Delirio penal

Puede que ahora cueste trabajo imaginarlo, pero dentro de unos pocos años estoy seguro de que la mayoría se preguntará cómo fue posible la espiral de delirio penal en la que hemos ido cayendo porque aquí hay que ganar o por lo civil o por lo criminal. Todas las buenas personas que hoy se preocupan de buena fe por la politización de la justicia, la independencia judicial o la separación de poderes puede que acaben sintiéndose entonces tan engañadas como las buenas personas que, también de buena fe, se creyeron lo de ETA en el 11M, los terroristas que no estaban en desiertos lejanos y el Titadine.

Cuesta trabajo decidir qué preocupa más. Que se considere materia penal un puesto en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de una diputación, o que se condene por prevaricación mientras se reconoce que no ha habido tráfico de influencias ni presiones externas; dejando así sin respuesta la capital cuestión que se suponía el juicio oral debería haber resuelto: para quién se prevarica y por qué en el caso de David Sánchez.

La opinión que la Audiencia de Badajoz pueda tener sobre la pertinencia o no de una plaza en una RPT tiene el mismo valor que la mía o la suya, pues ninguno somos expertos en la materia. Si vamos a dar valor probatorio a todos los emails, comentarios y wasaps donde alguien dice que la plaza 'x' es para menganito, entonces media España acabará condenada por prevaricación y la otra por tráfico de influencias en un delirium tremens penal colectivo.

Cuesta trabajo escoger qué preocupa más. Que la Audiencia Provincial de Madrid permita juzgar a Begoña Gómez por un tráfico de influencias y una malversación cuya beneficiaria directa es la Universidad que ingresa los fondos de patrocinio o se queda con el dichoso software, o que no lo permita por la apropiación indebida y la corrupción en los negocios que darían algún sentido a que la acusada hubiera malversado o traficado con influencias. El esfuerzo de imaginación que exige conectar el delito de malversación de caudales de la Presidencia del Gobierno con la creación de un software gratuito propiedad de una universidad para imputar a Cristina Álvarez, la infortunada ayudante de Begoña Gómez, va más allá de cualquier género fantástico conocido.

Cuesta trabajo resolver qué preocupa más. Que aquellos míticos cinco millones y medio en comisiones que nos aseguraba el juez Serrano que había cobrado la trama Cerdán se hayan quedado en treinta mil euros al año durante una década, o que la UCO considere que no sacar dinero de un cajero constituye una prueba de algo por no haberse enterado de que ya casi no quedan cajeros porque la gente ha dejado de usarlos. Pregúntese cuando fue la última vez que sacó dinero de un cajero y luego corra a efectuar alguna retirada sino quiere que la guardia Civil le empapele por algo. De que se consideren siquiera indicios comentarios vertidos por funcionarios en emails sobre tal o cual plaza en una diputación mejor no hablar porque sólo nos conduciría a la melancolía.

El derecho Penal debiera ser, por su carácter punitivo y restrictivo de las libertades, una jurisdicción a ejercer siempre de manera proporcionada y atendiendo al principio de mínima intervención. Igual que corresponde a la acusación la obligación de probar la culpabilidad, pues el acusado nada tiene que demostrar. Igual que corresponde al juez de instrucción el deber de velar por los derechos de todos los implicados en una instrucción e investigar todas las versiones y relatos posibles; no únicamente la que le gusta, la que le pone, la que le interesa o la que le conviene.

Cada vez que alguien sostiene alegremente que no pasa nada por investigarlo todo y que si hay excesos ya los corregirá una instancia superior, el padre de la pirámide constitucional, Hans Kelsen, muere otra vez. De esto debiera preocuparse el CGPJ. No de que se critique a los jueces igual que se critica a los ministros, a los periodistas, a los diputados o a los futbolistas; va en el sueldo.