Cuatro meses de negociación y una llamada final entre Bolaños y Belarra: así se gestó el pacto para la regularización

El 23 de septiembre el Gobierno no perdió una simple votación, fue un día especialmente duro. Junts y PSOE llevaban negociando meses una ley para el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya. Era un requisito que los independentistas habían puesto al inicio de la legislatura para seguir manteniendo su apoyo y ese día afrontaban su primer debate en el Congreso. Podemos había criticado aquel texto por un contenido que calificaban de racista y lo tumbó pese a la presión que le llegó incluso de partidos cercanos como ERC. Apenas un mes después, Carles Puigdemont confirmó los peores temores de Pedro Sánchez y anunció que sus siete diputados pasaban a la oposición.

Desde aquella votación han pasado algo más de cuatro meses en los que el Ejecutivo no ha parado de intentar recomponer la relación con su socio más complicado. El movimiento más importante se concretó el pasado lunes, cuando Podemos anunció un acuerdo para la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes. Este pacto allana las conversaciones para volver a intentar aprobar el traspaso de competencias migratorias a Catalunya, en una negociación en cascada que Sánchez espera redondear con la aprobación de los primeros Presupuestos de la legislatura, aunque en Moncloa son conscientes de que es muy complicado.

El Gobierno reconocía ya aquel martes de septiembre de las consecuencias que podría tener la derrota de la ley pactada con Junts. Por eso, unos días después del varapalo, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, reunió a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, para intentar desencallar la situación. 

En aquel encuentro, según fuentes al tanto de las negociaciones, Bolaños y Nogueras le pidieron a Belarra su apoyo a la ley a cambio de una regularización extraordinaria. Este era uno de los requisitos que el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna había verbalizado durante el debate sobre el traspaso de competencias: “Retiren esta proposición y pongan su voto para regularizar la ILP [de regularización de migrantes] y nos sentaremos a hablar. Ni ustedes ni nadie podrán parar a la extrema derecha asumiendo marcos racistas. Solo se para con más derechos”.

Podemos acepta “sentarse a negociar” el traspaso de competencias

Pero en aquel encuentro la líder de Podemos se negó a aceptar un acuerdo así, que suponía dar apoyo a un texto que, a su juicio, tenía un contenido racista. La exposición de motivos de la ley ya asociaba la inmigración con la saturación de los servicios públicos de Catalunya, hablaba de gestionar la inmigración con eficacia e instaba a las instituciones a hacer esfuerzos por “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”. En el articulado de la ley había también algunos puntos que tampoco cuadraban a los dirigentes de Podemos. 

Pocas semanas después de aquel encuentro fallido, el Gobierno hizo un segundo intento directamente con el partido de Belarra. Fue entonces cuando se comprometieron a sentarse a negociar la ley de competencias de inmigración si el Ejecutivo aprobaba una regularización extraordinaria de migrantes que se podía aprobar directamente en Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. “El Gobierno quería hacerlo y Podemos estaba muy interesado”, sostienen fuentes del Ejecutivo al tanto de las conversaciones que se dieron en aquel momento. 

Aunque era un primer paso, por delante quedaban meses de intercambio de textos con el detalle del contenido de la regularización, con mucha letra pequeña. Las conversaciones bajaron entonces a un nivel más técnico, con los equipos de Podemos en conversación con el movimiento de Regularización YA. Entraron también en la mesa los negociadores del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, quien mantuvo interlocución también estos meses con Belarra.

La negociación a partir de entonces fue intensa, sobre todo en algunos puntos que eran importantes para Podemos y para el movimiento de regularización que había impulsado el año pasado la iniciativa legislativa popular. 

El primer asunto se centraba en evitar la burocracia para los solicitantes de la regulación. Por un lado, el partido buscaba conseguir que el proceso fuese compatible con el procedimiento de asilo y, por otro, que fuese fácil para los migrantes probar su permanencia en España, que no fuese necesario un certificado de empadronamiento o un contrato de alquiler, sino que sirviese un informe médico, el resguardo de un envío de dinero desde España hacia otro país… cualquier papel que acreditase la identidad y una fecha, pero no fuese necesariamente un documento oficial, tan difícil de conseguir precisamente para las personas que se encuentran en situación irregular. 

También fue complejo terminar de cerrar un acuerdo sobre la gestión de los antecedentes, que finalmente se hará a través de un mecanismo para que el Ministerio de Justicia pueda gestionar este trámite directamente con los ministerios del ramo de los países de origen, un modelo que según fuentes del Gobierno les deja “muy tranquilos”. Para Podemos era importante ofrecer a los solicitantes una alternativa en caso de que en sus países un trámite complejo como este se eternizara o directamente nunca llegara a concretarse. 

Los cinco meses de permanencia en España, principal escollo

Pero el punto del acuerdo que más costó cerrar fue el que establece el tiempo mínimo de permanencia en España para solicitar la regularización, cinco meses según el texto firmado. La discrepancia no estaba tanto en la duración de ese periodo sino en si empezaba a contar hacia atrás desde el 31 de diciembre de 2025 o en el momento de realizar la solicitud. La regularización pactada abarca a las personas que estuvieran en España hasta el último día del año pasado, pero si los cinco meses empezaban a contar a partir de ese momento, quedaban excluidos de facto todos los que hubiesen llegado a partir de agosto. 

