El juez ordenó mantener el proceso para legalizar los pozos de los Alba, que sólo se inició tras la denuncia de la Guardia Civil

¿Cómo puede ser que nueve pozos sin licencia para extraer agua en una finca de la Casa de Alba se regularicen pese a ser elementos clave de una investigación judicial, en los que se analiza un grave delito ambiental? Pues sencillamente porque se trata de dos vías completamente diferentes, la administrativa y la penal, y porque legalmente no hay nada que impida esta aparente contradicción. Y no sólo eso, sino que en este caso fue el propio juez que instruye la causa penal el que dejó claro que lo uno no quitaba lo otro, que el proceso en el juzgado no debía frenar el otro camino.

En un auto emitido el pasado mes de enero, después de que estos puntos de extracción sin permiso ya hubiesen sido sorprendidos dos veces en pleno uso (con la consiguiente orden de clausura), el magistrado subrayó que pese a ello tenía que continuar el procedimiento de regularización que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal que concede los derechos de riego. La causa penal en curso, apuntó el juez, “no es óbice ni obstáculo para continuar la tramitación de aquellos expedientes administrativos que se encuentren iniciados en relación con esos pozos no legalizados”.

Este proceso de regularización, por cierto, no lo puso en marcha la Casa de Alba por iniciativa propia, que sólo dio el paso cuando –en mayo de 2023– los pozos fueron descubiertos y denunciados por la Guardia Civil. Dos meses después, el 25 de julio, se iniciaba el camino para la regularización, lo que técnicamente se conoce como la transformación de derecho privado a concesión de aguas públicas.

A punto de conseguir la legalización

El paso lo dio Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, administrador y consejero de Eurotécnica Agraria, la empresa de los Martínez de Irujo que gestiona esta finca (Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar) y otras de la familia. El también duque de Aliaga es el único imputado hasta la fecha, y así lo reiteró un representante de la compañía en su reciente declaración ante el juez como investigado, con lo que se quiere evitar la implicación de los hermanos del duque de Alba (Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, consejeros de Eurotécnica) como solicita la Fiscalía.

La finca está en la recta final para conseguir los parabienes legales para sus pozos pese a que la propia Confederación señaló que los encontró en una “situación de despilfarro con fugas importantes de agua en las conducciones”. Y, sobre todo, también pese a que la Fiscalía sostiene que hubo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de recursos.

Esto, según la investigación de la Guardia Civil, ha producido un daño ambiental que calcula en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua sustraída, que rondaría los 6.600 millones de litros. La empresa, por su parte, admite la existencia de estos puntos de extracción y que carecían de contador, pero insiste en que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada, 606.000 metros cúbicos anuales.

La solicitud de regularización de los pozos ha recibido ya el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la Comisaría de Aguas de la Confederación del Guadalquivir, que matiza que todavía no ha concluido el procedimiento. Faltan, por ejemplo, la valoración de las alegaciones presentadas y el examen de los informes sectoriales y ambientales, así como el de la Abogacía del Estado, por lo que sostiene que “en este momento no puede hablarse todavía de una autorización definitiva para la regulación de los pozos”. Eso sí, todo va encaminado a ello.

Un buen argumento para la defensa

La Confederación sostiene su autorización en que no se va a consumir más agua de la ahora autorizada, por lo que repartir esa cantidad entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. De esta manera, se evitará la formación de conos de depresión al tener que horadar a más profundidad, tal y como ocurre cuando el agua se saca de un único punto.

Esto encaja a la perfección con una de las líneas de defensa de la Casa de Alba, que apunta a que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. No sólo eso, sino que el primer informe de la Confederación favorable a la regularización de estos puntos de extracción (el de la Oficina de Planificación Hidrológica en noviembre de 2023) ya fue esgrimido por el magistrado para justificar el levantamiento del primer precinto pese a la oposición de la Fiscalía.

“No parece que su uso o utilización suponga un riesgo” para la masa de agua de la que se extrae el recurso, apuntó entonces el magistrado. Aquello fue en mayo de 2024, y pocos meses después la Guardia Civil volvía a pillar a la Casa de Alba utilizándolos pese a que se desbloquearon con el requisito de no volver a usarlos. Así las cosas, resulta evidente que la inminente legalización va a ser un argumento de peso para la defensa en la causa judicial.