El Gobierno reforma de urgencia dos leyes para reconocer a Caparrós víctima de la represión policial a la lucha autonomista

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la reforma exprés de dos leyes para, así, reconocer la condición de víctima de la represión policial a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977.

Se trata de una reforma parcial, ad hoc, de dos leyes que dependen del Ministerio de Presidencia: la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, con las que el Gobierno de Pedro Sánchez se enmienda a sí mismo. El pasado martes, el Ministerio de Interior comunicó por carta a las hermanas de Caparrós -Purificación, Francisca y Dolores- que denegaba la condición de víctima del terrorismo de Estado al joven, porque su caso, aun siendo “execrable” y de “extrema gravedad”, “no encajaba en la ley”.

El rechazo desató una tormenta política inesperada en Andalucía a las puertas del 28 de febrero (28F), cuando se conmemoran 47 años del proceso autonomista que culminó con la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1981. La resolución soliviantó a todos los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- que empezaron a pelearse entre sí, y comprometieron la figura de la candidata socialista, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por la tarde, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que salir al paso de las críticas y propuso al Congreso una modificación exprés de la Ley de Memoria Democrática (2022), incorporando un artículo que se había derogado de la versión anterior (2007), para dar cabida al caso de García Caparrós. En apenas 24 horas esa sugerencia cobró forma, por mediación de Montero, y el Gobierno confirmó que el siguiente Consejo de Ministros aprobaría una solución ad hoc para el joven malagueño, que finalmente pasa por la modificación puntual de dos leyes.

García Caparrós no encaja en el supuesto legal de víctima del terrorismo, porque la legislación actual (de 2011) establece que debe “existir sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

Terrorismo vs persecución policial

El Ministerio de Interior no tiene competencias para resolver qué es terrorismo, eso depende de la Audiencia Nacional y, sin un respaldo judicial expreso, la solicitud de la familia García Caparrós para el reconocimiento de víctima de su hermano era complicada. La alternativa que propuso Marlaska, que es la que va a ejecutar el Consejo de Ministros, cambian la consideración de víctima del terrorismo (que depende de Interior) por la de represión policial, que es potestad de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños.

Recientemente, Bolaños ha concedido la condición de víctimas a 31 personas como damnificadas por la represión policial en los sucesos del 3 de marzo de 1977 en Vitoria-Gasteiz, en los que cinco trabajadores murieron y más de un centenar resultaron heridos.

El reconocimiento de víctima no es sólo una consideración administrativa y simbólica, supone colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

Al reubicar a Caparrós entre las víctimas del tardofranquismo, el reconocimiento que ultima el Gobierno sale de la Ley de Memoria, como “víctima de persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”.

Así constaba en el artículo 10 de la primera Ley de Memoria, de 2007, que fue derogado en 2022 y ahora se prevé actualizar para “promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal”, para que su familia tanta derecho a una indemnización económica y acceda a ayudas y exenciones fiscales.

La solución precipitada que ha gestionado el Gobierno busca reparar la frustración de las hermanas de García Caparrós, pero también pacificar a las izquierdas andaluzas y al PSOE. El grupo Por Andalucía, donde se ubica IU y Movimiento Sumar, tildó de “vergonzosa” la decisión de Interior y este mismo jueves, durante la sesión de control al Gobierno de Juanma Moreno, anunció una proposición de ley en el Parlamento para instar al Congreso a modificar la legislación para honrar al joven malagueño y otorgarle el reconocimiento de víctima.

Lo ha anunciado su portavoz, Inmaculada Nieto, en su cara a cara con Moreno. El presidente andaluz le ha recordado que esa potestad es del Gobierno central y que “en Madrid queda más legislatura que aquí” para tramitar una proposición de ley en favor de Caparrós. El texto de la ley de Por Andalucía es más un posicionamiento político, que expresa la solidaridad de esta izquierda con la familia del malagueño y la indignación con el Gobierno de Sánchez, una vez que el Ministerio de Presidencia ha confirmado que aprobará una modificación ad hoc de las leyes para resolver el conflicto.

Una vez lo aprueba el Consejo de Ministros, las dos reformas legales irán al Congreso, donde necesitan el voto mayoritario de la Cámara. En ese momento, el PP de Alberto Núñez Feijóo tendrá que posicionarse. La portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha instado a Moreno a ejercer su influencia sobre su jefe de filas y garantizar que los diputados populares en la Cámara Baja y en el Senado respaldarán las dos reformas legales.