La Casa de Alba insiste al juez en exculpar a los Martínez de Irujo y en apuntar a un sobrino por la finca con pozos ilegales

La segunda declaración ante el juez de un imputado por los nueve pozos sin licencia de la Casa de Alba en el entorno de Doñana no ha supuesto ningún avance en la causa, básicamente porque quien ha comparecido se ha acogido a su derecho a no declarar. Para este jueves estaba citado el representante de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona la finca Aljóbar en el municipio sevillano de Aznalcázar, que al margen lo que ha hecho es aportar un poder notarial con el que se insiste en que el representante de la sociedad “a efectos legales” es Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langeburg, sobrino del duque de Alba y primer nieto de Cayetana, única persona física investigada hasta la fecha.

Esto supone que se mantiene la línea de defensa ya apuntada hace unos meses, según la cual se deposita toda la responsabilidad en el también duque de Aliaga, que además de consejero es administrador de Eurotécnica Agraria. Así se alegó en mayo, para argumentar entonces que “no hay ninguna razón que justifique” la petición de la Fiscalía de imputar a los hermanos del duque de Alba que –según ha transmitido la Guardia Civil al juez– son igualmente consejeros de la empresa: Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.

De hecho, la también duquesa de Montoro figura como presidenta de Eurotécnica Agraria, lo que propició su imputación al arrancar la investigación judicial. Con el argumento de que este cargo es rotatorio entre los miembros del consejo de administración, y de que pese a presidir la compañía ignora por completo la dinámica de la finca, se esgrimió que no iba a aportar nada a la investigación. El juez así lo aceptó y procedió a citar como investigado al sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langeburg, que declaró el pasado mes de febrero.

Remitirse a la testifical del duque de Aliaga

Quien ha comparecido en nombre de la empresa ha insistido en esta línea, esgrimiendo que el responsable de la gestión es el sobrino ya imputado del duque de Feria. Al margen de acogerse a su derecho a no declarar, lo único que ha apuntado es que se remite a lo que testificó el duque de Aliaga en su comparecencia de febrero.

¿Y qué dijo entonces Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langeburg? Pues reconoció que los pozos investigados carecían de contador de agua, que inició su regularización (algo que la propiedad está a punto de conseguir) cuando la Fiscalía de Medio Ambiente había presentado ya una denuncia y que desconoce el funcionamiento de la hacienda. Básicamente, vino a decir que vive en Madrid y que no sabe muy bien cómo es el día a día en Aljóbar, precisamente el mismo argumento por el que fue sacada de la causa su tía Eugenia para meterle a él.

El juez, eso sí, le ha recordado al compareciente que está allí por una causa en la que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente que esas captaciones no autorizadas han podido causar durante esos años”. La Fiscalía de Medio Ambiente apunta en este sentido que el expolio de agua se habría producido durante toda una década.

Seis meses más de instrucción judicial

El Ministerio Público sostiene que en la finca se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil, de hecho, considera que se puede haber provocado un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.

Tras esta comparecencia, el Juzgado 1 de Sanlúcar la Mayor está a la espera de nuevos informes que debe remitir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal que concede los derechos de riego y que está culminando la regularización de estos pozos ilegales al margen del proceso judicial. En paralelo, hace un par de semanas decidió prorrogar seis meses más la instrucción, al tratarse de una causa de “cierta complejidad técnica”, por lo que en principio la investigación judicial se prolongará hasta marzo.