Marlaska pide volver a reformar la Ley de Memoria para reconocer a Caparrós como víctima tras denegárselo desde Interior

La decisión del Ministerio de Interior de denegar la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía en la manifestación por la plena autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, ha cimbreado por sorpresa la relación de los socios de Gobierno [PSOE y Sumar] y enfrentado a las izquierdas.

El terremoto político que ha provocado este asunto en Andalucía, a las puertas del 28F y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ha obligado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a salir al paso para calmar las aguas con una propuesta sorprendente: volver a reformar la Ley de Memoria, recuperando un artículo derogado de la versión anterior (de 2007), para dar encaje al caso de García Caparrós como “víctima del franquismo” y así poder indemnizar y resarcir a su familia.

La resolución de la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, adelantada por elDiario.es el martes, fue comunicada por carta a las hermanas del joven malagueño en la antesala del Día de Andalucía (este sábado), desatando una sonora bronca entre los partidos del espacio progresista, con cruce de reproches entre diputados de Adelante Andalucía, Por Andalucía (IU, Sumar) y el PSOE.

Los del partido fundado por Teresa Rodríguez han llegado a pedir la dimisión del ministro del Interior y han exigido a Sumar que se salga del Gobierno de Pedro Sánchez. “Después decimos que si le regalamos el andalucismo a la derecha, si es que se la ponemos botando”, ha dicho el portavoz de Adelante, José Ignacio García, desde la tribuna del Parlamento, durante la sesión plenaria de este jueves. Destacados dirigentes de IU, como Antonio Maíllo, y de Sumar, han tildado el rechazo de Interior de “vergonzoso” y han exigido a Sánchez que “cumpla con el compromiso con la familia Caparrós”.

Los diputados socialistas han tenido que improvisar una justificación al portazo del Gobierno, anunciando una iniciativa en el Parlamento andaluz para que sea el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno quien gestione el reconocimiento de García de Caparrós como víctima del Estado, en el marco de la Ley andaluza de Memoria.

El PSOE-A ha culpado de la negativa de Interior a “una ley de Rajoy”, en alusión a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que ha esgrimido el Ministerio para concluir que los hechos que concurren en la muerte de García Caparrós, “aún siendo execrables” y de “extrema gravedad”, “no tienen encaje en la ley”.

Los dos supuestos que establece la norma para obtener el reconocimiento de víctima del terrorismo y, por ende, tener acceso a ayudas e indemnizaciones por parte del Estado están tasados en la ley y no se cumplen en el caso del joven malagueño: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

El revuelo político en Andalucía, en la semana del 28F y a cerca de unas elecciones autonómicas inminentes, ha salpicado a la líder del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero se había reunido con las hermanas de Caparrós -Purificación, Francisca y Dolores- después de que el Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Sumar, desclasificase el pasado noviembre el expediente secreto del asesinato del joven sindicalista, bajo llave durante 49 años en los archivos de la Cámara baja. Una reinvindicación de la familia desde hace casi medio siglo.

El eco de la algarabía que se ha montado en Andalucía ha llegado hasta el Congreso, donde Marlaska ha tenido que salir al paso y ha defendido que la citada Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que data de 2011, impide reconocer a García Caparrós como tvíctima del terrorismo de Estado, como ha resuelto un informe jurídico, a petición de la Dirección General de Víctimas.

No obstante, el ministro ha propuesto una solución, indicando que el caso del joven sindicalista parece más propio del artículo 10 de la primera Ley de Memoria Histórica (2007), que fue derogado en la segunda Ley de Memoria Histórica y Democrática (2022). Por eso ha sugerido al Congreso una reforma urgente de esa ley que permita un resarcimiento a la familia de García Caparrós, con la que dice estar de acuerdo.

Marlaska defiende que el malagueño muerto por un disparo de Policía en una manifestación autonomista en el 77 debe ser reconocido como “víctima de persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”, como recoge el citado artículo de la Ley de Memoria, que serviría para “promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal”. Para que su familia accesa a esa indemnización, sería preciso recuperar el artículo 10 derogado de aquella ley de 2007.

El ministro ha sido preguntado por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, por la decisión del Ministerio de denegar la condición de víctima del terrorismo al joven sindicalista. La ley reconoce esa condición a “cualquier víctima de un grupo que intenta poner en tela de juicio, los valores democráticos”, como un grupo terrorismo armado, ha explicado.

Y por eso hace dos o tres años se dio el reconocimiento de víctima del terrorismo a Vicente Cuervo, que también fue asesinado en una manifestación en 1980, pero en su caso por parte de un grupo terrorista de extrema derecha. En cambio, García Caparrós recibió el disparo mortal de la Policía Armada, y su caso jurídicamente no tiene amparo legal en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011, ha añadido el ministro.

Sí tendría encaje en la primera Ley de memoria, la que se hizo en 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que en su artículo 10 permitía reconocer una indemnización a los fallecidos en defensa de la ley y la democracia desde 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, informa Europa Press.

Pero la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue modificada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 con la Ley de Memoria Democrática, y ese artículo 10 quedó derogado sin que hasta ese momento constara ninguna reclamación por parte de la familia. Así las cosas, Marlaska considera que la solución a este caso sería acometer una “reforma urgente” de la Ley de Memoria de 2022 para volver a incorporar lo que establecía el artículo 10 de la de 2007. “Esa posibilidad está en sus manos --ha dicho a los grupos parlamentarios--, y yo lo entendería más que oportuno. Creo que sería la vía más rápida”.