“Nos está dejando morir”: la plantilla de limpieza en los colegios de Sevilla eleva el pulso en la calle contra la privatización

Escobas en alto, uniformes de trabajo, megáfono en mano y pancartas contra la privatización de los servicios públicos. Los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Sevilla han escenificado este jueves en la calle la guerra abierta contra el Gobierno de José Luis Sanz por privatizar la limpieza de los colegios de la ciudad. “Lo público se defiende gobierne quien gobierne”, han coreado los manifestantes mientras avanzaban desde el Palacio de San Telmo hacia las puertas del Consistorio, en una movilización que iba más allá de un pulso laboral.

“Esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha explicado Jorge Menacho, presidente del comité de empresa en el Ayuntamiento de Sevilla, en alusión a la apuesta del alcalde por externalizar parte del servicio de limpieza con una partida presupuestaria de 25 millones de euros, “cuando ya la propia plantilla municipal está presupuestada en 16 millones”.

Entre los miles de asistentes –2.500 según el comité de empresa, 1.000 según datos oficiales– se encuentra Juani, una trabajadora del servicio de limpieza con 20 años de experiencia. “No tiene ningún sentido que quieran privatizar un servicio que se lleva prestando 40 años desde lo público”, comenta, antes de lamentar que “el alcalde lo está dejando morir”. El deterioro en las condiciones laborales lo sitúan los trabajadores desde el cambio de gobierno en 2023. “Antes más o menos se cubrían las vacantes, pero desde que entró el equipo del PP, no se cubren ni bajas ni jubilaciones y ya no podemos más”, asegura Juani, quien acude por las mañanas a su puesto de trabajo con “taquicardias” porque tiene que limpiar ella sola dos centros educativos.

Plantillas sobrecargadas y frustradas

María José, otra trabajadora, coincide con Juani en que “desde que José Luis Sanz llegó a la alcaldía, se ha producido un desmantelamiento total del servicio”. El déficit de personal, que los sindicatos cifran en torno a las 200 vacantes, deriva en una sobrecarga de trabajo para los peones que tienen que mantener limpios los colegios públicos. “La situación es extrema ya, estamos bajo mínimos”, afirma Marina, que forma parte de la plantilla de limpieza del CEIP Maestro José Fuentes en Sevilla Este, uno de los distritos más afectados por la falta de personal.

“Deberíamos ser siete y ahora mismo somos cuatro para atender a un colegio de alrededor de 900 alumnos”, cuenta Marina, quien sufre a diario “una impotencia muy grande porque la sobrecarga de trabajo es enorme y no podemos llegar a los niveles de limpieza que los niños se merecen”. En 2024, las familias llegaron a concentrarse con fregonas a las puertas de este centro para denunciar la suciedad acumulada en las aulas.

“El problema es que el ayuntamiento está empeñado en dejar caer servicios a costa de la salud de los niños, es muy difícil para nosotros esta situación”, añade, verbalizando un sentir compartido entre los trabajadores municipales: “Nos sentimos desolados”. La plantilla cuenta con el respaldo de la federación de AMPA de Sevilla (Fampa), que ha impulsado un manifiesto firmado por 66 de los 108 colegios de la ciudad para sumarse a las quejas de los sindicatos y reivindicar que “la degradación del servicio se está utilizando como estrategia política para justificar una inminente privatización”.

Como el resto de sus compañeros, Eduardo recibió con “preocupación y frustración” la noticia de que el Gobierno local iba a externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos. “Estoy temblando porque veo que me voy a quedar en la calle”, cuenta este interino, mientras sostiene un cartel en el que se advierte de que más de 300 familias van a “ir al paro” si la privatización anunciada a mediados de enero se materializa como está previsto en septiembre.

Eduardo, que lleva siete años trabajando como peón de limpieza en un colegio, ve peligrar su futuro, a pesar “de todo lo que llevamos aguantando este tiempo”. “Vivimos una lucha diaria para que el colegio esté en condiciones porque esa es la casa de todos, de los niños y los maestros, y nosotros vemos que todo el esfuerzo no va a servir para nada”, lamenta.

De la calle al pleno

Dese que se anunció la externalización a mediados de enero, el comité de empresa del Ayuntamiento intensificó las protestas para intentar frenar el proceso de privatización y exigir que el problema se resuelva “desde lo público”, cubriendo las vacantes ya presupuestadas. “Hay informes de la propia Intervención municipal diciendo que si se cubren las vacantes, se solucionaría el problema”, sostienen representantes de CSIF, UGT y CCOO.

