Compromís denuncia que la Generalitat sostiene con dinero público colegios del Opus que segregan por sexo

La coalición Compromís denuncia que la Generalitat Valenciana sigue financiando con fondos públicos a colegios que segregan por sexo, una cuestión que vulnera la ley. La coalición ha enviado un requerimiento a la Conselleria de Educación para advertir de la irregularidad, al apreciar que se han renovado conciertos educativos en siete centros vinculados al Opus Dei. La ley de educación establece que “no podrán suscribir conciertos educativos los centros que desarrollen el principio de coeducación mediante la segregación del alumnado por sexo”.

La renovación supone un coste de al menos 12 millones de euros anuales para las arcas públicas valencianas, alcanzando los 72 millones de euros hasta 2031, según han denunciado el portavoz de la coalición, Joan Baldoví, y el diputado Gerard Fullana. Los colegios beneficiados son: Torrenova y Miralvent en las comarcas de Castelló; Vedat, Vilavella y Guadalaviar en las comarcas de València; y Aitana y Altozano en las de Alicante, señalan.

Son centros que “intentan justificar artificialmente” que no segregan por sexo, en la práctica siguen separando al alumnado entre niños y niñas, denuncian los valencianistas. “Su modus operandi consiste en mantener formalmente una matrícula mixta para aparentar que cumplen la ley, pero después presionan a familias del sexo que no quieren admitir para que cambien de centro. En algunos casos figura que hay matriculado únicamente a un niño o a una niña en las etapas de entrada para intentar justificar artificialmente que no segregan”, ha explicado Fullana. 

Según los datos recopilados por Compromís en una respuesta parlamentaria, estos siete centros suman actualmente 4.347 alumnos y alumnas, de los cuales 3.951 continúan escolarizados en dinámicas de segregación por sexo, lo que supone el 91% del alumnado total.

Fullana ha detallado que esta investigación se inició el pasado verano a raíz de una denuncia de unos familiares que fueron “presionados” por unos de estos centros para que su hijo lo abandonara “por cuestión de género”. Ante esta situación, la coalición ha solicitado a la Conselleria de Educación una serie de documentación y dispone de un informe jurídico que muestra “ilegalidades evidentes” en esta materia.

La coalición señala directamente a la consellera de Educación, Carmen Ortí, por su responsabilidad política en esta decisión, ya que el año pasado fue la encargada de la renovación de estos conciertos educativos hasta 2031, cuando ocupaba el cargo de subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados dentro de la propia Conselleria. Según la Orden 6/2025 de 9 de abril, donde se detallan las funciones de dicho cargo, Ortí ostentaba la competencia de tutelar el proceso.