El Gobierno impulsa el Estatuto Marco en pleno conflicto entre Sanidad y los médicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud. Una norma que establece un “marco común” para todo el territorio y que ha soliviantado a los sindicatos médicos, en pleno conflicto con la ministra de Sanidad, Mónica García.

“El Gobierno de España ha hecho su parte”, ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz, que ha mencionado “mejoras históricas”. “Una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no depende ya del Ministerio. Son las comunidades autónomas las que tienen competencias sobre salarios, servicios y condiciones de trabajo” del personal sanitario, ha dicho.

El Ministerio llegó a un acuerdo para la primera actualización del Estatuto Marco en dos décadas con los sindicatos de la mesa general del ámbito —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde— en enero. Con el paso dado este martes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto pasa a la fase de audiencia pública, donde organizaciones y particulares pueden realizar aportaciones antes de su remisión al Congreso.

El texto, indican desde Sanidad, limita las guardias “a un máximo de 17 horas, siete menos que en la actualidad y sin perdida retributiva, mientras que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 establecido por la normativa europea”. Además, “refuerza la estabilidad en el empleo con la convocatoria obligatoria de oposiciones cada dos años, introduce la figura del personal estatuario investigador y profesionaliza la gestión directiva mediante procesos públicos y transparentes”.

El acuerdo entre los sindicatos de la mesa y Sanidad contempla también una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de temporalidad y limita a tres años el nombramiento de plazas vacantes en un sector donde la temporalidad ha estado a la orden del día.

En el marco de la clasificación profesional, el anteproyecto de ley se adapta al marco europeo, indican desde el departamento que dirige Mónica García, al “estructurar al personal en grupos atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso”.

El trámite llega en pleno conflicto con los sindicatos médicos, que no se sienten representados en la mesa general, elegida entre todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud —también, pero no solo, los médicos—.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) convocaron en enero un calendario de movilizaciones, que incluye una semana de huelga al mes, al menos, hasta junio. La quinta será del próximo día 15 al 19.

Este mismo lunes, el Comité de Huelga mantuvo un encuentro con el Ministerio, con los puentes maltrechos. “Sanidad no tiene intención de desbloquear el conflicto, tras una nueva reunión que concluye sin propuestas”, indicaron estos sindicatos en un comunicado en el que avanzaban la intención del equipo de García de “reunirse en los próximos días con el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salus para abordar posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la Administración y, en esa línea, clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno”.

Los sindicatos médicos tienen también convocadas huelgas coincidentes con algunas comunidades autónomas, quienes tienen transferidas buena parte de las competencias en sanidad.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del Estatuto Marco, desde Sanidad recuerdan que, “a partir de este marco básico, las comunidades autónomas deberán desarrollar y adaptar estas medidas a sus respectivos servicios de salud mediante sus políticas de recursos humanos y procesos de negociación”. En el caso de las medidas organizativas en materia de jornada, dan un plazo de cinco años.

El Comité de Huelga ha insisto en los últimos días en que sus reivindicaciones “siguen centrándose en un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.