El Ayuntamiento de Sevilla alega que no tiene ni dinero ni estructura para hacer municipal el servicio de ayuda a domicilio
Tras dos años y medio de análisis, un informe elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla ha llegado a la misma conclusión que la postura que defiende el gobierno municipal del PP: no se va a municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. El estudio considera de partida que no es obligatorio dar este paso, a lo que suma que es inviable económica y jurídicamente, ya que el Consistorio carece del presupuesto y la estructura para hacer frente a la absorción de más de 2.800 trabajadores.
La conclusión de este análisis la ha hecho pública este jueves la concejal Susana Hornillo (Podemos) en el pleno municipal, en el que le ha reprochado al alcalde, José Luis Sanz (PP), su falta de interés en dar este paso, que a su juicio mejoraría la prestación del servicio y las condiciones de sus trabajadoras. El regidor ha alegado que él se comprometió a hacer el estudio y que ya está hecho, además de acusar a Hornillo de “crear alarma social” con un servicio que, asegura, va a seguir “defendiendo” con más inversiones y “vigilando las condiciones laborales” de sus empleadas.
Las trabajadoras de la ayuda a domicilio estuvieron acampadas ante la casa consistorial más de un mes entre abril y mayo de 2024, levantando su protesta tras conseguir reunirse con el alcalde y ante su compromiso de hacer este informe que ahora ha dicho 'no' a la remunicipalización del servicio. La sesión plenaria de este jueves ha quedado interrumpida durante unos minutos ante las protestas de varias afectadas que estaban entre el público asistente, ordenando el presidente del pleno (Manuel Alés, PP) el desalojo de todas las que portaban pancartas y también de las que aplaudían.
“Inviabilidad económica y presupuestaria”
El estudio subraya en primer lugar la “inexistencia de obligación legal de gestión directa” municipal, abogando por mantener el actual modelo: prestación por empresas privadas a las que pagan el Ayuntamiento y, sobre todo, la Junta de Andalucía, que para ello transfiere fondos al gobierno local. El argumento principal que se esgrime contra la remunicipalización es la “inviabilidad económica y presupuestaria”, ya que la facturación anual supera los 50,2 millones de euros y esto provocaría un “déficit estructural de financiación y sobrecoste municipal”.
Además, considera que el “volumen masivo” del personal a absorber (más de 2.800 trabajadoras) “impone barreras de gestión insalvables para el régimen administrativo municipal”. Esto llevaría al “colapso” del departamento de Recursos Humanos dada la “estructura municipal existente”, además de obligar a incumplir las reglas de masa salarial impuestas a los ayuntamientos.
El informe ha sido elaborado por una comisión integrada por el director de Recursos Humanos, el secretario y la interventora generales del Ayuntamiento y cuatro jefes de servicio. Entre sus conclusiones se apunta también a la “inviabilidad jurídica”, entre otras cuestiones porque hacer personal municipal a estas trabajadoras generaría un “conflicto constitucional con el acceso al empleo público”. Además de recordar que hay contratos suscritos para que empresas privadas presten el servicio hasta octubre de 2027, se apunta asimismo a los problemas legales que han tenido que afrontar consistorios que han dado este paso, como los de Jerez, Chiclana o San Fernando, todos en Cádiz.
“Quejas masivas” de usuarios
También se pone el acento en que hay un elevado absentismo (entre el 16 y el 23%, con picos superiores al 30%), lo que obliga a una estructura flexible para afrontar sustituciones frente a una “burocracia administrativa municipal incompatible con la agilidad requerida”. Susana Hornillo ha recordado que las propias trabajadoras admiten las cifras de absentismo, fruto de que “están rotas por horarios imposibles”, y que esto se traduce en una mala calidad para el usuario: una persona con alzheimer fue atendida por más de 20 trabajadoras diferentes en un mismo mes.
Otra cuestión a la que se apunta es a la dificultad de gestionar un servicio que genera “quejas masivas”, de hecho se resalta que en un solo mes (agosto de 2024) se registraron 3.365 incidencias operativas y asistenciales. “El Ayuntamiento carece de la infraestructura material indispensable para absorber este volumen diario”.
En definitiva, que internalizar el servicio “obligaría” al Consistorio a “asumir íntegramente las ineficiencias de costes, la gestión de cobro del copago a usuarios y el riesgo derivado del absentismo y las sustituciones”. A ello se suma que en otros municipios que optaron por la municipalización “el coste se disparó” y que la asunción directa “generaría un colapso operativo”, “poniendo en riesgo la continuidad del servicio garantizado”.
Mejoras que debe asumir el Ayuntamiento
Con todo ello, se rechaza la remunicipalización reclamada por las trabajadoras en base a “criterios de prudencia presupuestaria, sostenibilidad económica y seguridad jurídica”, garantizando así “la calidad y la continuidad ininterrumpida” del servicio. De paso, se le imponen ciertos deberes al Ayuntamiento: mayor dotación de técnicos municipales que supervisan esta prestación y “control exhaustivo” del cumplimiento del convenio laboral, además de crear un buzón de quejas ciudadanas y ampliar las encuestas de satisfacción al 100% de los usuarios.
“Ha demostrado que le importan cero el servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras”, le ha reprochado Susana Hornillo a José Luis Sanz en el cara a cara que han mantenido con esta cuestión, en el que ha recordado que el presupuesto para 2027 eleva de 57 a 104 millones de euros la dotación para que las empresas desarrollan la prestación pero sin garantías de que mejoren las condiciones de sus empleadas. De paso, ha criticado que el Ayuntamiento “no tiene control sobre el servicio” y ha instado al regidor a reunirse con las afectadas.
Sanz ha tirado de ironía para invitarla a que aporte, si lo tiene, un estudio jurídico alternativo elaborado por una consultora o un sindicato, para a continuación echarle en cara que lo que buscaba era “montar un circo” en el pleno con su interrupción. “Enhorabuena, era lo que quería y le ha salido bien”, acusándola de no importarle “absolutamente nada” las condiciones laborales de las trabajadoras.
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