Empieza la cuenta atrás “definitiva” para erradicar las chabolas de temporeros en el entorno de Doñana

Los responsables dicen que sí, que esta vez es la “definitiva”: estamos en la que debe de ser la última cuenta atrás para erradicar los asentamientos de trabajadores temporeros del potente sector agrícola de Huelva, casi todos ubicados en el entorno de Doñana.

Este miércoles se ha dado un paso más con la firma de un protocolo entre el Gobierno y los 14 municipios de la comarca (incluidos de Cádiz y Sevilla), en teoría para combatir toda situación de vulnerabilidad pero con el punto de mira centrado en estos campamentos chabolistas. Para estos, por cierto, ya se firmó otro acuerdo específico hace un par de semanas, ambas actuaciones bajo el paraguas de las inversiones estatales dentro del pacto que puso fin al conflicto en Doñana.

La rúbrica se ha puesto justo el día en que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) presentaba en el Parlamento su informe anual Frontera Sur, en el que una vez más vuelve a lamentar la precaria situación de las personas que viven en estos asentamientos chabolistas. Los enclaves carecen de infraestructuras sociales y sanitarias, de servicios básicos como saneamiento, suministro de agua y luz o recogida de basuras, de escolarización, y de alojamientos dignos, a lo que se une la dificultad para atender el derecho de estas personas a empadronarse.

Para darle una vuelta a este escenario que se repite un año tras otro, el Ejecutivo central pone sobre la mesa 20 millones de euros hasta 2027, seis de ellos para este mismo año, para atender a “todas las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión”. Así lo ha señalado la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, que ha incidido en que el Gobierno pone el dinero y son los ayuntamientos los que ejecutarán los programas que permitan “mejorar el acceso a los servicios sociales”. Una vez más, no todos los municipios están de acuerdo con el reparto de fondos, para lo que se han seguido criterios de número de habitantes, tasa de población inmigrante e índice de pobreza.

“Erradicar los asentamientos”

Entre los objetivos se incluyen impulsar la inclusión sociolaboral o prevenir situaciones de trata, explotación laboral o sexual y violencia de género. A ello se une la promoción de la normalización documental, con vías como la autorización por circunstancias excepcionales prevista en la última reforma del reglamento de extranjería y en línea con la normativa comunitaria en la materia.

La garante de estos acuerdos es la Oficina Técnica de Doñana, encargada de supervisar los más de 700 millones de euros comprometidos por el Gobierno central y que se reparten a partes iguales en dos marcos, el ambiental y el socioeconómico. En este último se incluye una línea específica (la 13) para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas, capítulo por el cual reciben estos fondos 14 municipios: Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado en la provincia de Huelva, además de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas en Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.

El director general de Migraciones, Santiago Yerga, ha admitido que el objetivo final es “erradicar los asentamientos”, un escenario “multicomplejo” que ha animado a “no asociar sólo a la inmigración” pese a que la mayoría de los que viven en estas chabolas proceden de países extracomunitarios. Las medidas que se activan ahora, por cierto, dejan fuera a los trabajadores que se contratan en origen para los trabajos agrícolas, terreno en el que “lo imperativo es seguir controlando” para que las cosas sigan como ahora.

Protocolo específico para los asentamientos

Para Yerga, el número de los que se quedan en Huelva tras las campañas “está un poco mitificado”, porque “no son tantos”. La provincia onubense acoge a 18.000 de los 25.000 que se contratan en origen en toda España, sobre todo de Marruecos pero también de países del sur y el centro de América, “y en la mayoría de las nacionalidades no supera el 1% los que se quedan”, cuando los expertos consideran que la cuestión empieza a ser preocupante si se llega al 10%.

Si la inversión ahora pactada tiene como protagonista al Ministerio de Igualdad, hace un par de semanas era el de Vivienda el que acordaba una actuación más específicamente centrada en mejorar las condiciones de vida de los temporeros en el entorno de Doñana. En este caso, y con una dotación superior a los diez millones de euros, se rubricó con los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, que concentran la mayoría de estos campamentos chabolistas.

La línea a seguir la trazaba recientemente el director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, en una entrevista con este periódico. El objetivo básico es que los asentamientos desaparezcan, pero los actuales residentes, “durante el tiempo en el que desgraciadamente tengan que estar allí, deben tener unas condiciones mínimamente dignas: abastecimiento, asistencia sanitaria, ayuda de mediadores para la normalización documental, resolver los problemas de idioma…”. El siguiente paso es que “se integren en las poblaciones en las que trabajan y viven” para así evitar la creación de “guetos”.

Un panorama desolador

En su informe, la Asociación Pro Derechos Humanos apunta como las principales concentraciones de infravivienda junto a Doñana a las de San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer) y El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto), a las que hay que unir las existentes en Lepe. Para mejorar las condiciones de sus habitantes, ya firmaron en 2022 un protocolo los ayuntamientos de Lepe y Moguer con el Gobierno central y la Junta de Andalucía, que por su parte ha formulado su propio plan estratégico.

Apdha alerta en su estudio de la “cronificación de la situación” en unos asentamientos chabolistas en los que se registran “vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no sólo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, apunta el informe.

Esta situación también ha sido descrita en el reciente VI Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, en el que han participado investigadores de las universidades de Almería, Complutense de Madrid, Granada, Huelva, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, además de entidades como la Fundación Cepaim y Oxfam Intermón. Más de un 60% de los residentes en estos enclaves se encuentran en situación irregular, sin permiso de residencia ni trabajo y soportan una grave insuficiencia económica: cuatro de cada diez tienen ingresos inferiores a 400 euros.