El Supremo, última bala que podría evitar que el jefe de la trama Blasco recupere parte del botín robado

No todo está perdido. Aún. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la posibilidad de que el cabecilla de la trama corrupta que saqueó los fondos de cooperación de la Generalitat Valenciana entre 2008 y 2011, Augusto César Tauroni, recupere parte del botín conseguido gracias al desvío de fondos públicos. En concreto, un yate que ya ha sido desembargado por la justicia y 384.451,54 euros depositados en el juzgado, fruto de la subasta de dos apartamentos en Miami que el propio Tauroni compró con dinero que debía destinarse a prevenir el sida en África o a construir pozos en Nicaragua.

De momento, el empresario condenado en el caso Blasco, que ya ha salido de prisión tras cumplir su pena, ha conseguido recuperar la embarcación, que también compró con fondos públicos desviados ilícitamente, gracias a que la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de València no le fijó ninguna responsabilidad civil. Ni en la sentencia ni tampoco en la ejecución de esta, y ello pese a que el fraude había sido cuantificado por un interventor del Estado y por el Tribunal de Cuentas, que sigue su procedimiento de recuperación del dinero contra todos los cargos públicos implicados.

La Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía recurrieron en casación el auto en el que la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de València se negaba a fijar una responsabilidad civil en las piezas dos y tres del caso Blasco y culpaba de ello a la Generalitat. En dos ocasiones, la Audiencia se ha negado a atender esta petición, alegando que no había opción de recurrir en casación y tanto el Ministerio Público como la Generalitat han tenido que acudir al Tribunal Supremo para desbloquear la situación.

El Tribunal Supremo corrigió a la sección 5.ª de la Audiencia Provincial y aceptó los recursos de queja de la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat. Además, el Alto Tribunal español “ordenó” al tribunal provincial que tuviera “preparado el recurso de casación, expida la certificación de la resolución recurrida y continúe su tramitación”.

Tras este auto se presentaron los recursos por parte de la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, y también por parte de Augusto César Tauroni, quien se opone a que el Supremo tome alguna decisión.

¿Qué pasará ahora? Será el Tribunal Supremo el que tenga que evaluar el enredo y dilucidar las responsabilidades de esta situación. Más difícil, aunque no imposible, sería que fijara la responsabilidad civil u ordenara a la Audiencia Provincial de València que la fijara. Fuentes jurídicas explican a elDiario.es que podría pasar cualquier cosa.

Las penas de la sentencia de las piezas 2 y 3 del caso Blasco, dictadas por la Audiencia Provincial de València y confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo, oscilan entre los tres meses y los cinco años y medio de prisión para 21 de los acusados. Estas piezas juzgaban el desvío de fondos públicos destinados a ayudas al Tercer Mundo y a la construcción de un hospital en Haití.

El tribunal consideró probado que el exconseller del PP Rafael Blasco “favoreció la concesión de subvenciones” a Augusto César Tauroni, un empresario al que ya conocía desde tiempo atrás, aunque sabía que este “desviaba de sus fines para lucro propio buena parte de las cantidades obtenidas para realizar proyectos en los países del Tercer Mundo”. La Sala no creyó acreditado, sin embargo, que el político recibiese dinero a cambio.

Tauroni constituyó una fundación, Entre Pueblos —después renombrada como Fundación Hemisferio—, gestionó proyectos de pequeñas ONG y se valió de empresas instrumentales con la “finalidad última de obtener un beneficio neto de cada proyecto subvencionado de cuanto menos un 50% de la cantidad subvencionada por la Administración”, según la sentencia. Entre otras inversiones realizadas con el dinero robado estuvieron el yate, que ya ha recuperado, y los dos pisos en Miami.

El empresario consiguió ese desvío de dinero “debido a que buena parte de los proveedores no ejecutaban los servicios contratados, percibiendo, en cambio, elevadas cantidades por los trabajos facturados, que además estaban presupuestados muy por encima del precio real de mercado”.

La Audiencia dictaminó asimismo que el empresario sobornó a uno de los ex altos cargos de la Conselleria, Marc Llinares, jefe de Área de la Dirección General de Cooperación y, además de amigo suyo, persona de confianza del conseller, a cambio de “facilitar que los proyectos que presentaba Entre Pueblos o las ONG que gestionaba fuesen aprobados” o de dar su visto bueno a facturas y gastos.

El Alto Tribunal valenciano dejó para su determinación posterior, en el trámite de ejecución de sentencia, el grueso de las indemnizaciones con las que los condenados habrían de compensar el perjuicio total causado a las arcas públicas, que la Fiscalía fijó en 5.035.942 euros y la Generalitat en 5.667.930 euros. Casi siete años después de esta sentencia, la situación ha ido a peor.