El delegado sindical de la productora de Canal Sur deja la empresa tras firmar el Plan Antiacoso sin pactar con la plantilla

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, se ha quedado sin el único delegado sindical que tenía (al menos nominalmente) desde hace 11 años, y del que se sirvió hace apenas seis meses para avalar ante el Ministerio de Trabajo su Plan de Igualdad, requisito necesario para seguir accediendo a los contratos con Canal Sur, su principal cliente.

Francisco de Asís Miguelez, elegido representante de los trabajadores por parte de UGT en las últimas elecciones internas en esta empresa, en 2015, remitió un escrito la semana pasada a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro —para trabajar como técnico especialista en la Universidad de Cádiz (UCA)—, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

La renuncia precipitada de Miguelez es una consecuencia directa de la información que avanzó elDiario.es también la semana pasada: que la principal productora de Canal Sur, copropiedad del Gobierno andaluz al 48%, había usado su firma de manera irregular para avalar ante el Ministerio de Trabajo el citado Plan de Igualdad, un documento obligatorio desde 2022 para todas las empresas con más de 50 trabajadores

El II Plan de Igualdad de ADM, registrado en la plataforma digital del Ministerio en diciembre de 2025, mencionaba a los dos miembros de la Comisión Negociadora que supuestamente habían pactado y elaborado dicho documento, una en representación de la empresa (que sigue en activo y trabaja en Recursos Humanos) y otro en nombre de la plantilla, que ni había participado ni diseñado ni avalado el Plan, pero aceptó firmarlo el 18 de diciembre de 2025, tras recibir una llamada del subdirector general de la productora, Jose Ramón García-Japón (Joserra).

El mismo Miguelez reconoció, en conversación telefónica con un extrabajador de la compañía, que dudaba de que su firma tuviera algún valor legal “estando en excedencia”, y vaticinó que cualquier juez tumbaría cualquier despido de un empleado de ADM en el que la dirección de la empresa hubiese usado el Protocolo contra el acoso sexual y laboral, adjunto a un Plan de Igualdad presuntamente falsificado.

“El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le decía el antiguo delegado sindical a un extrabajador, que precisamente se encuentra en litigio contra la empresa tras ser despedido acusado de acoso laboral.

“Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”. Miguelez dejó la productora en 2021 para trabajar como técnico especialista en la Universidad de Cádiz (UCA) y recientemente se ha sacado la plaza definitiva, informan desde UGT.

La imputación de Gustavo Fuentes

Apenas un mes después de registrar el Plan con la firma del delegado sindical en excedencia, una reportera de la productora interpuso una denuncia contra el entonces CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, que fue imputado por agresión y acoso sexual por un juez de Violencia de Género de Sevilla, y cesado de todos sus cargos (también ostentaba la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, fruto del plan estratégico de su gran valedor en la Junta, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz).

Gustavo Fuentes firmó ese II Plan de Igualdad un mes antes y puso el canal antiacoso para denuncias internas en manos de su número dos, el director financiero Óscar González-Barba, nombrado CEO de la productora tras la destitución de su jefe salpicado por el escándalo de los delitos sexuales.

Este periódico llamó insistentemente a Miguelez la semana pasada, antes de publicar el II Plan de Igualdad de ADM con su firma, pero el antiguo delegado sindical colgó el teléfono y se negó a responder a todas las preguntas que elDiario.es le hizo llegar por escrito. Miguelez eligió contactar con su antiguo sindicato, UGT Andalucía, y pidió asesoramiento legal para desvincularse de su antigua empresa y exigirles, a la vez, que notificasen a la Seguridad Social la renuncia a su excedencia y a su puesto de trabajo.

La Junta: “Si nos la han colado, no podemos saberlo”

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

La denuncia y posterior imputación del CEO de la productora de Canal Sur es lo que destapa las supuestas irregularidades en el Plan de Igualdad, aprobado por el mismo acusado por denuncias sexuales sólo un mes después de firmarlo. El escándalo ha salpicado al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que aún no ha aclarado desde cuándo sabía que Gustavo Fuentes estaba imputado y por qué no pidió su cese antes, siendo el accionista mayoritario del Consejo de Administración de ADM, a través de la empresa pública Sandetel. El consejero de Industria y responsable político de Sandetel, Jorge Paradela, destacó que la reportera “no había usado los canales internos para denunciar”.

Pero la situación también salpica a otras administraciones que tienen competencias compartidas en materia de inspección laboral en las empresas y políticas de igualdad: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad y la propia Junta. El departamento que dirige Yolanda Díaz admite que entre sus funciones está la de investigar, “pero para que esto ocurra, antes, el caso debe ser puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante denuncia para que se abra un expediente”.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz defiende lo mismo: “En caso de que se denuncie alguna incidencia relativa a la representación sindical, a la validez de la firma o a cualquier otro extremo que pudiera afectar a la regularidad formal de la documentación presentada, se procederá en consecuencia”.

Toda la situación que atraviesa hoy ADM es excepcional, porque la propia empresa en cuestión es muy excepcional: es una productora audiovisual, líder en facturación en Andalucía, que pertenece mayoritariamente al Gobierno andaluz y está asociada a la RTVA. Por tanto, se contrata a sí misma programas que llevan de manera fija y diaria en la parrilla de Canal Sur más de 25 años. Como resultado, también es la propia Junta la competente para sancionar a su empresa (con hasta 225.000 euros) y para retirarle los contratos públicos con Canal Sur, del que dependen unos cinco millones de euros en facturación anual, según fuentes del sector.

“La Consejería de Empleo”, abundan desde el departamento de Rocío Blanco, “no puede hacer control de legalidad, lo único que hacemos es a efectos de mero registro. El control de legalidad lo hace el juzgado de lo social. Es un criterio clave fijado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (consolidado en sentencias recientes de 2025). La Autoridad Laboral no tiene la facultad de hacer un control ”material“ de legalidad pleno (no funciona como un juez u homologador), sino un control formal y de requisitos esenciales”.

ADM, con 258 empleados en plantilla, no tiene comité de empresa ni secciones sindicales. Las últimas elecciones a delegado de personal en la sede central de Sevilla fueron hace 11 años y en la sede de Málaga se celebraron en 2017, con escasa participación, y salió elegido David Pérez, que se presentó como “independiente” y que es, a la vez, miembro de la dirección de la productora.

Ningún sindicato, por tanto, ha presentado una denuncia contra ADM por supuestas irregularidades en el II Plan de Igualdad. Tampoco lo ha hecho ninguna otra productora audiovisual andaluza, aunque en teoría compite con ésta por los mismos contratos que adjudica Canal Sur y otras televisiones autonómicas.