23F: los secretos de Polichinela

Polichinela es un personaje de la comedia del arte italiana que encarna a la plebe napolitana (quien viaje a Nápoles encontrará su figura a la venta en las tiendas de recuerdos), de aspecto barrigudo, con joroba y narizón, que oculta la mitad de su rostro con una máscara. Uno de sus defectos -o virtudes- es que no se calla nunca, de ahí la expresión “secreto de Polichinela” para referirnos a algo que todo el mundo sabe. Y eso es lo que me ha pasado a mí al consultar la documentación sobre el golpe de Estado desclasificada el pasado martes por el Gobierno y descubrir que los sacrosantos secretos del 23F son eso, un secreto de Polichinela. 

Vaya por delante mi reconocimiento a una decisión que debería haberse tomado muchos años atrás, pero bienvenida sea cualquier otra que nos ayude a arrojar luz sobre nuestra historia más reciente. Carece de sentido que los historiadores tengan que indagar durante años en archivos de otros países en busca de documentación que aquí se les niega. Quienes llevamos años buceando en archivos oficiales sabemos de las dificultades sin fin para acceder a información relativa a acontecimientos relevantes de nuestra historia, y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es uno de ellos. 

El anuncio de la desclasificación generó una enorme expectativa -¡por fin íbamos a saber lo que ocurrió aquel día!- que la portavoz del Gobierno se encargó de rebajar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, cuando dijo que se iba a “colgar” en la web de La Moncloa “toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento”, dejando en el aire que haya documentos que no han aparecido o que se destruyeron en el pasado. Un detalle que el Ejecutivo debería aclarar. 

La documentación que se ha hecho pública tiene un interés indudable, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que apenas saben nada de un suceso que estuvo a punto de hacer naufragar nuestra joven democracia, pero es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años. La mayoría de los documentos desclasificados ya eran conocidos y están publicados. Me refiero, por ejemplo, a la transcripción de las intervenciones telefónicas en el domicilio del ultraderechista Juan García Carrés, que hasta su detención en la madrugada del día 24 mantuvo una comunicación fluida con el teniente coronel Antonio Tejero, y en el del propio golpista, donde su mujer, Carmen Díez recibió adhesiones de conocidos y amigos, a los que se quejó amargamente de que a su marido le habían dejado tirado como a una colilla.

Desconocemos el registro de documentos relativos al 23F clasificados como secretos y, en consecuencia, si los ahora desclasificados son muchos o pocos y cuáles faltan, pero conocemos de la existencia de algunos que no figuran entre los hechos públicos. No están, por ejemplo, las transcripciones de los “pinchazos” telefónicos de las líneas del Congreso de los Diputados que se dejaron abiertas, y que Francisco Laína ordenó intervenir al entonces delegado del Gobierno en Telefónica, Julio Camuñas. Desde esos teléfonos el teniente coronel Tejero habló con el general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Casa Real, con Milans del Bosch, que tomó Valencia, con quien también habló desde la Cámara Baja el general Alfonso Armada para pedirle que convenciera a Tejero de que le dejara entrar en el hemiciclo para dirigirse a los diputados. Estas grabaciones existen, pero su transcripción no figura entre el material desclasificado. ¿Se destruyeron? No lo sabemos.

Tampoco figura el resultado de la investigación que equipos conjuntos de Policía y Guardia Civil realizaron en torno 154 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y 114 personas citadas en las conversaciones intervenidas para determinar su implicación en la asonada. Estas cifras las facilitó el ministro Alberto Oliart en el pleno secreto del Congreso celebrado el 18 de marzo de 1981, y así consta en las actas de aquella sesión, que pueden consultarse en la Cámara Baja. Incluso el juez instructor del sumario, José María García Escudero, escribió lo siguiente al dar por concluida su investigación: “Este juzgado no ha recibido como consecuencia de tales actuaciones ninguna clase de datos o informaciones que aconsejaran actuar contra personas civiles”. Ni la recibió, ni él la requirió. ¿Dónde está el resultado de dichas pesquisas? ¿Se destruyeron? Lo desconocemos.

Una de las características de la documentación desclasificada es abrumadoramente apócrifa, está censurada y las identidades de las personas a las que alude están tachadas. Son folios y folios sin membrete ni firma, cuya procedencia adivinamos por el epígrafe bajo el que ha sido incluida, que nos indica si la información procede del Ministerio del Interior, del de Defensa o del de Exteriores. Respecto a la información desclasificada de este departamento ministerial, difícilmente puede ser considerada secreta cuando cualquier ciudadano puede consultarla en el Archivo General de la Administración (AGA), al que fue remitida hace años. Como tampoco pueden considerarse secretos los 48 documentos que recogen el día a día de cada jornada de la vista oral según el punto de vista de los agentes del CESID que acudieron a la misma.  

Otra parte de la información desclasificada son informes de las jefaturas superiores de Policía dando cuenta de la situación en las distintas regiones policiales en las fechas posteriores al golpe, y valoraciones del CESID sobre el ambiente en los cuarteles tras la asonada, tras la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que juzgó a los 33 rebeldes encausados y sobre la decisión del Gobierno de recurrirla. Información de interés porque deja constancia del malestar existente en las Fuerzas Armadas y su amplia identificación con los golpistas. Una situación que conduciría a una nueva intentona golpista en octubre de 1982, el conocido como “golpe de los coroneles”, afortunadamente frustrado a tiempo.

El paso dado ahora por el Gobierno es positivo, pero insuficiente. La recuperación de la memoria histórica de este país sigue siendo una asignatura pendiente que no pasa tan solo por la derogación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y su sustitución por una nueva de Información Clasificada. Es necesario modificar también la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a documentos tan relevantes como el propio sumario del 23F.