Hacienda traslada a las comunidades que la nueva financiación será voluntaria y podrán seguir con la caducada

El Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo sistema de financiación que ha propuesto el Gobierno será voluntaria, algo que ya se establece en la Ley de 2009, por lo que permitirá a las regiones que lo deseen permanecer con el modelo que lleva caducado desde 2014.

Fuentes del Ministerio de Hacienda detallan que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a que solo se adscriban al nuevo modelo aquellas comunidades que lo consideren, permitiendo que continúen con el diseñado durante el Gobierno de Zapatero.

No sería la primera vez que algunas de las comunidades se descuelgan del modelo en vigor para seguir con el anterior. Ya sucedió entre 1997 y 2001, cuando las comunidades dirigidas por el PSOE (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha) rechazaron el diseñado por el Ejecutivo de José María Aznar y siguieron con el que estaba en marcha entonces. De hecho, en el Ejecutivo recuerdan que es algo que ya está en vigor en la ley de 2009.

El Gobierno ha presentado ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano mutilateral que reúne a Hacienda con los responsables autonómicos del ramo, la propuesta para reformar el modelo de financiación regional que el Ejecutivo cerró con ERC. El planteamiento Montero supone casi 21.000 millones de euros más de recursos para las comunidades, a través de una mayor cesión de los principales impuestos (IRPF e IVA) y de transferencias adicionales por parte del Estado, además de otros mecanismos.

La reunión es meramente informativa, ya que el Gobierno no llevará a votación la propuesta hasta que tengan diseñada la ley. El Ejecutivo convocará entonces un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en algunos gobiernos autonómicos esperan que se celebre a finales de febrero.

Después de la cita de este miércoles, en la que los consejeros autonómicos del PP (la mayoría) han cargado en tromba contra la propuesta del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo comenzará una serie de reuniones bilaterales de caracter técnico para profundizar en los pormenores del modelo.

“Champán y caviar” para el independentismo

La consejera de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), ha dicho a su llegada a la reunión que acude “con bastante incertidumbre y también con bastante indignación” porque el “modelo de financiación Montero”, significa “champán y caviar” para el independentismo y “el menú del día, pero sin postre” para el resto de las comunidades. Andalucía es, precisamente, una de las más beneficiadas por el proyecto de Montero, ya que sumaría 4.800 millones más que con el sistema en curso.

Unas críticas a las que también se ha sumado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que dirige el PSOE de Emiliano García Page. El responsable castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tachado de “falta de respeto” la propuesta acordada con ERC.

El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.