La censura ultra en Colombia decide qué es arte y qué no: de la violencia política a los encuentros en un cine gay

La tensión política en torno al Museo Nacional de Colombia, el más antiguo del país, se hizo palpable este miércoles en sus propias salas. Tras la orden del Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella de retirar varias obras de la sede en el centro de Bogotá, y bajo un inusitado despliegue de seguridad, algunos visitantes a la sala titulada Memoria y Nación escrutaban cada espacio vacío como el rastro posible de censura oficial. Un guardia tuvo que aclarar más de una vez que uno de aquellos huecos no obedecía a una orden oficial, sino a una avería: el proyector que debía mostrar una imagen interactiva sobre un panel estaba fuera de servicio.

Otros huecos visibles, en esa y otras salas, sí responden a una orden directa del Ministerio de Cultura. Dictada el 15 de octubre, la medida ha desmontado de la exposición permanente entre treinta y cincuenta piezas sobre el conflicto armado interno, el feminismo y la diversidad sexual, entre otros temas. Y ha agudizado una disputa cultural en torno a la memoria colectiva del país sudamericano: quién decide qué historias de Colombia merecen ser narradas y cuáles deben quedar fuera de la vista del público.

La directriz surgió el mismo 15 de octubre, durante la visita de Abelardo De la Espriella, de 48 años, a la sede del Ministerio de Cultura. Allí anunció una “contrarrevolución cultural” y una lucha “abierta, decidida y patriótica” contra el “wokismo”. Su discurso fue explícito: “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

Una criba a puerta cerrada

Entre los elementos retirados se encuentran los afiches de campaña de dos candidatos presidenciales asesinados en 1990. Uno de ellos es el ya mencionado Carlos Pizarro, quien lideró el movimiento guerrillero M-19, en el que militó el expresidente Gustavo Petro. La agrupación, nacionalista y de carácter urbano, firmó la paz y entregó las armas pocas semanas antes del asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990 a bordo de un avión de Avianca.

El otro fue el candidato presidencial Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, asesinado un mes antes que Pizarro. Aquel partido de izquierda había surgido de un proceso de paz, pero sus militantes fueron víctimas de una campaña de exterminio que dejó miles de asesinados y desaparecidos, perpetrada por sicarios paramilitares y sectores de las fuerzas de seguridad del Estado.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, ha defendido la medida con dos argumentos: que el museo no puede convertirse en un espacio de “apología del delito” y que debe proteger a los menores de edad del acceso a “material sensible”. No ha precisado, sin embargo, qué piezas pondrían en riesgo a los niños.

En el mismo mensaje, Holguín invocó los derechos de las víctimas de los diversos fenómenos de violencia a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Esa consigna, eje del sistema de justicia transicional con el que Colombia ha intentado cerrar los últimos capítulos de su conflicto armado, figuraba precisamente en uno de los afiches retirados.

Pocas horas después del discurso de De la Espriella, el secretario general del ministerio, Julián Sterling, escogió a puerta cerrada y al margen de los comités curatoriales las piezas que debían salir hacia el almacén, según han revelado medios colombianos. El ministerio no ha hecho públicos los criterios de la criba. Pero María Belén Sáez de Ibarra, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), asegura con certeza: “La autoridad política no equivale a autoridad curatorial”.

La cosecha de los violentos

Con la nueva cruzada cultural del Gobierno ultra tambalea y queda cojo un guion museográfico que investigadores y curadores habían construido durante más de una década. Las dos salas más afectadas abrieron en 2014 y 2019, bajo los gobiernos del tecnócrata de centroderecha Juan Manuel Santos, el presidente que firmó la paz con la guerrilla marxista de las FARC, y del derechista Iván Duque.

La renovación de las salas permanentes comenzó en 2013, con el propósito de que el museo abandonara las etiquetas clásicas, con colecciones segmentadas, y se reorganizara en torno a preguntas. El cambio recogía el testigo de la cátedra de historia que la pintora Beatriz González (1932 - 2026), referente del arte colombiano del siglo XX, impulsó en los años noventa para integrar distintas voces sobre el pasado del país.

“Los cambios de los últimos años en el museo se hacen precisamente para responder a la Constitución del 91”, explica a elDiario.es Lucas Ospina, profesor de arte de la Universidad de los Andes. Aquella Carta Magna definió a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y rompió con el molde constitucional existente desde 1886.

Hasta la renovación, la institución había narrado la colonia y la Independencia de España como una gesta exclusiva de hombres blancos, católicos, del centro del país, invisibilizando a los indígenas, los afrodescendientes y los esclavizados que también intervinieron. Y ese es el esfuerzo que ahora ha quedado golpeado, en especial, en salas como Memoria y Nación, donde la sección dedicada a la gráfica política ha quedado desierta.

Allí colgaban grabados de Alfonso Quijano (1927 - 2025), Luis Paz (1937 - 2011) y Carlos Granada (1933 - 2015), creadores que retrataron la violencia política colombiana durante la segunda mitad del siglo XX. De Quijano se exhibía, por ejemplo, La cosecha de los violentos, un árbol cuyos frutos son cuerpos humanos. El discurso presidencial asoció este tipo de obra con la apología del terrorismo. “Exhibir una imagen no significa adherir a su mensaje”, responde Sáez de Ibarra.

