El Estado entra en Telefónica para hacer frente al desembarco de Arabia Saudí

El Gobierno ha dado respuesta al desembarco de Arabia Saudí en Telefónica. La compañía, considerada “estratégica” por el Ejecutivo, tendrá hasta un 10% del capital en manos del Estado. Aunque no se ha hecho mención ninguna a la presencia de la 'teleco' saudí en el grupo español, el movimiento llega meses después de conocerse la compra de hasta un 9,9% por parte del grupo árabe, propiedad del estado de aquel país. Esta participación, a precios de mercado, tiene una valoración de unos 2.050 millones de euros.

La operación se realizará a través de la Sepi, la sociedad estatal que engloba las participaciones públicas en empresas. En un hecho relevante publicado al cierre del mercado, la Sepi ha explicado que el objetivo es “proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”. El Estado vuelve al capital de Telefónica 26 años después de culminar su privatización.

El movimiento del Gobierno llega en respuesta del desembarco de la empresa saudí de telecomunicaciones, STC, que de manera directa e indirecta plantearon a finales de verano la compra de hasta un 9,9% del grupo. De completarse la adquisición de un 10%, para la que el hecho relevante de la Sepi no pone fecha, el Estado volvería a ser el primer accionista del grupo de telecomunicaciones.

El Estado saudí mantiene, por su parte, actualmente una participación directa del 4,9%, a lo que suma otro 5% a través de derivados financieros. La entrada de este inversor levantó ampollas en el Gobierno y respondió con la propuesta de entrada de la Sepi, sin cifrar en qué cuantía. El hecho relevante de este martes completa la anterior información del Estado español y concluye de este modo el “análisis exploratorio” que abrió a finales de diciembre.

La Sepi justifica esta decisión en que Telefónica es una compañía “líder” en las telecomunicaciones, tanto en España como a nivel internacional, y en que desarrolla “un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos”.  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha justificado el movimiento del Estado en que “supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales”. Además, recuerda que otros estados europeos ya están presentes en el accionariado de otras compañías. Alemania tiene el 13,8% de Deutsche Telekom, Francia tiene el 13,4% de Orange, y en Italia el Estado ha acordado alcanzar el 20% de la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.

Este mismo argumento ha sido utilizada por la vicepresidenta Nadia Calviño. “Telefónica es la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también en el de la seguridad y la defensa”, ha asegurado la ministra de Asuntos Económicos. “La decisión tiene como objetivo dar estabilidad para que la empresa logre sus objetivos”, ha incidido.

Horas más tarde del anuncio del Gobierno, la empresa ha emitido otro hecho relevante en la CNMV en el que defiende que continúa enfocada en su recientemente presentado plan estratégico, sin valorar el desembarco del Estado en su accionariado.

El movimiento anunciado por el Gobierno supone un hito más en un último trimestre frenético para la compañía española de telecomunicaciones. Al anuncio de la entrada de STC en el capital de la compañía sucedió pocas semanas después la presentación de un plan estratégico para los próximos tres años que contempla la reducción de las inversiones y la mejora de los márgenes para ampliar dividendos y reducir deuda. A los pocos días llegó el anuncio de un gran ERE para las filiales españolas del grupo. Aunque la cifra inicialmente superó los 5.000 despidos, el número ha descendido tras las primeras negociaciones con los sindicatos hasta situarse en el entorno de 3.900 personas.

La entrada del Estado en Telefónica tiene un fuerte componente simbólico, a la espera de conocer el impacto en la dirección de la compañía si solicitara entrar en el consejo de administración. El Gobierno de Aznar fue el encargado de culminar la privatización del que fuera uno de los últimos monopolios estatales, al tiempo que se aprobaba la liberalización del sector. Ahora, la compra de un 10% de la multinacional convertiría al Estado en el primer accionista del grupo.

Según figura en la CNMV, la Sepi superaría a BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y BlackRock. Durante los últimos años, la presencia de BBVA y La Caixa había operado como el pilar accionarial que había dado estabilidad al grupo. La irrupción de STC rompió esa situación, que ahora vive un nuevo capítulo con el movimiento de la Sepi.

La batalla accionarial que vive ahora Telefónica tiene mucha relación con el valor que tiene el grupo en Bolsa. Aunque cotiza en positivo respecto a hace un año, lo cierto es que las acciones se sitúan muy por debajo de los precios que llegaron a tener en el pasado. La gigantesca deuda que llegó a tener la compañía y los problemas de rentabilidad que afectan a todo el sector con la batalla con las empresas de bajo coste, ha afectado a la compañía desde hace años en su cotización. Es una situación que se repite entre las grandes compañías del sector en Europa y que ha motivado la proliferación de operaciones en todo el continente.

Actualmente, el sector español vive un proceso de reestructuración. En los próximos meses se aprobará, en principio, la fusión de Orange y MásMóvil, convirtiéndose en la principal compañía en algunos negocios del sector. A ello se suma la venta de Vodafone España a Zegona, en lo que supone la salida del grupo británico del país. Y, por último, la disputa accionarial interna que vive Telefónica.