La presidenta de la Sección que ha avalado al juez Peinado contra Begoña Gómez aspira a la Sala de lo Penal del Supremo

El juez Juan Carlos Peinado perderá protagonismo en las próximas horas o días en el caso contra Begoña Gómez. Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya han adoptado la decisión clave sobre la mujer del presidente del Gobierno: avalan la parte sustancial de la atrabiliaria instrucción del magistrado y Gómez acabará sentada ante un tribunal del jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación. En esa decisión ha tenido un papel clave María del Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23 de la Audiencia Provincial, quien acordó que fueran los cinco magistrados que la componen quienes participen en la decisión sobre lo que ella y dos más han venido haciendo hasta ahora.

Esteban Meilán es una de las aspirantes a alcanzar la cumbre profesional de cualquier magistrado especializado en Derecho Penal: acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a través de una de las plazas que se deben renovar en los próximos meses por jubilación. Fuentes del Poder Judicial sitúan en septiembre el comienzo de las entrevistas, después de los primeros encontronazos entre los sectores conservador y progresista sobre los candidatos y los tiempos para los nombramientos. La Sala Segunda es la máxima instancia penal y recientemente ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a dos años de inhabilitación al ex fiscal general Álvaro García Ortiz.

María del Rosario Esteban Melián ha participado en las decisiones que han permitido a Peinado hacer crecer una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa hasta construir una procelosa y enrevesada instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez. La Sección 23, como segunda instancia que revisa las decisiones de Peinado, ha corregido algunos de sus despropósitos, como su insistencia por implicar a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa –en contra incluso de los informes de la UCO–, atribuirla el delito de intrusismo profesional o imputar a varias personas que no tenían relación con los hechos. Sin embargo, la sección de Esteban Melián ha avalado, cuando no impulsado, las tesis de Peinado que pueden servir para sentar a la mujer del presidente del Gobierno en el banquillo, esto es, las acusaciones por tráfico de influencias y malversación, que la ley obliga, además, a juzgar ante un tribunal popular.

El máximo exponente de este fundamental apoyo de la sección al magistrado, opacado por las extravagancias de Peinado, se produjo en diciembre pasado, cuando la sección de Esteban Meilán se llevó la contraria a sí misma y avaló que se investigara por malversación y llamar a declarar María Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, cuando antes había resuelto lo contrario.

El 12 de junio de 2025, Esteban Meilán y sus compañeros habían resuelto que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de malversación, que solo cometería quien lo destina o aprovecha”. En el auto de diciembre, Melián y sus compañeros incluían otro razonamiento que ya podría justificar la imputación por malversación de la asistente, una “modalidad comisiva” del delito consistente en no haber evitado “el resultado lesivo contra el patrimonio público” que supuso enviar correos electrónicos de parte de Begoña Gómez.

Fue ese auto de diciembre el que comenzó a dibujar un panorama sombrío para Begoña Gómez. La Sección 23 llegaba a decir que Cristina Álvarez era la primera asistente de una mujer de presidente del Gobierno que no era experta en protocolo, una afirmación manifiestamente contraria a la realidad si se repasa la trayectoria de la mayoría de sus predecedores, entre ellos el miembro de la actual Ejecutiva del PP Jaime de los Santos, fotografiado llevando las bolsas de la compra a Elvira Fernández, esposa del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La trascendencia de la decisión que se conoció el jueves 16 de julio está detrás del acuerdo de Esteban Melián para que los dos magistrados que no habían venido participando en las respuestas a los recursos contra las decisiones de Peinado se incorporen esta vez. Un aval por unanimidad a que se juzgue a la mujer del presidente del Gobierno pese a la ausencia completa de indicios, que denuncian las defensas y la Fiscalía, reforzaría el sentido de la resolución de la sección que preside la aspirante a magistrada del Supremo, explican fuentes jurídicas.

Aunque ella es la presidenta de la sección, los autos que han ido guiando la instrucción de Peinado han sido redactados por Enrique Bergés de Ramón. El ponente de las resoluciones y otros dos compañeros que también van a participar en la decisión clave sobre Begoña Gómez combatieron judicialmente la medida del Gobierno progresista que más ha encendido los ánimos de toda la derecha judicial, la Ley de Amnistía. Bergés de Ramón, José Sierra Fernández y Jesús Gómez Angulo aprovecharon que tenían que decidir sobre un manifestante acusado de desórdenes y atentado a la autoridad, que había participado en una manifestación en Madrid contra las condenas del procés, para presentar un recurso ante el Constitucional por la Ley de Amnistía.

Los tres jueces argumentaban que los hechos sobre los que tenían que decidir estaban dentro del “ámbito objetivo, temporal e intencional de la aplicación de la Ley de Amnistía” y que, por tanto, el nuevo texto legal debía beneficiar al condenado. En consecuencia, suspendieron el procedimiento y plantearon el recurso ante el intérprete de la Norma Fundamental. En su recurso citaban un informe de la entonces mayoría conservadora del Poder Judicial, con el mandato caducado y sin competencias para emitirlo. Es el único recurso contra la Ley de Amnistía que un tribunal presentó fuera de Catalunya.

Las vacantes

En concreto, Esteban Meilán aspira a ocupar una de las tres plazas que quedarán vacantes en la Sala de lo Penal por jubilación: las de Andrés Palomo, la de Ángel Hurtado -el instructor del caso del ex fiscal general- y la de Juan Ramón Berdugo. A esas se suma la de Miguel Colmenero, que debe ser renovada por el turno de juristas. Y en diciembre se abrirá el plazo para las tres nuevas plazas creadas por Justicia para esa Sala concreta, de las que una será asignada a Susana Polo. Quien decide esos nombramientos es el Consejo General del Poder Judicial y, dado que se trata de magistrados del Alto Tribunal, se requiere la mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo. La presidenta tiene voto de calidad en caso de empate.

Todo apunta a que a partir de septiembre los bloques conservador y progresista iniciarán conversaciones, de nuevo, para una renovación en bloque de esas cuatro plazas más la de la Sección Tercera del Supremo. Ya en mayo hubo un contacto formal que acabó descarrilando. Con todo, se emplazaron a seguir negociando aunque fuentes jurídicas consultadas temen que ese acuerdo no sea rápido y más entrando ya en un periodo preelectoral.

Esteban Meilán, que aprobó las oposiciones a juez en febrero de 1986, ya optó sin éxito en mayo de 2018 a ser magistrada de la Sala de lo Penal de Supremo a pesar de que coincidía que ese mismo mes concursaba para presidir la Sección 23. Entonces, argumentó que había sido profesora de Derecho Penitenciario en el Instituto de Estudios Profesionales del CEU, que había escrito una decena de publicaciones jurídicas o, incluso, que desempeñaba todo su trabajo “a través de ordenadores” o que entregaba sus resoluciones “en pendrive”.

Entre la casi treintena de aspirantes constan también nombres como el del magistrado Enrique López, quien fuera consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y ex magistrado del Constitucional que ahora está en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; el del magistrado José Ricardo Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue el responsable de los párrafos clave de la sentencia del caso Gürtel en 2018 que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; o el del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en 2024 fue objeto de críticas por su comentario sobre la exministra de Igualdad Irene Montero de la que dijo a raíz del término 'consentimiento' que “nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”.