De la pared dedicada a la historia entre la Constitución de 1991 y el acuerdo de paz de 2016 no ha quedado ni una sola pieza. Han salido de la exhibición un facsímil de la “séptima papeleta”, el voto impulsado por el movimiento estudiantil que abrió el camino a la Asamblea Constituyente, y el balígrafo, el estilógrafo hecho con una bala de fusil calibre .50 con el que se firmó la paz con las FARC.

Ambos capítulos tienen un testigo común: Humberto de la Calle, ministro de Gobierno durante la Constituyente y jefe de la delegación negociadora en La Habana. “En el fondo, es un acto de censura”, afirma a elDiario.es el veterano político liberal.

De la misma manera, Ospina reconoce que el relato del museo, como suele suceder, tenía zonas grises. Cita, por ejemplo, la ausencia de material sobre el horror del legado guerrillero. A su juicio, incorporar esas imágenes o discursos habría enriquecido el rompecabezas. La solución pasaba, sin embargo, por ampliar la muestra mediante el debate: “Así como pudieron quitar piezas en una tarde, se podían adicionar cosas; no en unas horas, pero sí bajo una discusión, bajo un proceso”.

El episodio ha desnudado, además, la fragilidad institucional del centro, uno de los más antiguos de Latinoamérica. Se trata de una asignatura política y administrativa en la que, según Ospina, los últimos gobiernos no han avanzado. Al carecer de persona jurídica propia, opera como una dependencia del Ministerio de Cultura. Un proyecto de ley intentó dotarlo de autonomía en el año 2000, pero la institución sigue a merced del presupuesto y del ministro de turno.

Por eso De la Calle asegura que el desmonte retrata un país en el que cada bando ve en el adversario a un enemigo. “En ese deseo de dominio absoluto”, advierte, “hasta las instituciones guardianas del patrimonio común caen también en este lamentable proceso”.

La mirada erótica y la guerra

Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) tiene dos obras en esta historia. El ministerio retiró una pieza de su serie Faenza, nacida de los encuentros homosexuales que fotografió a escondidas en un cine del mismo nombre del centro de Bogotá en los años setenta. Y dejó en pie, en la sección de gráfica política, la única obra que sobrevivió al desmonte: su ‘David’.

Se trata de una fotografía en blanco y negro de José Antonio Ramos, un soldado al que una mina antipersona arrancó una pierna, posando desnudo como la escultura de Miguel Ángel. Para Sáez de Ibarra, la pieza encierra una tensión entre el ideal heroico del cuerpo y la vulnerabilidad de quien ha sufrido la guerra. “Sería muy limitante leerlo solamente como una exaltación militar”, advierte.

José Ignacio Roca, que fue curador de arte latinoamericano en la Tate de Londres, encuentra la decisión “muy irónica”: en el David, dice, “confluyen dos cosas que no les gustan: la mirada erótica y los efectos de la guerra en el cuerpo social”.

El autor del retrato ha preferido no pronunciarse públicamente. Ahora prepara La noche, la retrospectiva que el Museo Reina Sofía de Madrid inaugura el 11 de noviembre y que recorre cinco décadas de una obra dedicada a la violencia y la sexualidad en Colombia.

En todo caso Rojas admite a elDiario.es a través de WhatsApp una razón de peso para callar: “Lo que es muy peligroso en Colombia es que a uno lo pueden primero señalar y después darlo de baja”. En la jerga militar colombiana, dar de baja significa matar. Y su mensaje alude a la pugnacidad del discurso oficial de Dela Espriella, que desde que era precandidato prometió a la izquierda que haría “todo lo posible para destriparlos” (después pidió perdón).

El museo sale a la calle

El sector cultural no tardó en reaccionar. Seis museos de arte moderno del país, entre ellos el MAMBO, exigieron a la ministra una revisión pública de la medida, mientras que el comité colombiano del Consejo Internacional de Museos (ICOM) reclamó respeto a la autonomía curatorial. También hubo una decisión judicial: el lunes, un juez de Bogotá admitió una tutela interpuesta por la formación de izquierdas Unión Patriótica y dos colectivos sociales, y ordenó conservar las piezas retiradas mientras toma una decisión de fondo.

La medida cautelar prohibió, además, desmontar otras piezas por su contenido sin un acto administrativo que lo justifique. Asimismo, exigió al museo un inventario detallado de lo retirado que especifique la ubicación actual de cada obra, su estado de conservación y la autoridad que ordenó su salida.

Entretanto, en las calles, la resistencia civil cobró fuerza el pasado miércoles. Hacia las once de la mañana, William López, exdirector del museo, congregó a unas cincuenta personas a las puertas de la institución para dictar, megáfono en mano, una clase abierta de historia. A escasos metros de la concentración, bautizada como “El museo va a la calle”, una hilera de agentes antidisturbios, apoyada contra el muro de piedra arenisca del edificio, que fue cárcel en el siglo XIX antes que museo, observaba la jornada en silencio.

Ante unas escalinatas pobladas de jóvenes, López reivindicó el carácter público del Museo Nacional y de sus colecciones de arte, historia, arqueología y etnografía. Por todo ello, José Ignacio Roca advierte de que la censura que empieza con un par de obras retiradas puede acabar reescribiendo el relato de una nación. Y ya no se trata, concluye, de una pugna entre izquierdas y derechas, sino entre democracia y autoritarismo.