La jueza de 'Azud' acredita el “amparo personal” de Rita Barberá a su cuñado para que ganara 3,6 millones en mordidas
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La jueza del 'caso Azud' considera que la fallecida alcaldesa de València, Rita Barberá, dio un “amparo personal” a su cuñado, el abogado José María Corbín, en el marco de la presunta trama corrupta instalada en el seno del Ayuntamiento de València, en el que gobernó entre 1991 y 2015. Así figura en el auto de procedimiento abreviado notificado este jueves a las partes del procedimiento, que coloca al borde del banquillo al letrado y a tres sobrinas de la antigua primera edil y también procesa al ex vicealcalde de València Alfonso Grau y a otros 33 investigados, entre cargos de la oposición (como el exedil socialista Rafael Rubio) y más de una decena de empresarios, algunos de primera fila en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria.
La magistrada define al abogado, histórico ultraderechista de València, como un “conseguidor de contratación pública mediante comisión” por su “parentesco” con Rita Barberá y su “influencia” en algunos funcionarios municipales por “razones del poder” que también ejercía en el ayuntamiento su mujer, Totón Barberá, como jefa de gabinete de la alcaldesa del PP.
“Con semejante vinculación familiar”, ahonda el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, José María Corbín “intermediaba para conseguir las adjudicaciones solicitadas por las empresas a cambio de comisiones ilícitas que se canalizaban a través de su despacho profesional, firmándose contratos falaces de prestación de servicios jurídicos inexistentes”. El dinero obtenido lo desviaba al “uso y disfrute de su esposa principalmente y de sus hijas”, agrega.
La resolución cifra en 3,6 millones de euros la cantidad total de presuntas mordidas que se embolsó Corbín, quien “podía amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad” gracias al vicealcalde Alfonso Grau y a la relación familiar con su esposa y con la hermana de ésta última, Rita Barberá.
Junto con Grau y Corbín, el empresario Jaime Febrer, también procesado, completa el trío que conformaba —gracias a una “sólida relación”— el cogollo de la presunta trama, en la que el promotor “procedía a la remuneración económica y los otros investigados recibían los pagos por las adjudicaciones y contratos conseguidos con el ayuntamiento con la desvinculación, a efectos formales, de la alcaldesa de Valencia”. “De tal modo que obtenían un nada desdeñable beneficio patrimonial los tres investigados”, apostilla la jueza Pepa Tarodo, titular de la Plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.
Dos millones en mordidas para el vicealcalde
También alude a las comunicaciones de José María Corbín —“recuperadas pese a los intentos de borrado”— con destacados concejales del equipo de su cuñada (Cristóbal Grau, Félix Crespo, Alfonso Novo, Ramón Isidro o el procesado Jorge Bellver) y con altos funcionarios como el vicesecretario general, José Antonio Martínez.
La instructora asegura que Grau, ya condenado en primera instancia en el marco del 'caso Taula' por la caja B municipal de las campañas del PP de Rita Barberá, se hizo con un supuesto botín de más de dos millones de euros en comisiones ilícitas.
La magistrada concluye, tras casi una década instruyendo la compleja causa, que fue Grau quien puso en contacto a Corbín con Febrer. El bufete del abogado, a pesar de sus medios personales más bien modestos, “facturó cantidades desorbitadas” durante el mandato de Barberá al frente del consistorio, principalmente a empresas adjudicatarias de contratos municipales.
El supuesto rol de la primera edil popular en operaciones de Febrer aparece en algunos pasajes del auto: la jueza afirma que Barberá “se implicó personalmente” en el proceso de ordenación urbanística de la zona del Grao, en el contexto del nombramiento de València como sede de la Copa de América, uno de los grandes eventos impulsados por el Gobierno autonómico de Francisco Camps y gran ventana de oportunidad para el negocio inmobiliario.
Mordidas para la reforma del chalet en Xàbia
Por otro lado, el auto también alude al destino de las supuestas mordidas obtenidas por José María Corbín de empresas contratistas del Ayuntamiento de València y al beneficio por parte de su prole.
Corbín, según la resolución, abonó 172.000 euros en metálico para la reforma de su chalet en una conocida urbanización de Xàbia.
La jueza recuerda que se trata de una residencia en la que “veraneaba habitualmente” y de la que “disfrutaba también” Rita Barberá. De hecho, la segunda residencia de José María Corbín era conocida como “el chalé de Rita”, tal como indica el auto.
Premios de lotería de una falla de 360.000 euros
La instructora también enmarca en una “operativa habitual” de blanqueo de capitales el abono a Corbín de 360.000 euros (por 30 papeletas de lotería premiadas de una falla de un barrio popular de València con la que no tenía vinculación alguna).
El dinero supuestamente blanqueado con la lotería, tras varias inversiones en fondos de inversión, acabó en manos de dos de las hijas de José María Corbín y de Totón Barberá, quienes recibieron sendas donaciones de 150.000 euros por cabeza para la adquisición de sus respectivas viviendas.
La vivienda de la tercera hija procesada, la abogada Rita Corbín Barberá, también fue adquirida a la constructora Cleop con fondos provenientes de supuestas comisiones abonadas a su padre.
“No consta que las tres hijas participasen en las actividades delictivas de su padre, pero sí que se han aprovechado económicamente de las mismas”, afirma la jueza.
