Cómo los 'narcodrones' han transformado la guerra en Colombia: “Es un giro enorme”
Más de un ataque diario con drones. Esa es la frecuencia de la ofensiva aérea criminal que sacude a Colombia: 690 ataques con aparatos no tripulados registrados desde 2023, según uno de los más recientes informes de inteligencia militar. El país se ha convertido en el gran laboratorio de una guerra donde las mafias acceden a tecnologías letales por una fracción de lo que a las autoridades les cuesta combatirlas.
Se trata de un tipo de arsenal en constante evolución tecnológica que ya incluye, desde hace un tiempo, dispositivos de control mediante fibra óptica, invisibles para los radares. La ofensiva criminal de 2026 representa un incremento del 146% de los ataques con este tipo de aparatos entre enero y mayo frente al mismo periodo del año anterior, según indica la Defensoría del Pueblo apoyándose en cifras del Servicio de la ONU para Actividades relativas a las Minas (UNMAS). Esta es la historia de una escalada bélica mortal que hoy se perfecciona en las trincheras de Ucrania y cambia de raíz las dinámicas de la criminalidad en América Latina.
México, pionero
Para entender cómo ha llegado Colombia a este punto, hay que mirar primero al norte. Los registros de la ONG estadounidense Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) muestran que los cárteles mexicanos fueron, posiblemente, los pioneros en apoderarse de los instrumentos aéreos no tripulados en la región. Desde 2010, las autoridades norteamericanas han detectado pequeños aparatos teledirigidos que cruzan la frontera como arañas voladoras cargadas de droga: de fentanilo o de cocaína.
No obstante, el verdadero salto letal ocurrió en 2021. En aquel entonces, en la región centro-occidente de México, los drones mutaron en armas de asalto y comenzaron a lanzar explosivos, desatando el terror en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
Colombia importó el modelo criminal y superó a México en escala a mediados de 2024. A partir de entonces se ha convertido en el epicentro regional. De los 670 eventos con drones armados que ACLED ha documentado en Latinoamérica entre 2025 y 2026, Colombia concentra cerca del 87%. Y de los 182 municipios latinoamericanos donde hay registro de estos ataques, 97 han ocurrido en territorio colombiano.
Hoy se sabe, además, que detrás hay una eficiente optimización de costes. Mediante técnicas de ensamblaje local, el Estado Mayor Central (EMC) —la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC— ha logrado romper su dependencia del comercio exterior y, de paso, reventar los precios del mercado negro.
Es un giro enorme que les permite ejecutar nuevas acciones contra la fuerza pública, labores de inteligencia o control territorial sin tener que enviar, como antes, a seis o siete guerrilleros; hoy mandan un dron
El analista de inteligencia y seguridad Gerson Arias calcula, a partir de análisis de inteligencia recuperados del EMC, que la organización criminal ha pasado de pagar unos 9.600 euros por cada aparato importado a fabricar sus propios prototipos en mitad de la selva o la montaña por apenas 1.600 euros la unidad en promedio. Se trata de una suerte de democratización del terror a bajo coste.
Frente a esa tecnología barata, la respuesta del Estado colombiano expone una enorme asimetría. Para formarse una idea: en 2023, el Gobierno estadounidense entregó a la Policía local tres helicópteros Black Hawk, modelo UH-60A, de segunda mano. Mientras que un aparato nuevo de este tipo supera los 20 millones de dólares, estas unidades cedidas por Washington están tasadas por la industria militar en unos 4,3 millones cada una.
Para Arias, este impacto es muy elevado. “Es un giro enorme que les permite ejecutar nuevas acciones contra la fuerza pública, labores de inteligencia o control territorial sin tener que enviar, como antes, a seis o siete guerrilleros; hoy mandan un dron”, afirma, y reitera que la mutación de la guerra es un hecho.
No siempre fue así. Durante medio siglo, el Estado colombiano retuvo el control general del espacio aéreo. Ni el auge de las narcopistas clandestinas en los 70 y 80, ni las flotas de pequeñas avionetas del narcotráfico pudieron arrebatarle a la fuerza pública el dominio de la inteligencia y el ataque coordinado. Hoy, sin embargo, parece que la superioridad histórica se tambalea.
Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, resume que las organizaciones criminales han edificado un poder aéreo propio con capacidad de monitorear tropas en silencio y lanzar cargas explosivas de hasta 1,2 kilos contra bases militares o comisarías de policía en zonas a menudo mal protegidas.
El balance letal de esta nueva estrategia ya es cuantificable. Desde 2023, los ataques con drones han dejado 22 uniformados muertos y más de 340 heridos, según informes recientes de inteligencia del Ejército.
Talleres fronterizos e impresoras 3D
El fenómeno tiene como epicentro geográfico las áreas rurales de producción cocalera y, en especial, las fronterizas con Venezuela o Ecuador. Una de ellas es el departamento de Cauca, al suroeste del país y con 140 kilómetros de línea costera sobre el Pacífico. En octubre de 2024, por orden del expresidente Gustavo Petro, el Ejército inició allí la Operación Perseo en una aldea llamada El Plateado, a 240 kilómetros de Cali, la tercera ciudad por tamaño del país.