Las protestas por esta privatización también se han hecho sentir en el pleno municipal de este jueves, algo habitual en las últimas sesiones desde que se conoció el objetivo del gobierno local. El grupo Podemos-IU interpelaba directamente al alcalde sobre esta cuestión, pero antes de que se llegara a ese momento el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ya había ordenado el desalojo de todo el público asistente.

Lo hizo a la tercera protesta que se ha producido. En los dos primeros casos, han sido expulsadas las personas que han exhibido pancartas y han cortado la intervención de algún miembro del gobierno local. A la tercera, tal y como le faculta el reglamento, ha ordenado el desalojo íntegro de todo el público, con lo que en el salón sólo han quedado los concejales y los periodistas que cubrían la sesión. Una señora se ha llegado a sentar en el pasillo que divide las dos zonas en las que se sienta el público, en señal de que no pensaba irse. Al final, ha sido sacada en volandas por agentes de la Policía Local.

Continúan las movilizaciones

La protesta celebrada este jueves dentro y fuera del Consistorio forma parte del calendario de movilizaciones anunciado por el comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla de cara a las próximas semanas. “Vamos a seguir estando donde esté el alcalde, para que la ciudadanía entienda que esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha avanzado su presidente, respaldado por compañeros de todos los servicios municipales —desde Tussam hasta Emasesa— en una muestra de unidad sindical ante lo que consideran un “plan organizado” para externalizar servicios públicos.

El objetivo, advierten, es mantener la presión si no se abre una negociación. “Si el alcalde se niega a resolver este conflicto desde lo público, Sevilla vivirá unas fiestas primaverales marcadas por la movilización”, afirman las organizaciones sindicales. Entre las acciones previstas figuran una acampada en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, y protestas coincidiendo con el pregón de Semana Santa.

La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas. La delegada municipal de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, amplió esta semana ante la Fiscalía una denuncia por supuestos “insultos” e “intimidaciones”, en un contexto de creciente confrontación pública entre el equipo de gobierno y la plantilla municipal.

El apoyo que reciben los trabajadores no se limita a las empresas públicas. También la comunidad educativa exige al Ayuntamiento que refuerce la plantilla “en lugar de externalizar un servicio que, según datos municipales, resultaría más caro y menos eficiente”. A esa reivindicación se suman también grupos políticos como Podemos-IU o Adelante Andalucía, además de asociaciones vecinales de barrios como Cerro Amate, Pino Montano o Sevilla Este.

Desde el Gobierno municipal, por su parte, se insiste en que la externalización “no supone la pérdida de ningún empleo público” y se enmarca en una reorganización de recursos que, según el alcalde, busca garantizar la calidad del servicio. Sanz ha defendido que se trata de una “práctica habitual” en otros servicios municipales y en numerosos ayuntamientos.

Sobrecarga física y mental

Los trabajadores defienden que el deterioro del servicio no es consecuencia de la falta de presupuesto, sino de una decisión política. Según la plataforma de empleados municipales, durante los dos últimos cursos el Ayuntamiento ha dejado sin cubrir jubilaciones, bajas y comisiones de servicio pese a que las plazas estaban dotadas presupuestariamente.

El resultado, denuncian, es que 108 colegios públicos funcionan con plantillas “gravemente mermadas”. Centros que deberían contar con cuatro limpiadores operan con dos, y en algunos casos con una sola persona para cubrir jornadas que se extienden desde las 7.30 hasta las 20.00 horas, con aulas, comedores y patios en uso continuo.

A la sobrecarga física se suma la mental. “Estamos sin ganas de comer, sin dormir, pensando en cómo se va a hacer resolver esta situación”, comenta Elena, quien después de dos décadas en el servicio, por primera vez se ha dado de baja durante seis meses por una contractura en la espalda. A su lado, Victoria comparte su inquietud por el futuro del servicio: “Soy madre de familia, soy divorciada y necesito el trabajo”, defiende, acompañada de sus dos hijos que sostienen pancartas donde se puede leer “lo público no se vende”.

Más allá del empleo, la plantilla insiste en que el debate tiene una dimensión social. “Aquí hablamos de salud infantil y de dignidad”, resume una trabajadora veterana. Como madre, Elena también transmite su preocupación por dejar la limpieza en manos de una empresa externa. Los trabajadores recuerdan que ellos llevan años formando parte de la comunidad educativa, que accedieron por oposición y que llevan más de 40 años prestando el servicio desde lo público. “El colegio es nuestra segunda casa”, expresa Eduardo.

El comité de empresa mantiene el calendario de movilizaciones y no descarta una huelga indefinida si no se abre una negociación. Lo que comenzó como un conflicto por la limpieza escolar amenaza ahora con extenderse al conjunto de los servicios municipales a las puertas de la primavera sevillana.