Mazón aprobó en enero abonar a Ribera Salud 107 millones más de los que pactó el Gobierno de izquierdas

La Generalitat Valenciana presidida entonces por Carlos Mazón aprobó el pasado mes de enero en una reunión con Ribera Salud una revisión al alza del precio que la administración debía pagar a la empresa entre los años 2020 y 2022 por la gestión de los hospitales y centros de salud públicos de Dénia, Torrevieja y el Elche-Crevillente. El nuevo cálculo aplicado a la denominada cápita, la cuantía que abona la Conselleria de Sanidad por cada habitante adscrito a uno de estos departamentos de salud, supuso un coste adicional de 107 millones de euros para las arcas públicas.

Así se desprende de la documentación hecha pública este martes por el síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, y el portavoz de Sanidad, Carles Esteve, quienes consideraron este acuerdo una suerte de “rescate millonario del Consell del PP”. Según los datos revelados por Compromís, esta cuantía exacta de 107 millones de euros corresponde a aumentos en la cápita que superan en muchos casos el 10%. Por establecer una comparativa para comprobar la magnitud del incremento, el contrato de prórroga del departamento del Vinalopó solo preveía un 1,5% de aumento de la cápita.

Estos aumentos se aprobaron en la comisión mixta (reuniones de seguimiento entre representantes de Sanidad y de Ribera Salud) celebrada el pasado 8 de enero, en la que por parte de Ribera Salud acudió su CEO Pablo Gallart, apartado de la gestión del hospital de Torrejón tras pedir rechazar a pacientes para ganar más. En esa reunión, de solo 10 minutos de duración a cuyas actas ha tenido acceso elDiario.es, se aprobaron unas revisiones anuales con unos cálculos a favor de la empresa que, según Compromís, nunca se habían realizado de esa forma, en los que se incluyen liquidaciones pendientes de los departamentos gestionados por Ribera Salud en Dénia, Torrevieja y Elche-Crevillent correspondientes a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022.

Como informó este diario, en octubre de 2023 se autorizó una nueva revisión al alza de la cápita del departamento de Elche-Crevillente, el único que queda de gestión privada, que ha permitido a Ribera Salud obtener un ahorro de 34 millones de euros en ese ejercicio y en el 2024, una cuantía que dejarán de ingresar las arcas públicas en concepto de liquidación y que se suma a los mencionados 107 millones de los ejercicios anteriores.

¿Qué son exactamente las liquidaciones? Al final de cada ejercicio se hace un cálculo entre lo inicialmente abonado por el sector público en concepto de cápita y el coste real de los servicios que ha tenido que asumir la empresa. También se contabiliza en este balance, por ejemplo, los pacientes derivados por la mercantil a hospitales o centros de salud de gestión pública (por ejemplo al hospital general de Elche, 100% público). Normalmente al final es la conselleria la que paga más de lo que le corresponde por lo que esa diferencia es la liquidación que la empresa le tiene que reembolsar. Así pues, de todo ese montante a devolver por parte de Ribera Salud a la Generalitat se ahorrará los mencionados 34 millones más los 107 millones de 2020 a 2022 denunciados por Compromís.

Así pues, el montante final que ha devuelto finalmente Ribera Salud a la Conselleria de Sanidad por las liquidaciones de todas sus concesiones hasta el año 2022 (Alzira, Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente) ha ascendido finalmente a 58 millones de euros: “Esa fue una de las condiciones necesarias para formalizar la prórroga del departamento Ellche-Crevillent, además de mantener indicadores asistenciales por encima de la media”, explican fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Sin embargo, tanto Esteve como Baldoví denunciaron que “cada año se tienen que revisar las cuantías de los contratos, pero nunca se habían hecho unos aumentos tan brutales como los aprobados para favorecer a Ribera Salud”. Así, a partir de 2025, la cápita que recibirá Ribera Salud para gestionar el departamento del Vinalopó, el único que todavía se mantiene privatizado, llegará a los 1.066,44 euros por persona adscrita al departamento de salud, más del doble que la inicial de 494,72 euros.

Desde Compromís criticaron que con este dinero público, “Ribera Salud ha podido adquirir recientemente el Hospital Clínica Benidorm por unos 120 millones de euros, una clínica privada que recibe numerosas derivaciones de hospitales públicos y que está dirigida por el hermano del conseller de Sanidad, Marciano Gómez”, tal y como avanzó esta redacción.

La coalición valencianista lamentó que “mientras la sanidad pública se degrada con colas y listas de espera interminables, el conseller parece más preocupado por los negocios familiares” y consideró que la situación es insostenible: “El gobierno del PP regala más de 100 millones a una empresa privada que todavía gestiona el hospital público del Vinalopó, en lugar de invertirlos en recuperar la atención primaria. Compromís propone destinar estos fondos a reforzar la sanidad pública y revertir las concesiones privatizadas·.

Por todo esto, Compromís exigió la reversión inmediata del departamento de Elche-Crevillente a la gestión pública, explicaciones del conseller de Sanidad en su comparecencia de este jueves a las Corts y su dimisión. Además, se reclamó la puesta en marcha de la comisión de investigación registrada en las Corts sobre los escándalos que está suponiendo el mantenimiento y la prórroga del último hospital privatizado del sistema público valenciano.

Aval de la Intervención y de la Abogacía

Fuentes de la Conselleria de Sanidad salieron al paso de las acusaciones de Compromís y explicaron que “la determinación de la cápita es un proceso totalmente objetivo, está basada en cálculos establecidos por los pliegos, el contrato y los datos económicos publicados, tales como el IPC y el gasto consolidado de sanidad, tanto de la Comunitat Valenciana como del Estado”. Por lo tanto, “es un ajuste matemático, que no se negocia, al igual que las liquidaciones, en las que se aplican criterios técnicos y objetivos establecidos en resoluciones judiciales y por la Intervención General de la Generalitat”.

Por otra parte, recordaron que “durante los ocho años del Botànic se resolvieron 26 liquidaciones con las concesionarias, mientras que sólo en los 18 primeros meses de esta legislatura se resolvieron 23. Asimismo, el balance de la relación económica pendiente con la concesionaria Ribera Salud arrojó un resultado de 58 millones de euros a favor de la Generalitat”.

Todo ello, “tanto la determinación de la cápita, como las liquidaciones practicadas con la autorización por parte de la Intervención y de la Abogacía de la Generalitat Valenciana”.

Ribera Salud afirma se aplica “el mismo criterio de hace 20 años”

Desde Ribera Salud han rechazado “firmemente” las afirmaciones por parte del síndic de Compromís, Joan Baldoví, en las que habla de “rescate económico” de Ribera por parte del gobierno valenciano y le han invitado a que “consulte de nuevo sus fuentes y no confunda términos antes de realizar tales acusaciones y relacionar conceptos que no se sostienen”.

Fuentes de la mercantil han explicado que “el importe abonado por parte de la conselleria al grupo sanitario Ribera está totalmente justificado, responde a liquidaciones pendientes de varios años y en diferentes hospitales del grupo en la Comunitat Valenciana”, por lo que “en ningún caso se trata de un rescate, ni supone un enriquecimiento para la compañía ni mucho menos está relacionado con la plan de expansión de Ribera”. Al mismo tiempo han asegurado que “este criterio de actualización del precio de la cápita, es decir, el presupuesto sanitario establecido por habitante, es el que ha aplicado desde hace más de 20 años, con independencia del signo político en el gobierno”.