La Caixa, la Sepi y los saudíes palman 1.000 millones en Telefónica

El 5 de septiembre de 2023, la empresa pública de telecomunicaciones Saudí Telecom Company (STC) hacía público que tenía un 9,9% del capital de Telefónica. La incursión de un país teocrático, gobernado por el cuestionado príncipe heredero Mohamed bin Salman, en el capital de una de las empresas más estratégicas de España causó estupor. La operación se comunicó aprovechando que el Gobierno estaba en funciones, pero se diseñó y encargó antes de las elecciones, cuando se pensaba que el PP recuperaría el poder y caería la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Ganó Alberto Núñez Feijóo y ha gobernado Pedro Sánchez.

La reacción del Ejecutivo progresista fue montar un núcleo duro de accionistas en Telefónica que impidiera que STC pudiera tomar el control. Las telecomunicaciones son un sector estratégico y la normativa española y europea habilitan a los gobiernos para frenar que pasen a manos indeseadas, como era el caso. El valor estratégico de estas compañías es incuestionable, son la infraestructura de telecomunicaciones del país, las vías por las que circula el mundo digital, que hoy lo es todo. De esas redes depende la operativa de un país, la calidad de su democracia, acosada por la desinformación, y hasta la seguridad nacional.

La incursión saudí fue la causa de que el Gobierno promoviera que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comprara un 10% del capital de Telefónica y que La Caixa, a través de CriteriaCaixa, incrementara su inversión en más de un 7% para igualarse con los otros dos. Estas dos operaciones se realizaron en paralelo ayudando a que la acción de Telefónica subiera durante el primer semestre de 2024 y se hicieron públicas en los meses de mayo y junio de ese año.

STC invirtió 2.100 millones de euros; la SEPI, 2.285 millones y La Caixa 2.410 millones, de los que 1.680 millones eran nuevos y el resto era de la participación que acumulaba de años anteriores. La cuestión es que la acción de Telefónica está alrededor de los 3,4 euros, la semana pasada rondó el mínimo de los últimos cinco años, lo que provoca minusvalías latentes muy importantes a los socios. Los saudíes compraron a un precio medio de 3,7 euros, y pierden algo más de 190 millones de euros; la SEPI pagó un precio medio de 4,03 euros por título, con lo que se habrían volatilizado 357 millones y La Caixa se lleva la palma con una minusvalía de alrededor de 500 millones, ya que el precio medio es mayor (4,39 euros por título) como consecuencia de que las acciones viejas las adquirió a un precio por encima de los cinco euros, según la información que facilitó a la SEC.

Estos socios fueron los que facilitaron al Gobierno el relevo del presidente de Telefónica en enero de 2025, con la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra. El directivo catalán, que reúne la condición de ser muy próximo al PSC de Salvador Illa y miembro del patronato de La Fundación La Caixa, no ha realizado grandes cambios en la estrategia de la compañía. Eso sí, ha tenido el aplomo de afrontar en el primer año el despido de más de seis mil personas y vender las compañías en Latinoamérica, excepto en Brasil, lo que ha implicado reconocer importantes quebrantos. En 2025, Telefónica registró una pérdida de 4.318 millones de euros y este año continúa con números rojos de 338 millones en el primer semestre.

La gran apuesta de Murtra es la integración de Telefónica con otras compañías semejantes europeas, con el fin de construir un gigante que pueda competir con los grandes operadores americanos y chinos. La Telefónica de Pallete presumía de la enorme red de cable desplegada por la compañía, con más de 31 millones de puntos de suministro de fibra óptica en toda España. El despliegue de esta red supuso una inversión enorme cuya rentabilidad está amenazada por la cobertura de telefonía a través del satélite. Por eso, Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y Vodafone han anunciado una alianza para competir con Starlink (Elon Musk) por el espectro satelital que permite dar servicio directo a los móviles.

Los viejos monopolios español, francés y alemán, junto con la británica Vodafone, se unen conscientes de que la filial de satélites de Space X les puede descremar absolutamente el negocio. Esto supondría depender aún más de las tecnológicas de Estados Unidos que, como se está viendo en la guerra en Ucrania, actúan como una terminal del Gobierno. Starlink cuenta ya con una constelación de más de 10.000 satélites que juegan un papel básico en la defensa de Ucrania a través de su gemelo militar (Starshield). Volodímir Zelenski se ha quejado de que la compañía les restringe información, y Musk responde que es cosa de Donald Trump.

Orange, Deutsche Telekom y Telefónica están participadas por el estado francés, el alemán y el español, respectivamente, y es seguro que van a seguir así aunque los gobiernos muden a la derecha o incluso la extrema derecha. Cada vez es más evidente que son piezas estratégicas de defensa. Otra cuestión es cómo se socializan las pérdidas, si a través de Hacienda, de quien depende la SEPI, o de una institución como La Caixa, cuya presencia en este tipo de sociedades es más que cuestionable si se atiende a su propósito fundacional. Ese es otro capítulo, en el que Núñez Feijóo tendrá su propio criterio.