su injerencia política declarando la intención de cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas? ¿Tenemos que someternos a sus deseos por miedo, ante la posibilidad de que pueda perjudicarnos económicamente? ¿Ante una amenaza que solo es una más de sus bravuconadas, porque la las relaciones comerciales exteriores son competencia de la UE y EEUU no puede imponer sanciones individuales y separadas a un Estado miembro? 

Nuestras obligaciones bilaterales con EEUU en el ámbito militar son exclusivamente las contenidas en el convenio sobre cooperación para la defensa, que permite el uso de las bases españolas de Rota y Morón a las unidades militares estadounidenses que el Gobierno español haya aprobado, solamente a efectos de defensa mutua o en el marco de los planes de contingencia de la OTAN. En el resto de los casos se requiere una autorización expresa del gobierno español, que no la ha dado para el ataque a Irán, sin ninguna hostilidad hacia EEUU, cumpliendo estrictamente el convenio, porque se trata de una operación claramente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.

Los mismos que acusan a España de insolidaridad, señalan alborozados que sí que se están usando las bases españolas en esta operación porque en ellas han hecho escala, o de ellas han salido, aviones militares que han intervenido en la guerra. Pero eso tampoco tiene sentido. España puede prohibir que se empleen las bases para el ataque y puede denegar el apoyo logístico imprescindible para los aviones o barcos de EEUU, pero no puede bloquearlos, no puede impedir que vayan a otras bases y operen desde allí, que es lo que están haciendo. Las fuerzas estadounidenses son lógicamente libres de ir donde quieran, siempre que no empleen las bases españolas como punto de apoyo y suministro. Los que sostienen que el Gobierno miente obvian que si las bases se estuvieran usando normalmente, Trump no estaría tan indignado ni insultaría a España.

Menos fundamento tiene aún sostener que el envío a Chipre de una fragata española, encuadrada – junto a otras griegas e italianas – en el grupo de combate francés del portaaviones Charles de Gaulle, supone entrar en la guerra y revela la falsedad de la posición antibelicista del gobierno. Esto es una falacia. La guerra consiste solamente en bombardear Irán, y estos barcos no van a hacerlo ni a apoyarlo de ninguna forma. Van a desplegar a 1.500 kilómetros del Golfo Pérsico, que es donde se desarrolla, y su misión es solo defensiva: proteger a un país miembro de la UE si recibe un improbable ataque aéreo. La diferencia de este despliegue con el ataque a Irán es muy clara y determinante, no hacen falta juristas: defenderse es legal – además de ético y justo –, lo autoriza el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas; atacar sin haber sido agredido antes o sin seguir una resolución del Consejo de Naciones Unidas, es ilegal, además de criminal.

Lo que puede ser discutible es que haga falta ese espectacular despliegue naval para defender un país sobre el que realmente no se cierne ninguna amenaza que deba ser repelida o disuadida. De hecho, Chipre no ha sido atacado, solamente el domingo, día 1, un dron impactó en la base de Akrotiri - que es de soberanía británica y por tanto no es territorio chipriota - causando “daños mínimos” según fuentes oficiales, y otros dos fueron interceptados el lunes. Tres drones de muy escaso poder destructivo, disparados desde Líbano, cuyo objetivo parece más una provocación que un intento de causar daños relevantes. Cabe preguntarse por la finalidad de esta acción ¿Les interesa a los ayatolás o a sus aliados atacar a Reino Unido cuyo gobierno ha criticado la operación y negado en principio el uso de sus bases a EEUU, aunque luego lo haya aceptado, solo con “propósitos defensivos”? ¿Ganaría algo Irán si Reino Unido se uniera al ataque? Y, por otra parte, el ataque a una base británica que se encuentra en un país de la Unión Europea, ¿ayudaría a que a la posición de la UE fuera menos beligerante con Teherán y más crítica con EEUU o a lo contrario? Y qué decir del misil derribado cuando se dirigía hacia Turquía ¿Qué interés puede tener Irán en atacar a Turquía, cuyo gobierno, calificado por Teherán de amigable, ha negado a EEUU el uso de sus bases y colabora con los ayatolás en la represión de los kurdos? Así que aquí, sin que se pueda descartar ninguna hipótesis, como podrían ser dos o tres errores sucesivos, habría que ser bastante desconfiados y preguntarnos con Cicerón: cui prodest?, es decir ¿a quién beneficia?

El gobierno español no tenía ninguna obligación de mandar una fragata a Chipre y tal vez no debería haberlo hecho. Pero no porque suponga participar en la guerra contra Irán, ya hemos dicho que eso no se sostiene, sino porque no hace ninguna falta, Chipre no va a ser atacado y todo el mundo lo sabe. Parece que el gobierno quiere compensar, ante sus críticos en Europa, su posición contra la guerra - que no necesita en absoluto ser compensada - con una muestra de solidaridad europea, es decir, reafirmando que si se trata de defender a sus aliados o socios europeos, España está disponible. Pero nadie puede dudar de que lo está cuando tenemos desplegados en Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia casi 2.000 efectivos con aviones, y carros y vehículos de combate, aunque no participamos en la guerra en Ucrania. No tenemos que demostrar nada a nadie.

De todas formas, no parece que las críticas al gobierno en toda esta crisis, incluyendo el envío de la fragata, busquen la mejora de la acción exterior de España y de su papel en ella, sino obtener un rédito político, por mínimo que sea, o al menos dar argumentos a los que los necesitan para seguir creyendo lo que ya creían. Ese es el juego político, y todos los practican con mayor o menor fortuna. Pero este no es, desde luego, el mejor momento. Lo que está pasando ahora va mucho más allá de las pequeñas, y a menudo inútiles, batallas políticas internas. Estamos asistiendo a un desmoronamiento del orden internacional y de los principios por los que se han regido las democracias liberales – aunque con carencias y lejos de la perfección –en los últimos 80 años. Esto es terrible y enfrentarse a ello exige una toma de conciencia y la unión de todos los demócratas, o al menos de todos los progresistas, olvidando intereses y egoísmos inútiles. 

Lo que se nos propone ahora es el regreso a la ley de la selva, no solo en el escenario internacional, también en la política social y económica. Hay guerras de muchas clases y siempre las ganan los mismos, pero la agresión armada es la peor, el último recurso de los poderosos para imponer su voluntad, porque es muy difícil disfrazar de eficacia o justicia el bombardeo de casas, hospitales y escuelas. Reclaman una falsa libertad que consiste en que el pez grande se come al chico, el fuerte usa su fuerza, sin escrúpulos, y quien intenta impedirlo o pide explicaciones es un ingenuo o un traidor. Y eso nunca se ha llamado libertad, sino abuso. Es necesario detener ya esta deriva perversa que nos lleva a un mundo distópico, insolidario, agresivo, en el que las generaciones que nos siguen no podrán encontrar un futuro estable y seguro. Alguien tendrá que dar el primer paso para que otros sigan, tomen el relevo y atraigan a más y más, hasta levantar una muralla que se abra a la paloma y el laurel y se cierre al veneno y al puñal. Muchos tendrán que ponerse en pie y gritar: no a la injusticia, no a la explotación, no a la guerra.