Pérez Llorca se enroca y exige para aceptar la nueva financiación un fondo de nivelación que el PP tumbó en el Senado

La reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno central pone en un aprieto al PP valenciano. Reduce —que no elimina— la brecha entre comunidades y aporta un montante interesante para la Comunitat Valenciana: 3.669 millones de euros más al año, suficientes, según los cálculos rápidos, para cubrir el gasto y dejar de acumular déficit. Con el esqueleto planteado por el Ministerio de Hacienda, que recoge reivindicaciones valencianas como calcular los recursos en función de la población ajustada, la autonomía dejaría de liderar el ranking de las peor financiadas y se situaría dos puntos por debajo de la media. Y pese a estos avances, que los populares no niegan, los valencianos no pueden posicionarse a favor.

El Ejecutivo autonómico que dirige Juan Francisco Pérez Llorca tiene que capear sus contradicciones en un debate que lleva años encallado. Al contrario de lo que suele ocurrir en otros temas, el PP valenciano no se ha lanzado al ataque contra el Gobierno central, sino que más bien mantiene un perfil más bajo en este asunto, que resulta clave para las políticas públicas. Pese a que su consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, consideró que la propuesta “no pintaba mal”, la postura de la Generalitat es de rechazo. No porque no sean recursos suficientes —que, a priori, lo son— sino porque no incluye el fondo de nivelación o la condonación de la deuda histórica. Dos de los tres grandes problemas financieros que tiene la autonomía. El tercero: el modo de repartir los recursos y los recursos en sí, que es lo que quiere abordar el PSOE antes de acabar la legislatura con esta propuesta. Rovira ha pasado a considerar la propuesta un “chantaje” y la reunión “negativa”; Pérez Llorca cree que “polariza” y liga el apoyo a que haya un fondo de nivelación; ambas declaraciones realizadas tras el rechazo firme de Génova. Los populares valencianos insisten en la necesidad de una inyección de recursos al margen del modelo, mientras este se aprueba, pero rara vez se ha asumido por el partido.

El fondo de nivelación, un aporte extra de recursos para compensar la escasez de fondos del Estado de 1.300 millones anuales, es una medida que genera consenso en la Comunitat Valenciana —excluyendo a Vox, que sistemáticamente rechaza las propuestas de financiación como rechaza el modelo autonómico—. El antecesor de Pérez Llorca, Carlos Mazón, también lo reclamó al Gobierno central y se manifestó a favor en las Corts Valencianes. Lo apoyan los partidos de izquierdas y lo apoyan los expertos en financiación. Quien no lo apoyó fue el PP de Alberto Núñez Feijóo, que votó en contra en el Senado. En octubre de 2024 los conservadores valencianos aprobaron en la Cámara Alta un texto que defendía un modelo de financiación autonómica que beneficia a las comunidades que ya reciben fondos del Estado por encima de la media, como Galicia o Castilla y León. En esa propuesta bo había referencia alguna al fondo de nivelación y los populares rechazaron una enmienda del senador de Compromís Enric Morera que pedía esta medida para la Comunitat Valenciana. La enmienda fue un calco de una propuesta que Carlos Mazón presentó en las Corts Valencianes.

Previamente, en julio de 2024, los populares apoyaron un fondo de nivelación con Compromís y otros partidos como ERC o Blidu. La postura sobre la excepcionalidad no queda del todo clara. Tampoco en el partido: en la cumbre de los populares españoles de septiembre de 2024 Feijóo asumió que hacía falta una compensación a las comunidades infrafinanciadas, algo que Mazón vendió como una promesa y un éxito del partido, pero en la propuesta de ponencia política que el PP aprobó el pasado verano ese compromiso se esfumó.

En paralelo a la presión de Génova, que ha hecho que el PP manifieste rechazo en bloque, está la que puede ejercer Vox. Socio único de los populares valencianos en las Corts Valencianes —de ellos depende el Consell de Pérez Llorca—, acaba de registrar una propuesta para rechazar la propuesta, que vinculan al independentismo. Los dos brazos que sostienen al president rechazan este modelo. El dirigente valenciano no se cierra en banda a apoyar una propuesta que parte del PSOE, pero la condiciona.

Los populares valencianos evitan en público analizar la propuesta —la parte que se conoce: que la Comunitat Valenciana recibirá 3.669 millones de euros más al año— y se enrocan en la crítica a las formas: que se presentó tras un pacto con Esquerra Republicana de Catalunya antes de anunciarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que a su juicio desvela que es un chantaje del independentismo.

La ministra de Hacienda ha planteado ahora que, si a las autonomías no les gusta, pueden elegir quedarse con el modelo de reparto actual. Y que si al PP tampoco le gusta, que presente una propuesta propia.

Los expertos valencianos avalan el reparto, con matices

El grupo de economistas que asesora al Ejecutivo valenciano considera positivo que se aumenten los recursos para la Comunitat Valenciana pero insiste en la necesidad de compensar la deuda histórica: “Hay que recordar el desequilibrio financiero”. Capitaneados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), creen que podría suponer un incremento “sustancial” de recursos para la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, según los expertos en financiación, la propuesta no resuelve todo el problema valenciano. La autonomía lleva años acumulando deuda y necesita que el Gobierno central la sanee. Para arreglar las cuentas valencianas se necesita la condonación de la deuda histórica —derivada de años de infrafinanciación, que los expertos cifran en unos 40.000 millones de euros, el 80% del total de la deuda— y medidas correctivas temporales que no aumenten la brecha.

Fedea cree que mejora la estructura general pero ve “parches” cuestionables

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los referentes en materia de financiación autonómica, valora que “la propuesta mejora la estructura general del sistema, pero sólo ligeramente. Siguiendo la recomendación prácticamente unánime de los analistas, el Gobierno propone suprimir los Fondos de Convergencia y, en parte, el Fondo de Suficiencia”, según un informe publicado por Ángel de la Fuente. Es, en resumen, un modelo más simple y más equitativo, aunque opina que los fondos de cambio climático y el IVA pyme reintroducen la arbitrariedad; el núcleo central es “muy razonable” aunque hay “parches” más cuestionables para el autor.

En su estudio, publicado este martes, apenas una semana después de publicarse las líneas básicas del modelo, De la Fuente estima que la Comunitat Valenciana mejoraría su posición en el ranking reparto de recursos y deja a la autonomía 2,2 puntos por debajo de la media (con el actual, está siete por debajo). La valenciana, que en la última década ha competido con Murcia por ser la peor financiada, sería la octava autonomía mejor financiada de las 15 que participan en el sistema de financiación.

De la Fuente se manifiesta contrario a una mayor inyección de recursos del Gobierno a las comunidades en este momento: la cesión, explica, “agravará los problemas financieros de la Administración Central, que ya mantiene un déficit considerable (...) y dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en el que las presiones sobre sus recursos son cada vez más fuertes debido, entre otras cosas, a las mayores necesidades de gasto en defensa y el creciente déficit contributivo de la Seguridad Social”. El mayor aporte de la Administración Central a las autonómicas es una medida que han defendido otros expertos como el exconseller de Hacienda y catedrático de Economía Vicent Soler para paliar la insuficiencia de recursos.