La productora de Canal Sur puso las denuncias sexuales en manos del número dos del CEO imputado: “No podrán ser anónimas”
La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y principal cliente de Canal Sur, carecía de un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que una de sus reporteras denunciase al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual ante un Juzgado de Violencia de Género de Sevilla.
Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON). El protocolo antiacoso es obligatorio para todas las compañías (independientemente de su volumen) desde la Ley de Igualdad de 2007, aunque en este caso registrarlo no es preceptivo.
La productora ADM registró su II Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas unos días antes de la denuncia de una trabajadora contra el director general de la compañía por delitos sexuales, que derivó en la imputación judicial y el posterior cese de Gustavo Fuentes.
El Consejo de Administración de la compañía, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, nombró en su lugar (y de manera “provisional”) a su número dos, el director financiero y de Recursos Humanos, Óscar González-Barba, actual CEO de la compañía. González-Barba, según el protocolo antiacoso de ADM que aprobó el propio Fuentes, era (y es) el responsable de “la recepción de las denuncias” internas por acoso sexual. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las denuncias al canal antiacoso “no podrán ser anónimas”.
“No se han registrado casos de acoso sexual”
El 18 de diciembre de 2025, la productora principal de Canal Sur inscribió en el REGCON su II Plan de Igualdad, que reconoce que “la empresa no dispone actualmente de un Protocolo interno actualizado” para la “prevención del acoso sexual y por razón de sexo”. Aun así, el diagnóstico previo que aparece en ese documento señala que “no se han registrado casos de acoso sexual o por razón de sexo durante el periodo analizado”, que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el documento.
En ese periodo, no sólo tuvieron lugar algunas de las situaciones de acoso laboral que describe la reportera en su denuncia, también otra supuesta agresión sexual de Fuentes -que una extrabajadora relató a CCOO en junio de 2025, aunque no llegó a interponer denuncia en los juzgados- y otros supuestos de acoso laboral denunciados por algunos exempleados.
En los anexos al II Plan de Igualdad de la principal productora de Canal Sur se incluye el nuevo “Protocolo de actuación para la prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual e identidad de género”. El documento incluye el nombre de las dos personas que formaron parte de la “Comisión Negociadora” -una en nombre de la empresa y otro en nombre de los trabajadores.
Sobre el papel, esas dos personas pactaron, elaboraron y firmaron el Plan, pero el delegado sindical que aparece en el documento, Francisco de Asis Miguélez, llevaba casi cinco años fuera de la empresa, en situación de excedencia, y trabaja desde entonces como técnico especialista para la Universidad de Cádiz (UCA). “Yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga alguna validez. Si me pregunta un juez si estaba ahí, yo le digo: No. Estoy en la UCA, aquí está mi contrato”, le confesó a un excompañero de ADM, un una conversación telefónica revelada por este periódico.
“Por escrito y no podrán ser anónimas”
Según el documento, firmado por el CEO de la compañía Gusavo Fuentes tres meses antes de ser imputado por agresión sexual y acoso, la empresa creó un “comité de asesoría confidencial”, encargado de “la recepción de las denuncias” de las víctimas, y nombró responsable a su número dos, Óscar González-Barba, junto a su mano derecha en Recursos Humanos, Elena Anguita. Elena Anguita es la persona designada por la empresa en la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad, junto a Miguélez, aunque éste nunca participó de la elaboración del documento.
“Las denuncias y quejas se realizarán por escrito y no podrán ser anónimas”, reza el Protocolo Antiacoso de ADM, que debía gestionar personalmente el director de Recursos Humanos y actual CEO de la compañía. El nombre de González-Barba aparece citado por los testimonios de algunas extrabajadoras que han corroborado ante el juez la denuncia de la reportera. Una de ellas habla de una conversación entre el ya ex CEO y su director financiero, persona de su estrecha confianza, al que encargaba la organización de fiestas y eventos: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.
Otros trabajadores de la productora, en cambio, subrayan que González-Barba “jamás” trató a la plantilla como lo hacía Fuentes, y que él mismo fue una “víctima” del trato “vejatorio y humillante” al que sometía a la gente. “Incluso siendo uno de sus pretorianos, como él lo llamaba, cuando entraba en cólera le trataba a patadas delante del resto de los trabajadores”, coinciden varios testigos.
