El Gobierno valenciano no ha creado en dos años el cuerpo de inspectores para investigar fraudes como el de las VPO de Alicante

“Unidad de inspección de la Comunitat Valenciana en materia de vivienda. El Consell realizará las actuaciones necesarias para la implementación de puestos de trabajo adscritos a la Conselleria competente en materia de vivienda, a efectos de desarrollo de la función de inspección prevista en el presente Decreto Ley”. La disposición adicional tercera del Decreto Ley 3/2023, de 17 de febrero del Consell se expresa en estos términos en relación con la creación de un cuerpo de inspectores propio para controlar e investigar todo lo relacionado con vivienda, principalmente pública o protegida.

Este es prácticamente el único decreto relacionado con vivienda aprobado por el Gobierno del Botánico que no ha tocado el actual Consell dirigido por Carlos Mazón primero y por Juan Francisco Pérez Llorca desde finales del pasado mes de noviembre, y que por lo tanto sigue en vigor.

Sin embargo, dos años después del cambio de Gobierno al frente de la Generalitat, la unidad de inspección no ha sido creada según diversas fuentes consultadas por elDiario.es, ya que no constan procedimientos administrativos abiertos para el aprovisionamiento de estas plazas. Y eso pese a que la disposición final segunda del decreto establece que “para el desarrollo del presente Decreto Ley se incorporarán los recursos de personal necesarios, a medida que exista disponibilidad presupuestaria”.

Según han explicado a elDiario.es excargos de la Conselleria de Vivienda responsable de la normativa que dirigía el entonces vicepresidente de EU-Podem, Héctor Illueca, “la ley está en vigor y crea el cuerpo de inspectores una forma clara, con su capacidad competencial y procedimental, solo hace falta voluntad política y dotación presupuestaria para crear las plazas”, al tiempo que añade que “Cataluña creo este cuerpo de inspectores en 2025, dijeron que eran pioneros, la cual cosa no era correcta porque aquí se aprobó el decreto para su creación en 2023”.

Las mismas fuentes han comentado que “la creación de un cuerpo de inspección en materia de vivienda hubiera sido y es fundamental para evitar fraudes como los de Alicante” donde cargos del PP, funcionarios del Ayuntamiento y personas afines se han adjudicado diversas viviendas protegidas de la promoción Les Naus con pistas de pádel y piscina impulsada por una cooperativa en la playa de San Juan, unas irregularidades que ya se investigan en el juzgado.

Esto no significa, tal y como han asegurado, que no hubiera nadie con capacidad de inspección en la conselleria: “Los técnicos funcionarios de cada acto a inspeccionar podían hacerlo, pero el objetivo de este decreto era crear un cuerpo específico porque no hay nadie en la conselleria que tenga unas competencias tan amplias y detalladas como las que se habilitan en la normativa”.

El texto legal se aprobó en febrero de 2023, tres meses antes de las elecciones autonómicas que ganó el PP, por lo que prácticamente no hubo tiempo para su puesta en marcha efectiva en la pasada legislatura. Se trata de un decreto por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana agravadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abusos en el ámbito inmobiliario.

Sobre el objetivo de esta unidad, el artículo 18 establece que “la inspección en materia de vivienda tiene por objeto la vigilancia, el control y la comprobación de la observancia y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de vivienda, con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía valenciana a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada. Corresponde a la Conselleria competente en materia de vivienda el ejercicio de la actuación inspectora en el territorio de la Comunitat Valenciana”.

Además, añade que “podrá ser, justificadamente, objeto de inspección cualquier inmueble sito en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de determinar su titular, su efectiva desocupación, su estado de conservación, y demás extremos relevantes para el cumplimiento de la función social de la vivienda”.

El artículo 19 detalla que “el personal funcionario que lleve a cabo tareas de inspección en materia de vivienda” tendrá las siguientes funciones básicas: “Velar por el respeto del derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada; comprobar el cumplimiento de las leyes y del resto de disposiciones vigentes en materia de vivienda, emitiendo actas de inspección y proponiendo, y cuando fuere necesario, adoptando, medidas para el restablecimiento y el aseguramiento de la legalidad; investigar situaciones de falta de uso residencial o desocupación de inmuebles destinados a vivienda; verificar los hechos descritos en las denuncias o comunicaciones de irregularidades que se perciban; informar al órgano competente de los resultados de la actividad inspectora, proponiendo medidas correctoras ante las posibles deficiencias que se puedan detectar; elaborar los informes y estudios que sean solicitados, en relación con las materias objeto de inspección; comprobar el estado de situación de la vivienda, a efectos de determinar si se cumple con el deber de conservación y rehabilitación; cualesquiera otras que se atribuyan reglamentariamente”.