La brecha entre el campo y el lineal
Hay una pregunta que cada vez se hacen más agricultores y consumidores: ¿cómo es posible que los productos agrícolas se paguen tan baratos en el campo y, sin embargo, lleguen a los supermercados a precios varias veces superiores? La distancia entre el campo y el lineal del supermercado se ha convertido en uno de los grandes problemas del sector agroalimentario. Una brecha que no solo refleja una diferencia económica, sino también un desequilibrio en el reparto del valor a lo largo de la cadena alimentaria.
Los datos del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), elaborado por COAG, correspondiente a octubre de 2026, ofrecen una fotografía bastante reveladora: las frutas y hortalizas multiplicaron su precio una media de 4,54 veces desde el campo hasta el consumidor. En el conjunto de los alimentos analizados, la multiplicación media alcanzó las 4,26 veces.
No hablamos, por tanto, de diferencias puntuales, sino de una situación que merece una reflexión profunda. Algunos ejemplos de octubre de 2026 permiten visualizar la magnitud de esta brecha:
Las diferencias son especialmente llamativas en algunos productos. El calabacín llegó al consumidor 5,44 veces más caro que el precio percibido por el agricultor; la berenjena, 5,40 veces; y la patata, 6,18 veces. En el caso del melón, el productor recibió 37 céntimos por kilo mientras el consumidor pagó 2,06 euros. Una diferencia de 1,69 euros por kilo. Son cifras que invitan a preguntarse cómo se distribuye el valor generado entre los distintos eslabones de la cadena.
Detrás de cada producto hay una explotación agraria que debe afrontar importantes costes: agua, electricidad, fertilizantes, fitosanitarios, semillas, maquinaria, combustible y mano de obra. A ello hay que sumar la incertidumbre meteorológica, las plagas, las enfermedades y las dificultades para encontrar trabajadores en determinadas campañas.
Es importante señalar que la diferencia entre el precio de origen y el precio de venta al público no equivale directamente al beneficio de supermercados o intermediarios. En el recorrido existen costes de transporte, almacenamiento, clasificación, manipulación, envasado, conservación, mermas y comercialización
Sin embargo, cuando llega el momento de vender, el agricultor se encuentra muchas veces con un mercado en el que tiene escasa capacidad de negociación. Los productos perecederos no pueden esperar indefinidamente a que mejoren las cotizaciones. Esta situación coloca al productor en una posición especialmente vulnerable, sobre todo cuando trabaja individualmente y depende de pocos compradores.
El problema no es exclusivo de las frutas y hortalizas. Un ejemplo significativo es el sector porcino. Según el análisis de COAG, entre abril de 2024 y abril de 2026 el precio recibido por el ganadero cayó un 28,9%, pasando de 1,83 a 1,30 euros por kilo. Sin embargo, durante ese mismo periodo, el precio en el supermercado aumentó un 6,9%, pasando de 6,45 a 6,90 euros por kilo.
Es decir, el ganadero cobraba menos mientras el consumidor pagaba más. La diferencia entre ambos precios pasó de 4,62 a 5,60 euros por kilo. Una evolución que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de analizar cómo se forman los precios y cómo se distribuyen los costes y márgenes comerciales.
Es importante señalar que la diferencia entre el precio de origen y el precio de venta al público no equivale directamente al beneficio de supermercados o intermediarios. En el recorrido existen costes de transporte, almacenamiento, clasificación, manipulación, envasado, conservación, mermas y comercialización. Todos estos procesos aportan valor y deben tenerse en cuenta.
El verdadero problema es que el campo no consigue una remuneración suficiente y el consumidor no encuentra precios asequibles. Una situación en la que ambos extremos salen perjudicados
Sin embargo, reconocer esos costes no significa renunciar a exigir transparencia. Es necesario conocer cuánto cuesta cada operación, qué margen obtiene cada eslabón y, sobre todo, si el precio pagado al productor permite cubrir sus costes de producción y obtener una rentabilidad razonable.
La Ley de la Cadena Alimentaria establece precisamente la necesidad de proteger al productor, entre otras cuestiones, mediante la obligación de que el precio pactado cubra sus costes efectivos de producción. El cumplimiento de esta normativa y la vigilancia de las prácticas comerciales deben ser una prioridad.
No se trata de enfrentar al agricultor con el supermercado ni de señalar indiscriminadamente a todos los operadores de la cadena. El consumidor también sufre las consecuencias de este desequilibrio. Paga una cesta de la compra cada vez más cara sin que ese incremento se traduzca necesariamente en una mejora de los ingresos de quienes producen los alimentos.
El verdadero problema es que el campo no consigue una remuneración suficiente y el consumidor no encuentra precios asequibles. Una situación en la que ambos extremos salen perjudicados.
En Andalucía, y especialmente en las zonas hortofrutícolas de Almería, Granada y Málaga, la agricultura constituye uno de los principales motores económicos y sociales. Miles de explotaciones familiares, cooperativas y empresas agrícolas sostienen una actividad que genera empleo, riqueza y oportunidades en el medio rural.
Pero mantener esta estructura productiva requiere rentabilidad. No basta con producir más, exportar más o alcanzar buenos niveles de calidad si después el agricultor no consigue un precio que compense su esfuerzo y sus inversiones. La falta de rentabilidad dificulta el relevo generacional, acelera el abandono de explotaciones y pone en riesgo un modelo productivo que ha demostrado su importancia para la economía andaluza.
No puede haber alimentos baratos a costa de agricultores empobrecidos, ni consumidores obligados a pagar precios desproporcionados mientras el productor apenas cubre sus costes
Las cifras del IPOD deberían servir para abrir un debate serio sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria. Hace falta reforzar las organizaciones de productores, impulsar el cooperativismo, mejorar la capacidad negociadora del sector agrario y garantizar que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla de manera efectiva. También es imprescindible recuperar la transparencia en la formación de los precios, disponer de estudios actualizados y analizar los costes y márgenes de todos los eslabones.
El objetivo no debe ser que el consumidor pague más para que el agricultor cobre mejor. Debe ser conseguir una cadena más eficiente, equilibrada y transparente, donde el valor se distribuya de forma razonable. Porque detrás de cada kilo de tomate, calabacín, berenjena o patata hay un agricultor que ha invertido dinero, tiempo y trabajo, y que además ha asumido todos los riesgos de la producción.
No puede haber alimentos baratos a costa de agricultores empobrecidos, ni consumidores obligados a pagar precios desproporcionados mientras el productor apenas cubre sus costes.
La brecha entre el campo y el lineal no es solamente una cuestión de precios. Es una cuestión de futuro, de justicia económica y de supervivencia del sector agrario. Y una sociedad que no garantiza la rentabilidad de quienes producen sus alimentos está poniendo en riesgo algo tan esencial como su propia seguridad alimentaria.
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