Oposición masiva del Consejo de Doñana al deslinde del parque, que avala el Estado y que la Junta llevará a los tribunales

El Gobierno central se ha quedado solo este jueves en su defensa del deslinde del dominio público marítimo-terrestre de las marismas de Doñana que ha aprobado el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que ha concitado un clamor en contra en la reunión extraordinaria del Consejo de Participación del Parque Nacional convocada exclusivamente para esta cuestión. Todos los actores con presencia en la zona coinciden en que hay que acometer este deslinde, pero discrepan en una fórmula ya aprobada que la Junta de Andalucía llevará a los tribunales y que hasta a la Estación Biológica de Doñana (un organismo estatal) lamenta que le falta rigor técnico y científico.

La clave está en que la orden –publicada este mismo jueves en el BOE, el Boletín Oficial del Estado– considera que las marismas de Almonte e Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla), el epicentro de Doñana, tienen influencia mareal y no pluvio-fluvial, es decir, que dependen del Atlántico y no de los ríos. Esto choca con toda la literatura científica generada en las últimas décadas y supone poco menos que cambiar la naturaleza del parque, cuya esencia y excepcionalidad le viene porque es un entorno de agua dulce.

El informe técnico dice lo contrario, y hasta postula que la salinidad de los suelos demuestra la influencia del mar, que si no se adentra más es porque el hombre ha levantado infraestructuras que impiden el curso natural de las mareas. Esto aumenta exponencialmente el suelo a expropiar o más bien a recuperar, porque siempre ha sido público, ya que dibuja una línea de deslinde de 118,7 kilómetros.

“Un informe técnico deficiente”

Estas tierras están actualmente en manos sobre todo de administraciones (los ayuntamientos y la Junta) pero también de particulares. Según los cálculos de la Consejería de Medio Ambiente, esto afecta a más de 15.000 hectáreas, 7.200 de Huelva y 8.400 de Sevilla, muchas de ellas traspasadas por el propio Gobierno central al andaluz.

“El deslinde se ha hecho basándose en un informe técnico deficiente, que malinterpreta datos y cómo funciona la marisma”, apunta al respecto Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (organismo investigador del CSIC), que como el resto de miembros del Consejo de Participación ha votado en contra del proyecto ministerial. Técnicamente, lo que se ha hecho es informar desfavorablemente la propuesta.

La cuestión es que el deslinde ya está aprobado, de hecho los miembros del foro de participación –en el que se sientan administraciones, investigadores, empresarios, agricultores, sindicatos y entidades ecologistas– se lo han encontrado publicado en el BOE antes de la reunión, y eso que la opinión del Consejo es preceptiva (aunque no vinculante). Así que lo que queda es la vía del recurso de reposición para los particulares, y del tribunal contencioso-administrativo para las administraciones. La Junta, el Ayuntamiento de Hinojos, la Estación Biológica y WWF ya han avanzado que darán este paso.

Consenso unánime contra la propuesta

La organización ecologista WWF, por cierto, ha celebrado el “consenso” unánime en contra de la propuesta ministerial, lo que para su representante en Doñana, Juanjo Carmona, demuestra que “no se ajusta a los criterios técnicos, científicos y de marco normativo” del parque. “Dos tercios de la marisma no se pueden convertir en marismas salinas y el Espacio Natural estaría obligado a hacerlo si se aprueba este deslinde”, ha subrayado, lo que significaría que se “estarían destruyendo los valores que hacen a Doñana un lugar único”.

¿Y qué ha dicho el Ministerio ante esta tormenta? Al que le ha tocado defender esta postura ha sido al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha recordado que el deslinde es “uno de los objetivos y una de las obligaciones” de los marcos de actuaciones de Doñana para “blindar la preservación del territorio”. De hecho, es un mandato constitucional con el que se va muy tarde.

Morán ha reconocido que, como todo deslinde, “genera en el territorio distintas formas de entender cuál debe ser el alcance y los términos en los cuales se establece”, pero aporta un beneficio porque “garantiza la titularidad de un bien público que pasa a ser del conjunto de los ciudadanos”. “Cerca del cien por cien de los deslindes que han llegado a controversia judicial han sido confirmados por la Audiencia Nacional”, lo que a su juicio habla del “rigor” con el que se hacen, a lo que ha unido su garantía de que, en cualquier caso, esto “no modifica ni las condiciones ecológicas del espacio ni las actuaciones que se desarrollan dentro de ese mismo espacio”.

La Junta, a los tribunales

La Junta de Andalucía, por su parte, ya trabaja en la presentación del correspondiente recurso en los tribunales, al considerar que el proceso “adolece de errores tanto técnicos como jurídicos”. Así lo ha defendido su viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio Arjona, que ha puesto el acento en que el Consejo de Participación elevará una queja formal al Ministerio por no haber tenido en cuenta su preceptivo informe.

Además de defender como el resto de miembros que la dinámica de las marismas “responde a un origen pluvio-fluvial y no marino”, Arjona ha incidido en que “no se trata de una cuestión de competencias, sino de sentido común y de rigor científico”. El deslinde ahora aprobado “carece del rigor técnico necesario para justificar una reclasificación de terrenos que, en la práctica, afecta a más de la mitad del patrimonio público gestionado por la Junta de Andalucía en el entorno de Doñana”, en concreto a un 56%.

“La realidad de Doñana es la que es por mucho que diga el BOE”, apostilla el director de la Estación Biológica, para quien toda esta situación se hubiese ahorrado si el Gobierno hubiese llevado antes la cuestión al Consejo de Participación, en el que se sientan expertos que conocen Doñana a fondo. Coincide con WWF en que la mejor salida es crear una comisión técnica que sirva de faro en este proceso, que está convencido de que todavía puede llegar a buen puerto porque cree que el Ministerio “ha tomado nota” de que las cosas se han hecho mal.

“Siempre hay margen para una solución, hablamos de tramitación y documentación, no de algo irreversible”, resalta Eloy Revilla en este sentido. El secretario de Estado, Hugo Morán, ha parecido dispuesto a recoger este guante: “La voluntad del Ministerio es recibir los recursos que se puedan presentar e intentar agotar en ese trámite último la posibilidad de conseguir el mayor consenso posible”.