El Gobierno valenciano alega falta de fondos para Educación pero baja impuestos a los ricos y rechaza los 3.600 millones extra de la financiación

“Son unas reivindicaciones que, por supuesto, superan la capacidad de la Comunitat Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación”. La consellera de Educación, Carmen Ortí, se pronunció en estos términos el pasado 4 de mayo tras el pleno del Consell celebrado en la Vila-Joiosa.

Ortí, tras analizar las peticiones del comité de huelga (STEPV, CSIF, CCOO y UGT), cifró en 2.400 millones de euros al año el coste de las medidas propuestas por el profesorado. Una cifra muy superior a los entre 300 y 525 millones anunciados una semana antes y de la que los sindicatos desconfían al desconocer cómo se ha calculado.

En materia salarial, las entidades exigen “una recuperación progresiva del poder adquisitivo”, la revisión anual del IPC y la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo. También plantean la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva en personas mayores de 55 años. 

Otras medidas solicitadas que tendrían un impacto para las arcas públicas son la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo, el refuerzo de profesionales que trabajan con alumnado con necesidades específicas y una bajada de ratios. En concreto, estas entidades plantean que Infantil y Primaria tengan aulas de 15 alumnos (10 menos que ahora) y que ESO y Bachillerato cuenten con 20 estudiantes (10 y 5 menos que actualmente). Entre otras medidas, cabe destacar un plan de adecuación climática, la culminación del Pla Edificant o la agilización de la reconstrucción de los centros afectados por la Dana.

Más allá de la guerra de cifras, llama la atención que el Consell de Pérez Llorca achaque a la infrafinanciación la imposibilidad de avanzar hacia estas propuestas cuando el propio Pérez Llorca ha rechazado el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno que implicaría un aumento de 3.669 millones de euros anuales de aportaciones del Estado a la Comunitat Valenciana. El esqueleto planteado por el Ministerio de Hacienda, que recoge reivindicaciones valencianas como calcular los recursos en función de la población ajustada, la autonomía dejaría de liderar el ranking de las peor financiadas y se situaría dos puntos por debajo de la media.

El jefe del Consell se acogió a la ausencia del fondo de nivelación (al que se opuso el propio PP en el Senado) y de la condonación de la deuda histórica para posicionarse en contra de un modelo que tanto los expertos valencianos, como empresarios y sindicatos vieron como un buen punto de partido a partir del cual empezar a trabajar.

Pero no solo se han rechazado esos 3.669 millones adiciones, sino que además el Gobierno valenciano sigue con su política de reducción de impuestos a las rentas altas. Así, tras aprobar a finales de 2023 la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, que pagan los grandes patrimonios, y que tiene un impacto anual cercano a los 300 millones de euros, ahora ha extendido las deducciones para actividades deportivas o adquisición de gafas a personas con salarios más que acomodados, en concreto de hasta 60.000 euros.

Intersindical ve las cifras de la conselleria “desorbitadas”

El portavoz de educación en Intersindical, Marc Candela, ha comentado que desconoce de dónde se saca la consellera Ortí los 2400 millones de euros que se supone que cuesta atender sus demandas: “La consellera no ha desglosado en ningún momento esa cantidad según los seis temas que se reivindican, pero consideramos que es una cifra desorbitada. En todo caso, en ningún momento los sindicatos hemos solicitado que la aplicación de los seis temas que proponemos se realice de forma inmediata, porque también somos conscientes que es un esfuerzo presupuestario importante. Pero como la conselleria parece que no quiere negociar todos los temas ni dar ningún tipo de explicación, más allá de dilatar al máximo la posible negociación e intentar enfrontar profesorado y familias y alumnado, no tenemos más remedio que continuar con las movilizaciones”.

Por otra parte, Candela ha puesto de manifiesto que “parece que para negociar mejoras en la enseñanza pública no hay dinero, pero para financiar los centros que segregan del Opus sí, o sí que es posible mantener los ciclos formativos de FP en la privada mientras recortan en la pública, entre otras cosas”.

Por su parte, fuentes de CSIF han recordado que fue el primer sindicato que puso cifras y que en febrero planteó una subida salarial de 300 euros mensuales para equiparar al personal docente valenciano a la media nacional y después de una progresiva pérdida de poder adquisitivo al tiempo que insisten en pedir a la conselleria que se siente a negociar con propuestas reales.