Vox da por rotos los gobiernos autonómicos tras aceptar el PP la acogida de 347 menores migrantes

Vox ha anunciado a última hora de este miércoles que da por rotos todos los pactos autonómicos que mantiene con el PP. El detonante ha sido el reparto por las diferentes comunidades autónomas de los inmigrantes menores de edad no acompañados que el partido de extrema derecha se niega a aceptar y que los de Alberto Núñez Feijóo han terminado respaldando durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado este miércoles, en la que se ha abordado la reforma de la Ley de Extranjería para esa acogida de menores.

La reunión de este miércoles ha concluido con un pacto de mínimos en el que se compromete el PP a desbloquear un reparto de 347 menores, pero deja para otro momento la decisión de que este sea obligatorio. Se estima que Canarias necesitaría trasladar a 2.000 menores.

La formación que dirige Santiago Abascal ha emitido este miércoles un comunicado en el que anuncia la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional “de urgencia” para acordar las próximas decisiones a tomar. Vox acusa a Feijóo de romper los pactos de gobierno regionales al haber “obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto” de los menores migrantes. La formación de extrema derecha señala que esta decisión llega tras “entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral o aliarse en Europa”, en referencia a los pactos del PP y el PSOE. “Es el señor Núñez Feijóo quien ha roto los gobiernos de coalición”, incide el comunicado.

“Los presidentes autonómicos del PP han cumplido con las órdenes de Feijóo de forma unilateral, sin tener en cuenta a su socio de Gobierno e incluso faltando a su propia voluntad manifiesta y comprometida en las conversaciones internas mantenidas durante las última semanas”, acusa Vox en la nota. El comunicado se cierra con un anuncio de la reunión de la cúpula este jueves para “acordar los próximos pasos”.

El año pasado, todas las comunidades autónomas acordaron el reparto de 373 menores desde Canarias y Ceuta, financiado por el Ejecutivo central con 20 millones de euros en total. Pero la mayoría de comunidades autónomas no cumplió y no recibió ni a un solo niño en base a dicho pacto, no vinculante. 

La amenaza de ruptura de esos acuerdos entre el PP y Vox estaba latente desde el pasado lunes cuando el dirigente de extrema derecha, Santiago Abascal, lo adelantó en una comparecencia realizada en la sede de Vox, en la que sentenció: “Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices de los robos, machetazos y violaciones”, afirmó Abascal, vinculando una vez más, y sin ninguna base, la migración de menores solos con la delincuencia.

El comunicado emitido este miércoles mantiene esa misma retórica de las amenazas vertidas desde el comienzo de la semana.

Desde entonces, la tensión entre las dos formaciones no ha cesado. Este mismo miércoles el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, advertía de que dejaría su cargo si el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, se plegaba a los deseos del Gobierno central y su partido cedía en política de inmigración. En su comparecencia en las Cortes aseguró que tenía “un amor infinitamente mayor” a sus principios que a su puesto en el gobierno autonómico. “No son advertencias o amenazas. Para nosotros es fundamental actuar contundentemente contra la inmigración ilegal”, sentenció.

García-Gallardo volvió a pronunciarse la noche del miércoles, acusando al PP de “traición” en esta cuestión, además de “en la defensa del derecho a la vida”. “Nuestra generosidad ha sido infinita, a pesar de los incumplimientos del pacto”, escribe en un tuit García-Gallardo, que informará sobre su “decisión” tras el comité ejecutivo de Vox de este jueves por la tarde.

Castilla y León fue el primer pacto de gobierno que cerró Vox con el PP. Después llegaron otros similares en Aragón; Balears -en donde solo prestan apoyo, pero no están dentro del Ejecutivo-; la Comunitat Valenciana; la Región de Murcia y Extremadura, todos liderados por el PP. 

Al partido de Abascal, que ha hecho de la política de inmigración su principal bandera contra el Gobierno de Pedro Sánchez, le ha dado lo mismo comprobar la crisis de emergencia humanitaria que está registrando principalmente Canarias pero también Ceuta, por la llegada de cientos de estos jóvenes migrantes no acompañados, con los que Vox se ceba con acusaciones racistas y xenófobas.

Precisamente uno de los primeros presidentes autonómicos que dejó claro que había que dejar “fuera de la lucha partidista” la política de inmigración y pedía ayuda para aliviar la situación ha sido el presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Vives, del PP. También el Gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno se abría a la medida propuesta por el Gobierno, si bien unos y otros han reclamado más fondos y ayudas para afrontar la situación.

Los virajes de discurso de Feijóo

En los últimos días el PP ha ido virando de discurso desconcertando a sus socios de extrema derecha. Los de Alberto Núñez Feijóo pasaron de ofrecer primero “solidaridad” a sumarse después a la idea de Vox de que el Gobierno desplegara buques de la Armada en el Atlántico para evitar la salida de cayucos con destino a nuestras costas. Sin embargo, finalmente accedieron a cumplir las directrices gubernamentales desoyendo las amenazas de Abascal, que no ha dejado de acusar al PP de “estafar” a sus electores.

Esta misma mañana, el portavoz del PP, Borja Sémper, hacía un último llamamiento a sus socios de la extrema derecha para que no rompieran los gobiernos autonómicos y que aceptaran acoger a menores migrantes procedentes de Canarias. “La estabilidad se garantiza con Vox”, señaló en una entrevista en Onda Cero. “Queremos que esos Gobiernos no se rompan. Se perjudicará la gestión y la estabilidad”, ha añadido. “Yo apuesto y sueño con la estabilidad que no tiene el Gobierno de España, que la sigamos ofreciendo las comunidades autónomas”, insistió.