En respuesta a la ofensiva militar, el EMC, bajo el mando del sanguinario Iván Mordisco, respondió con 183 ataques con drones entre octubre de ese año y mayo de 2025. El balance de la contraofensiva dejó cinco militares muertos y 10 heridos.
De cualquier forma, la reciente avanzada del Ejército colombiano ha dejado un panorama de aparente victoria en el casco urbano de El Plateado. Detrás de las calles hoy patrulladas por uniformados se esconde, sin embargo, una realidad más compleja: la operación Perseo obligó al frente bautizado como Carlos Patiño, en honor a un comandante histórico de la vieja guerrilla marxista, a replegarse, pero estuvo lejos de extinguir su poder, según los analistas.
La presencia militar y el control territorial hoy no son necesariamente lo mismo
Como advierte Julián Ríos, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la operación forzó la salida de los milicianos del centro poblado, pero no desmanteló su control: lo reconfiguró. “La presencia militar y el control territorial hoy no son necesariamente lo mismo”, resume el analista.
No obstante, el caso de El Plateado (Cauca) es solo la punta de un conflicto que se ha ensañado con otros cuatro departamentos de producción ilícita de cocaína: en Nariño, Chocó y el Valle del Cauca, al suroeste, así como en Norte de Santander —en el noreste del país—, se agolpan el 71% de los ataques.
Allí, agencias humanitarias como Indepaz han documentado situaciones de confinamiento masivo: entre 2020 y 2024, más de 26.000 personas resultaron afectadas por desplazamientos y encierros forzados. Familias enteras encerradas en sus viviendas por el pánico a los drones que, a menudo, zumban como abejas sobre sus tejados. En otras ocasiones, han relatado las víctimas, escupen fuego sin apenas avisar.
Por su parte en el Catatumbo, región conflictiva, montañosa, y fronteriza con Venezuela, tres militares fueron asesinados entre marzo y mayo de 2025 con drones. En esa misma zona, los 21 policías que custodiaban la estación de Guamalito, una aldea de unos 3.000 vecinos encastrada en un nodo vital de acopio agrícola, tuvieron que evacuar el poblado tras sufrir dos bombardeos aéreos consecutivos por parte del ELN. Un contingente de 150 uniformados retomó el control del corregimiento el 15 de septiembre.
De hecho, la dinámica fronteriza es clave para entender esta historia en expansión. Tiziano Breda, investigador sénior de ACLED, confirma por correo electrónico a elDiario.es que en el Estado de Zulia (Venezuela) se localizó un centro de producción ilegal donde, mediante tecnología de impresión en 3D, se ensamblan tanto drones como material bélico.
Este panorama permite descifrar la evolución del mapa criminal en Colombia. Según algunos analistas, la adopción de drones ha seguido una línea temporal y espacial definida: el ELN, con seis décadas de trayectoria y un fuerte dominio en la frontera con Venezuela, lideró de forma pionera el uso de esta tecnología. Más adelante, el Estado Mayor Central (EMC) profundizó en esta práctica, consolidándola en sus principales corredores y enclaves de operaciones en el Cauca y la costa del Pacífico.
Y ahora, el Clan del Golfo, una organización de raíces paramilitares, enfocada en el narcotráfico y tradicionalmente rezagada en innovación táctica, empieza a sumarse a la ofensiva.
Fuego aéreo entre narcos
Buena parte de estos ataques, en realidad, no tienen como blanco a la fuerza pública, sino a facciones rivales ilegales que compiten por el control de las rutas de la droga.
Por ejemplo, en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, tres facciones criminales rivales —una disidencia de las FARC, otra del ELN y una organización de narcotráfico local— libran desde noviembre de 2025 una guerra de drones por el dominio de esa región de producción cocalera.
Por eso, el costo de este capítulo sangriento no cabe solo en los registros oficiales. Carolina Barrios, politóloga vinculada a la Campaña Colombiana contra las Minas, sostiene que el daño más profundo ha sido menos visible: escuelas y comercios que han tenido que suspender sus actividades sin previo aviso. Niños y adultos traumatizados.
La exposición repetida a explosiones, sobrevuelos y amenazas ha reproducido los reportes de insomnio, ansiedad y otros efectos psicológicos, especialmente entre los menores de edad.
Los ataques con drones suelen ser muy imprecisos. Hay muchos errores y golpean infraestructura cercana a viviendas donde hay civiles
Elizabeth Dickinson refrenda la idea de que los drones son un armamento tan sanguinario para la población como lo han sido las minas antipersona en el conflicto armado interno colombiano. “Suelen ser muy imprecisos. Hay muchos errores y golpean infraestructura cercana a viviendas donde hay civiles”.
Se suma, además, que las estadísticas oficiales están divididas: la Aeronáutica Civil, autoridad oficial responsable del espacio aéreo, y las Fuerzas Militares mantienen bases de datos paralelas que provocan un doble conteo o que se registren muchos menos episodios de los realmente acontecidos, según afirma Barrios.
