Ayuso y los rectores firman un acuerdo para las universidades: Madrid subirá la financiación un 41% hasta 2031

Mini-punto para Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los seis rectores de las universidades públicas de Madrid para poner en marcha un plan de financiación plurianual en los centros públicos. Con este pacto, que firmarán las partes esta mañana, la presidenta resuelve, al menos temporalmente, la crisis institucional abierta en la región en los últimos meses a cuenta del estado económico de los campus. El pacto contempla un aumento de los fondos (un 41% en la parte que aporta la Comunidad de Madrid, al final del ciclo 2026-2031) y también de los controles económicos a las universidades.

Tras la firma de un acuerdo que ambas partes han calificado de “hito”, Ayuso ha desgranado los detalles del pacto, aunque lo ha hecho hablando de cifras globales, mezclando las transferencias de la Comunidad de Madrid con los ingresos por tasas y precios públicos y otros programas. La presidenta ha explicado que hasta el año 2031 las seis universidades tendrán 14.790,7 millones de euros, de los que el Gobierno regional aportará 12.294 (un 83%). Durante su intervención, Ayuso ha mezclado datos y omitido otros.

La nota de prensa posterior emitida por la Comunidad aclaraba un poco los datos brutos de Ayuso. Los 14.790 millones de euros es el total del dinero del que dispondrán las universidades y la parte regional, 12.294 millones de euros, incluyen también el capítulo III, que son los ingresos por precios públicos y tasas que tiene cada universidad, y “los programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas”. Esta partida supone ya una parte importante de los ingresos de los centros. Un ejemplo: la Complutense ingresa 141 millones de euros por este capítulo III, según recogen sus presupuestos, lo que supone más de un 33% de transferencia anual que realiza el Gobierno regional (412 millones, según los últimos presupuestos aprobados).

Así, la aportación propia de la Comunidad de Madrid realmente subirá realmente un 41% al final del ciclo 2026-2031, y pondrá sobre la mesa un total de 480 millones de euros extras el último ejercicio, 2031, con lo que superará los 1.700 millones de euros en fondos para las seis universidades públicas en 2031. Esto supone que la Comunidad de Madrid subirá la partida que destina a universidades en 80 millones de euros anuales (de media) durante seis ejercicios, para pasar de 1.239 millones a esos 1.700 millones de euros. Este año la partida ha subido 75 millones, un 6,5%, un aumento que la oposición en la Asamblea y en las universidades calificaron de “insuficiente”.

El Gobierno regional ha desgranado los aumentos pactados por universidad. “Sin tener en cuenta los fondos comunes (financiación por objetivos o la específica para inversiones)”, que serán partidas menores, la Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid 2.914,2 millones de euros en seis años (son 485 al año, una subida media aproximada del 18% desde los 410 que recibió en el último ejercicio); la Autónoma, 1.260,5 millones (un 16% de subida media); la Universidad de Alcalá, 763 millones (6,7%); la Carlos III, 850,1 millones (8%); la Politécnica, 1.676,3 millones (6,4%), y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros (13,2%).

Supondrá, en su momento álgido y sin contar el previsible aumento del PIB que hará el crecimiento relativo aún más pequeño, pasar de una inversión del 0,4% del PIB a poco más del 0,5%. La ley estatal universitaria fija el 1% del PIB como meta para la inversión en universidades.

Pero los rectores –han firmado el acuerdo con la presidenta los mandatarios de la Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea (también presidenta de la Cruma, la asociación de rectores de Madrid), la Complutense, Joaquín Goyache, la Carlos III, Ángel Arias, la Politécnica, Óscar García, la Rey Juan Carlos, Abraham Duarte, y la vicerrectora de Posgrado Formación Permanente y Extensión Universitaria, Margarita Vallejo– se han mostrado satisfechos con el acuerdo.