La difunta esposa de Corbín también aparece en el auto vinculada a los gastos de una tarjeta de El Corte Inglés, a la que se cargaron adeudos por un importe de casi 250.000 euros.
Regalos de Louis Vuitton y vino de 1.520 euros para Barberá
La resolución destaca la mordida de 2,2 millones de euros que se repartieron Corbín y el abogado Diego Elum —íntimos amigos desde sus tiempos de militancia en la extrema derecha de la Transición— proveniente de Acciona y correspondiente a la mediación para que la firma se llevara el macrocontrato del saneamiento de la ciudad. Corbín, asegura el auto, “era quien podría lograr y beneficiar los intereses” de la empresa de José Manuel Entrecanales.
Luis Castilla, un directivo de Acciona investigado en el 'caso Azud' hasta su fallecimiento durante la instrucción, “manipuló” una “ingente documentación” de la empresa para “documentar de algún modo” la supuesta asesoría jurídica por parte de Diego Elum, con la que se justificó la comisión ingresada.
La jueza también liga con la supuesta mordida de Acciona los regalos navideños recibidos por la alcaldesa Barberá provenientes de la empresa, que “por su valor [un total de 7.651 euros] exceden de la simple cortesía” y que fueron entregados por Diego Elum, recuerda la instructora de la causa.
Se trata de un bolso de Louis Vuitton valorado en 1.850 euros para las Navidades de 2004; un “lote navideño” de 1.696 euros al año siguiente; una maleta y monedero de Louis Vuitton de 1.585 euros en 2006, o una botella de vino tinto de la Ribera del Duero (Pingus 2001) que costó 1.520 euros. Los regalos a la exalcaldesa de la misma lujosa marca de moda han aflorado en varias causas de corrupción, tal como informó este diario.
La “función de ser el cuñado de Rita Barberá”
La magistrada también destaca la presunta mordida de Corbín proveniente de la UTE de la planta de basuras de Los Hornillos.
“La realidad”, afirma la jueza Tarodo, “es que el investigado José María Corbín no efectuó ningún asesoramiento a la UTE que motivase el pago de dichas facturas, no emitió ningún informe, ni realizó ningún trabajo más allá del contacto personal que tenía con la alcaldesa de Valencia, Doña Rita Barberá, que propiciaba este tipo de abonos en las adjudicaciones públicas al despacho” de su cuñado, “y particularmente en esta adjudicación de la que se interesó personalmente”.
La jueza describe a Corbín como “una persona que no desarrollaba función alguna más allá de ser el cuñado de Rita Barberá”.
Una vez acabada la facturación con la UTE de Los Hornillos, “comienza cronológicamente” la de la constructora Grupo CYES, que abonó a Corbín un total de 491.694 euros “por su intermediación en la adjudicación de contratos con el Ayuntamiento de Valencia” entre 2006 y 2014 (el año previo al final del mandato de Barberá).
La magistrada vincula los pagos a Corbín con los siete contratos municipales que obtuvo la constructora, dado que “no existe ninguna evidencia de trabajo efectuado por el investigado que motivase dicho desembolso”.
El final de la etapa de la alcaldesa del PP al frente del consistorio y el estallido de causas de corrupción como 'Taula' o 'Azud' coincidió con el declive económico del bufete de Corbín.
Una trama bipartidista tras el “pacto” con el PSPV
Sin embargo, la jueza también retrata una presunta trama de carácter bipartidista, extendida a parte de la oposición política de entonces a raíz de una “operación inmobiliaria de magnitud considerable” emprendida por Jaime Febrer, quien recurrió a la “imprescindible y necesaria participación” del abogado José Luis Vera, que ejercería su influencia en el PSPV-PSOE para “lograr” los fines del empresario ante ayuntamientos y entes públicos controlados por los socialistas.
El papel de Vera ante la empresa pública Aquamed (cuyo antiguo directivo Joan Navarro también ha sido procesado) para obtener recursos hídricos de cara a un proyecto urbanístico en Xixona contribuyó “altamente” a los intereses de Jaime Febrer. Una participación “altamente beneficiosa” para el empresario que la jueza relaciona con el pago de gastos electorales del PSPV-PSOE en la campaña de 2007 por un importe de casi medio millón de euros, a través de empresas pantalla.
Un entramado similar también abonó a la firma Engloba casi 100.000 euros para la campaña del PP de la localidad, cuya alcaldesa, Rosa Verdú, figura como procesada al haberse embolsado medio millón de euros en relación la operación urbanística. Verdú recibió un bolso de Loewe por parte de Jaime Febrer.
La jueza también considera que el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València procesado en la causa, Rafael Rubio, recibió dinero “de origen delictivo” por parte de la trama tras un “pacto” de Febrer con el abogado José Luis Vera y con José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, para que supuestamente el edil aflojara en su papel de fiscalización municipal desde la oposición de uno de los pelotazos urbanísticos en gestación.
“Lógicamente, Jaime Febrer no estaba dispuesto a que esta operación pudiera ser objeto de informaciones en prensa o de investigación en el ayuntamiento y la mejor opción era llegar a un pacto con ellos”, concluye la magistrada, que alude a los numerosos ingresos en efectivo en cuentas compartidas con su mujer, también procesada (por un importe de 197.256 euros) y a la contratación de una caja de seguridad en una entidad bancaria por parte del matrimonio.
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