Debido a la fragmentación, muchos incidentes violentos se etiquetan simplemente como “artefactos explosivos improvisados”, sin aclarar si se usaron drones. Todo ello se traduce en un vacío que impide seguir con más precisión la cadena de suministro de las armas o crear leyes para arrinconar el acceso criminal a estos instrumentos.
Radares viejos, respuestas tardías
A la fragmentación de los datos oficiales se añade un cierto desajuste técnico de los equipos. Barrios asegura que los radares de la Fuerza Aérea Colombiana han sido diseñados para detectar enemigos convencionales: se trata de una red de vigilancia que un dron comercial como el DJI Mavic 3 puede atravesar sin ser detectado. El uso de inhibidores de señal o jammers, por su parte, tampoco ofrece una salida clara. Y su despliegue abre un dilema legal debido a la interferencia que causan en las telecomunicaciones civiles.
Para Jorge Mantilla, doctor en Criminología por la Universidad de Illinois en Chicago, el error de raíz se halla en el enfoque. “Existe una obsesión con adquirir tecnología, armas y dispositivos de punta, sin incorporar esa innovación a una estrategia de seguridad amplia”.
La desconexión, a su juicio, se agrava por el diseño institucional del sector de la defensa. Mientras el Ejército se mantiene como el componente más pesado del gremio, los servicios de inteligencia quedaron debilitados con el cambio de orientación impulsado por la Administración del izquierdista Gustavo Petro. Para Mantilla, esta suerte de “hipertrofia militar” perpetúa métodos y abordajes rígidos frente a la naturaleza cambiante del conflicto actual.
Lo anterior es evidente en el discurso oficial. En los últimos años, el Gobierno colombiano ha sustituido la etiqueta tradicional de “guerrilleros” o “subversivos” por el término “narcoterroristas” para referirse a estos grupos organizados violentos cuyo discurso político se ha ido evaporando. Sin embargo, en opinión de Mantilla, la estrategia de las Fuerzas Militares sigue midiendo el éxito en número de bajas, capturas e incautaciones. Es decir, operando bajo la premisa de que el enemigo todavía se atrinchera en grandes campamentos armados como en el siglo pasado.
Existe una obsesión con adquirir tecnología, armas y dispositivos de punta, sin incorporar esa innovación a una estrategia de seguridad amplia
Frente a este escenario, las respuestas institucionales llegan a destiempo. Durante el mandato del progresista Gustavo Petro se desplegó un nuevo batallón especializado antidrones. Los expertos señalan que se trata de una unidad limitada en alcance y recursos, pese a que los contratos para su consolidación ascendieron hasta los 21 millones de euros.
En la otra acera, el actual presidente de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, ha respondido recientemente con un enfoque restrictivo, anunciando trabas aduaneras a la importación de las piezas necesarias para ensamblar los dispositivos. Y la Armada ha informado esta semana de la adquisición de nuevos sistemas antidrones por un valor de algo más de un millón y medio de dólares a la empresa australiana DroneShield.
Está claro que hoy la amenaza proviene de lo que Mantilla denomina “grupos de interés”: estructuras que ya no dependen de ejércitos numerosos escondidos en la selva o en las montañas, sino que se infiltran directamente en pueblos y veredas. El combate abierto entre tropas y guerrilla, indica el analista, ha dejado paso gradualmente a una violencia más selectiva: ataques con drones, masacres dirigidas contra líderes específicos o de intimidación constante de la población civil.
Así, un dron atacó el 16 de septiembre el radar 3D de la Aeronáutica Civil en Candelaria (Valle del Cauca), el primer sistema de este tipo instalado en el país. La estructura, inaugurada en julio de 2025, sufrió al menos cuatro explosiones. Las autoridades atribuyeron el ataque a disidencias de las FARC. No hubo heridos, pero el mensaje quedó claro: ni la infraestructura civil de vigilancia aérea está a salvo.
De la selva colombiana a Ucrania
Entre tanto, la siguiente fase de esta guerra asimétrica ya opera en la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Informes de inteligencia militar confirman que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene allí una “academia” clandestina de aviación no tripulada. El programa, iniciado en 2025, cuenta con un nivel técnico avanzado: adiestra a combatientes para coordinar enjambres de drones automatizados mediante inteligencia artificial, capaces de ejecutar bombardeos simultáneos con granadas de mortero.
Además, la conexión llega hasta Ucrania. Una reciente investigación de The Financial Times documentó que diversas redes criminales colombianas han enviado combatientes a Europa con un objetivo explícito: absorber la doctrina militar más avanzada en el manejo de estos dispositivos. En el frente sur, exparamilitares, exguerrilleros y exsoldados combaten bajo la misma bandera contra las fuerzas rusas en la provincia de Zaporiyia.
Allí, según confirmó un piloto colombiano al diario londinense, los combatientes sudamericanos empotrados en las filas ucranianas tienen una prioridad: el ensamblaje de drones FPV —aparatos de ataque con cámara, tan rápidos y maniobrables que resultan muy difíciles de derribar— y técnicas de encriptación de comunicaciones de alta seguridad. Un conocimiento táctico que, según esta información, las mafias locales ya están en proceso de importar para replicar en Colombia.
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