“La firma del acuerdo es además de un enorme motivo de satisfacción un verdadero hito”, ha valorado Mendikoetxea en calidad de portavoz del resto. La rectora de la UAM, que ha recordado el acto “inusual” que protagonizaron hace dos años para reivindicar una mejor financiación, ha agradecido personalmente su implicación a Ayuso y al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por su implicación en las negociaciones. “El acuerdo reconoce a las universidades públicas como un activo estratégico esencial para desarrollo científico, cultural y económico de la región”, ha valorado. “Este acuerdo no cierra una etapa, aunque en cierto modo sí, pero lo que hace fundamentalmente es abrir otra: para las universidades es el reconomiento de que existe una necesidad que debe ser atendida en el tiempo”.

La presidenta ha destacado que, por primera vez, las universidades tendrán un plan de financiación anual que les permitirá planificar a medio plazo, y también ha anunciado que el acuerdo contempla reforzar “los mecanismos de supervisión y evaluación de las cuentas de las universidades con contabilidad analítica y auditorías internas y externas”, como hacen el resto de organismos públicos, ha asegurado. “La Comunidad de Madrid multiplica su compromiso con la universidad pública madrileña”, ha dicho Ayuso.

La salida del Ejecutivo hace dos semanas del consejero de Educación, Emilio Viciana, y del grupo de los Pocholos, y el cambio por Mercedes Zarzalejo, junto a la intervención de la Consejería de Presidencia –presente en la reunión ayer entre Comunidad y Cruma, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid en la que se cerró el pacto– ha desatascado una negociación enquistada. Se espera que el Gobierno regional ofrezca los detalles del acuerdo a partir de las 13 horas, pero algunas fuentes especulaban la semana pasada con una subida gradual del presupuesto hasta alcanzar los 1.600 millones de euros dentro de cinco años, una cifra que a la presidenta de la Cruma y rectora de la Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, le sonaba razonable, según explicó en una entrevista con Europa Press. Sería un aumento del 30% sobre los 1.239 millones actuales, aunque medido sobre el PIB supondría apenas pasar del 0,4% al 0,5%. La ley de universidades establece el 1% como meta.

Se le cierra (aparentemente) un frente a Ayuso, pero eso no quiere decir que vaya a acabar con la crisis en la universidad. La presidenta –y quizá también ahora los rectores por haber firmado– seguirán teniendo enfrente la oposición de las seis asambleas en defensa de las universidades públicas, que ya han anunciado que rechazan cualquier cifra de financiación que no se acerque a ese 1%. “Si nuestros rectores y gobernantes hacen anuncios oficiales que vayan en contra de los objetivos mínimos que tenemos, las Plataformas advertirnos que nos reuniremos de urgencia para organizar y convocar las movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos señalados”, señalaron este lunes a través de una nota.

Y son las plataformas, no los rectores, quienes han liderado la protesta contra el Gobierno regional en los últimos meses. Son las plataformas las que convocaron una huelga que paralizó los campus el pasado mes de noviembre, punto de inflexión en las reivindicaciones que le acabaría costando el cargo a Viciana. Son las plataformas las que han mantenido viva la protesta, y no piensan parar, sostienen.

Pero la presidenta al menos dejará de oír quejarse a los rectores, que en el último año y medio han salido tres veces a protestar conjuntamente por la falta de financiación.

Las universidades necesitaban el acuerdo con urgencia. La situación de algunos centros, como la Complutense o la Rey Juan Carlos roza la desesperación. La primera ha tenido que pedir un crédito de 34 millones de euros para seguir funcionando, la segunda ha cerrado el pasado ejercicio con un déficit de 76 millones de euros.

Un camino diferente ha seguido la ley de universidades, el otro gran encargo que tenía Viciana, que la presidenta quería haber aprobado el pasado diciembre, pero que actualmente ni está ni se la espera. El texto tenía una gran influencia de Antonio Algarra Castillo, conocido como Rasputín en el Gobierno regional, un dramaturgo con gran ascendente sobre Viciana y sobre la propia Ayuso y líder del grupo de los Pocholos, hoy fuera de las estructuras de poder tras marcharse con Viciana. Pero los rectores habían rechazado de plano la propuesta de ley, que veían incorregible. Su apuesta iba por redactarla desde cero de nuevo, y la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, parece haber aceptado que es la única vía factible.