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El nuevo gobierno y la colonización de empresas

Imagen de archivo de Alberto Núñez Feijóo y Juan Bravo
22 de noviembre de 2026 21:39 h

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Salvo milagro de última hora, que deje en ridículo a todas las empresas de encuestas, algo que ya sucedió en julio de 2023, este país va a pasar a manos de una coalición de PP y Vox, la misma que ya opera en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura. Si sucede, tendrá múltiples consecuencias; una de ellas, que no es la más relevante, un revolcón en la dirección de las grandes corporaciones públicas, las semipúblicas y hasta en privadas que se querrán congraciar con el nuevo poder.

El mundo conservador, que en el ámbito empresarial es pan común, está tan convencido de recuperar el poder que llevan semanas moviéndose listas de candidatos. El PP ha tenido mucho éxito en etiquetar los cambios empresariales promovidos bajo la etapa de Pedro Sánchez como “colonización” empresarial, como si lo que hicieron ellos en legislaturas precedentes fuera distinto. Ese adjetivo, es utilizado de manera peyorativa, como un asalto ilegal, y les vale tanto para el cambio del presidente de Correos, empresa 100% del Estado, como para Indra, una empresa que cotiza en Bolsa y donde la cuota pública no alcanza el 30%.

Por tanto, hay gran expectación con qué van a hacer Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El punto número tres del programa electoral del PP es muy contundente: “Los gestores de las empresas públicas serán elegidos por su experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política. Revisaremos todas las participaciones empresariales del Estado y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado”.

Como siempre pasa, aquí se produce la tensión entre los que piensan que si se gana es para tomar hasta la portería y los que honestamente creen que hay que poner a buenos gestores en cada puesto, sin necesidad de pedir la filiación política. Los precedentes no son muy ilusionantes, con los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy resultó que todos los buenos eran de los suyos, algunos hasta compañeros de pupitre.

El Estado sigue presente en multitud de empresas, basta darse una vuelta por la cartera de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), si bien es cierto que toda la atención está centrada en las empresas que cotizan en los mercados y que están sometidas a un gobierno corporativo reforzado, que busca defender los intereses de todos los accionistas, incluidos los minoritarios. En el Ibex 35, que refleja a las mayores empresas españolas, el Estado está presente en AENA (51%), CaixaBank (18%), Enagas (5%), IAG (2,52%), Indra (27,99%), Redeia (20%) y Telefónica (10%). Además está presente en otras tres empresas que se negocian en la Bolsa de Madrid, pero que están fuera del índice selectivo. Es el caso de la agroalimentaria Ebro Foods (10,36%), Talgo (7,8%) y el gigante europeo Airbus (4,12%).

Estas diez empresas pertenecen a sectores muy diferentes y no se pueden ver como un todo para justificar la presencia del Estado, pero se pueden establecer grupos que tienen características comunes. Indra y Airbus son empresas estratégicas del sector de defensa, con enorme relevancia en momentos de fuertes compromisos de inversión en material militar. Telefónica, Enagas y Redeia son claves en telecomunicaciones, distribución de gas natural y electricidad, respectivamente. Y en transporte aéreo, y más en un país donde el turismo tiene un peso enorme, son cruciales el gestor de los aeropuertos (AENA) y la compañía aérea de bandera, Iberia, que forma parte de IAG. Otra cuestión es el banco CaixaBank, el fabricante de arroces, harinas y pasta Ebro y el de trenes, Talgo.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, dio recientemente una pista de las empresas donde no ven necesaria la presencia del Estado y citó expresamente a CaixaBank, Telefónica y Talgo, y precisó que “no tiene sentido que el gobierno esté en un banco”. Esa participación tiene su origen en la intervención y nacionalización de Bankia en 2012, operación que fue autorizada por la Comisión Europea con el compromiso de que el Estado volviera a privatizar pasados cinco años. Ese periodo se ha ido prorrogando y entre medias, el Gobierno de Sánchez acordó su absorción por CaixaBank en 2020. Ese es el origen de la presencia pública en este banco, del que el Estado debería salirse, salvo nueva prórroga, antes de finalizar 2027.

El programa del PP mezcla en el mismo párrafo dos ideas diferentes: la salida del Estado del capital de empresas y el nombramiento de los gestores. La continuidad de los gestores de AENA, Indra, Enagas y Redeia; en Airbus, IAG, Ebro y Talgo lo lógico es la continuidad, pues el Estado pinta más bien poco. En Telefónica y CaixaBank, Feijóo va a tener que contar, sí o sí, con un aliado: La Fundación La Caixa, Isidro Fainé. Esta fundación es propietaria del 31% de CaixaBank y del 10% de Telefónica. El Estado y La Caixa comparten intereses y a ambos conviene desanudar sus lazos de forma pactada. Los planes de futuro del banco y la teleco son cosa de dos, pero la capacidad de los gobiernos es inmensa.

Aparentemente todo encaja: La Caixa prefiere al Estado fuera de CaixaBank y el PP quiere sacar al Estado de Telefónica. Si fuera cierto, basta acordar el calendario de ventas para no perjudicar a la acción de ambas empresas, que su venta sea muy diluida para así evitar que entre un socio indeseado. ¿Cómo afectaría esto a los gestores? Al CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, le consolidaría aún más. En cambio, es difícil de adivinar qué pasaría con el primer ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, que llegó por iniciativa gubernamental pero con viejo currículo de patrono de la Fundación La Caixa.

Esta argumentación parte de premisas por confirmar. La primera, que el PP Gobierne, y la segunda, que de verdad saque al Estado de Telefónica. Alemania, Francia e Italia tienen a sus estados metidos hasta las trancas en el capital y gestión de las homólogas de Telefónica y son países gobernados por conservadoras de diferente grado. Las huellas dejadas por los anteriores gobiernos del PP dan poca credibilidad a esa cacareada descolonización. Llevan ocho años queriendo recuperar el poder. Mandar es ocupar espacios. Lo demás es pura ingenuidad.

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