El pasado 9 de junio, tras revelar elDiario.es la imputación de Gustavo Fuentes por delitos sexuales, el Consejo de Administración de ADM se reunió “con carácter extraordinario” y, tras 18 horas, anunció la “suspensión temporal” del CEO de la compañía. En el mismo comunicado delegó en González-Barba algunas de las competencias que hasta entonces gestionaba su jefe, algo que, aun siendo “provisional”, provocó “indignación” en parte de la plantilla, que conoció la decisión a la mañana siguiente.
Una semana después, el Consejo de ADM confirmaba el cese “definitivo” del director general, reculaba en su decisión de dejar la empresa en manos de sus directivos afines y anunciaba un proceso de selección para buscar un nuevo CEO.
“Miedo a represalias”
Desde que estalló la noticia, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, ha reaccionado al escándalo por la imputación de Fuentes subrayando que la víctima no había usado los canales internos para denunciar las agresiones y el acoso sexual del que acusó a su jefe ante un juez. Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, la empresa había dejado ese protocolo en manos de la mano derecha del jefe al que iba a denunciar por agresión sexual y acoso.
La reportera aduce “miedo a represalias” para explicar por qué no usó las herramientas internas de la empresa para denunciar a Gustavo Fuentes, y el denunciado, en conversación con este periódico, aseguró que se trata de una “denuncia falsa”, y que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo antiacoso que permite a los trabajadores denunciar “anónimamente”.
La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado 26 de enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó.
Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró en un comunicado que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al ex CEO de la productora coinciden en que éste le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril, “poco después de la Semana Santa”.
En cualquier caso, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) hicieron nada por apartar al directivo de su principal productora audiovisual hasta que este periódico lo hizo público, el pasado 9 de junio.
“La denuncia se produjo el 7 de mayo, si no recuerdo mal. Fue una denuncia directa por parte de la denunciante al directivo, que no había estado anticipada por ningún tipo de procedimiento previo de ámbito interno, a través de esos canales de comunicación interna que tienen hoy día las empresas, y que ADM también tiene”, explicó la semana pasada el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de Sandetel, accionista mayoritario de la productora.
Paradela y Sanz son los responsables políticos de las empresas públicas vinculadas con ADM, el primero por la gestión de Sandetel, y el segundo por la RTVA. El responsable de Industria aseguró, a preguntas de los periodistas en Jaén, que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones, que han sido asumidas por el Consejo de Administración, y se ha puesto en marcha un proceso de selección para un nuevo director general”, dijo Paradela. En realidad el cese definitivo se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio.
Los “pretorianos”
Gustavo Fuentes solía llamar a los dos directivos de su estrecha confianza “pretorianos”, uno era González-Barba, y el otro José Ramón García Japón [Joserra], subdirector general de ADM. Tras el cese fulminante del CEO, ambos reunieron a los trabajadores que estaban en la sede de La Cartuja, unas 45 personas, incluidos los miembros de Andalucía Directo– para anunciar “una nueva etapa, con una dirección más amigable”.
También se dirigió a la plantilla José Antonio Jiménez de León, que ejerce la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa] , para animar a todos a usar el canal antiacoso de la web de ADM para denunciar cualquier situación de acoso que haya sufrido por Fuentes, ahora que ya no está. Uno de los primeros mensajes que anunció la nueva directiva fue admitir que el protocolo antiacoso de la empresa no había funcionado, que la investigación interna e “independiente” que el propio Fuentes había encargado al Compliance sobre su denuncia por acoso sexual se había cerrado en falso, contando con la versión del CEO, pero no de la víctima ni de testigos que corroboran su versión.
La figura del Compliance aparece también en el Protocolo antiacoso adjunto al II Plan de Igualdad de ADM, registrado un mes antes de que la reportera denunciase a Gustavo Fuentes. Forma parte de la Comisión Instructora y de Seguimiento, segunda pata del llamado Comité de Prevención del acoso en la empresa. Junto a Jiménez de León está también Elena Anguita, número dos de González-Barba. Su función es “estudiar y valorar cada caso, tener derecho de acceso a toda la información y documentación para la resolución de las denuncias”.
La compañía quiere ahora revisar aquel informe sobre la denuncia contra Fuentes, pero ya no podrá contactar con la denunciante porque ésta ha iniciado la vía penal y “la empresa no puede interferir ni perjudicar el procedimiento judicial en curso”. Con todo, en la primera reunión con la plantilla tras la destitución de su director general, se animó a todos los trabajadores a denunciar por unos canales internos y anónimos en la web de ADM.
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