El acuerdo final fija esos cinco meses en el momento de la solicitud de regularización, que según los cálculos que maneja el Gobierno se podrá empezar a pedir a partir de abril. De modo que para solicitarla, las personas interesadas deberán demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre y que han estado en el país en los últimos cinco meses hasta el momento de entregar la documentación. 

Era un tema muy importante para Podemos y el movimiento de regularización, que habían peleado en todos estos meses para que se redujera la burocracia y abarcara al máximo número de personas. Pero las conversaciones se habían enquistado y no se resolvieron de forma definitiva hasta una llamada el fin de semana pasado entre Bolaños y Belarra. Ambos mantienen una buena relación desde la etapa de Belarra al frente del Ministerio de Derechos Sociales y ese vínculo ha servido para destrabar algunas negociaciones complicadas en esta legislatura, incluso en los momentos en los que Podemos ha sido más duro con el Gobierno. La interlocución entre los dos nunca se ha roto. Ambos han mantenido contacto constante por teléfono con “docenas de llamadas” durante toda la negociación y llegaron a verse incluso en alguna ocasión de forma discreta en el Congreso para cerrar alguna cuestión más compleja. 

El acuerdo final lo anunció la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, en un acto pensado ad hoc para el momento, con la presencia de la plataforma Regularización YA, que estalló en gritos al conocer el acuerdo y los detalles de su contenido. “El racismo, compañeros y compañeras, se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles”, dijo Montero. 

Podemos mientras tanto ha celebrado estos días un acuerdo que activa lo que consideran una de las medidas más importantes de la legislatura, si no la que más. La negociación les ha servido para reivindicar la posición que mantuvieron en septiembre al votar en contra del traspaso de inmigración a Catalunya. “Habernos plantado en aquel momento es lo que nos ha dado fuerzas para negociar ahora”, defienden fuentes del partido. “Fue duro aguantar esa presión, pero sin haberlo hecho no habríamos tenido la fuerza suficiente”, resumen. 

En el partido advierten además de que van a estar “vigilantes” para que el acuerdo de regularización se concrete en los términos pactados. En el pasado, con medidas como el ingreso mínimo vital, Podemos ya quedó insatisfecho de la distancia que hubo entre lo negociado y los resultados a la hora de ejecutar la medida. 

En Moncloa por su parte creen que lo más relevante de esta negociación es el hecho de que Podemos vuelva a sentarse con ellos. “Hace tres meses estaban fuera de la mayoría. Ahora vuelven a estar dentro. El muro previo se ha roto, que es lo que tenemos que hacer con Junts”, razonan fuentes del Ejecutivo. 

El cierre del acuerdo se produjo apenas un día antes de una nueva votación complicada en el Congreso. El Gobierno comenzó la legislatura con muchos problemas para ahormar su mayoría parlamentaria y en los primeros compases fue salvando las votaciones a cambio de compromisos sobre los que pasados los meses ha tenido que ir dando cuentas. El ejemplo de las competencias de inmigración es claro: la promesa llegó a cambio de la abstención de Junts en los primeros decretos que se votaron en 2024. 

Pero cruzado el ecuador de la legislatura, Sánchez tiene ya escaso margen para seguir haciendo promesas y los socios le piden concreción. Por eso, para la votación de este martes, en el Gobierno cruzaban los dedos por que se produjera una triple carambola que no fue posible. Si Podemos aceptaba negociar el traspaso de competencias, podría acercar a Junts a un voto afirmativo en el decreto que revalorizaba las pensiones y que prorrogaba el escudo social. Si esa cadena virtuosa tenía opciones de activarse, no llegó a tiempo para la votación del martes, que Junts tumbó bajo el argumento de que el decreto mezclaba la subida de las pensiones con asuntos más espinosos para ellos, como la protección contra los desahucios a personas vulnerables.

Próximo paso: negociación del traspaso 

No obstante, el Gobierno tiene algo de margen en las próximas semanas para seguir convenciendo a Junts, con el compromiso ya público de que Podemos está abierto a negociar la ley de inmigración. El debate de los últimos días se ha centrado en el preámbulo. El partido de Carles Puigdemont abrió este miércoles la puerta a cambiar la exposición de motivos si eso servía para atraer a Podemos. Pero este viernes, Belarra aseguró que no basta con eso. 

“Podemos no tiene ningún problema con las delegaciones de competencias a las comunidades autónomas, tiene un problema con el racismo. El racismo no estaba solo en el preámbulo, sino también en toda la delegación de competencias de una política de extranjería que es abiertamente racista. Todo eso hay que cambiarlo, pero desde luego Podemos está disponible para negociar”, afirmó en declaraciones a los medios en el Congreso. El texto, por ejemplo, habla de la transferencia de la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que Podemos aboga directamente por eliminar. 

En el Gobierno no han decidido aún cómo presentarán la nueva propuesta para el traspaso de competencias, que en el pasado fue una proposición de ley firmada por Junts y el Grupo Socialista. “Con Junts no se habla. La relación está rota”, aseguran fuentes del Gobierno. 

En cualquier caso, tanto Junts como el PSOE tienen con este acuerdo muchas más garantías en la negociación de esta ley que hace cuatro meses. Y si el Gobierno logra sacar adelante esta ley, tendrá más cerca a los independentistas a las puertas de la negociación definitiva de la legislatura, los Presupuestos Generales del Estado.