El cabecilla del caso Blasco recupera el yate que compró con dinero de la trama porque la Audiencia no le fijó responsabilidad civil

El CEO de la red corrupta que saqueó seis millones de euros de las ayudas de la Generalitat a la cooperación entre 2008 y 2011 —cuyo presidente era el exconseller del PP Rafael Blasco— está de enhorabuena. Y no gracias a su buena conducta. El empresario Augusto César Tauroni podrá recuperar el yate de 17 metros de eslora que compró con dinero que debía ir destinado a paliar el sida en África o a abrir pozos en Nicaragua, gracias a que la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia no le fijó ninguna responsabilidad civil. Sí que le impuso una responsabilidad penal, que ya ha cumplido, pero en las piezas 2 y 3 de la causa le ha permitido no tener que devolver ni un euro de lo saqueado, algo que, por ejemplo, sí tendrán que pagar los cargos públicos implicados gracias a la actuación del Tribunal de Cuentas.

Como ha venido contando elDiario.es, la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia, en su sentencia del 24 de abril de 2020 sobre la causa, condenó a los cuatro empresarios Félix Sanz Pardo, Rafael Cuquerella, Arturo Ignacio César Tauroni Masiá y Augusto César Tauroni Masiá a penas de cárcel, pero no les fijó responsabilidad civil porque no llegaron a ninguna conformidad, a diferencia de otra decena de acusados en la misma pieza separada del caso Blasco. La Audiencia emplazó a fijar esa responsabilidad en el proceso de ejecución de sentencia. Más de cinco años después, el 8 de octubre de 2025, la misma sección —aunque con otros magistrados— emitió un auto en el que concluyó que continuaba sin poder fijar una responsabilidad civil a los cuatro condenados, pese a los tres informes que cuantifican lo robado y que constan en la causa.

Gracias a esta desidia, pese a que la responsabilidad civil había sido cuantificada a través de la Intervención de la Generalitat y del propio Tribunal de Cuentas, el cabecilla de la trama podrá reclamar sus pertenencias embargadas y no subastadas, e incluso el dinero recuperado que ya está depositado en la cuenta corriente de la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia.

Según la diligencia de ordenación de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, adelantada en agosto por Las Provincias, el alto tribunal autonómico insta a “la cancelación de la anotación de embargo que se hubiere practicado respecto de la embarcación «Eclipse», con bandera y matrícula 7.ª-VA-3-155-09, marca/modelo Prinz 54 Coupé, casco PRFV-2007, propiedad de Indra Holding and Investment Corporation, una de las compañías del empresario”.

El yate, que le fue requisado hace 15 años, fue adquirido en España, pero trasladado posteriormente a Miami, donde el empresario había comprado dos apartamentos, también con dinero procedente de la trama corrupta. Esos dos apartamentos sí fueron vendidos en subasta para resarcir parte del dinero robado. El barco se encuentra en unas condiciones complicadas después de verse afectado por un temporal cuando estaba requisado por la Justicia estadounidense. Tauroni destinó más de 400.000 euros a la adquisición de la embarcación, aunque su valor actual sería mucho menor.

Pero la embarcación solo es el primer activo que podría reclamar Augusto César Tauroni gracias a que no se le ha impuesto ninguna responsabilidad civil, una responsabilidad que sí asumirán los políticos implicados como consecuencia de las pesquisas del Tribunal de Cuentas. El empresario podrá optar —aunque todavía no lo ha hecho— a reclamar los 384.451,54 euros que han sido depositados en la cuenta de la sección 5.ª de la Audiencia Provincial después de que la Generalitat ingresara parte del dinero obtenido con la venta de los apartamentos de Miami.

El desaguisado provocado por la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que considera que «carece de las competencias de contable», ha provocado la reacción de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ha recurrido al Tribunal Supremo. Por su parte, el tribunal provincial carga contra la Generalitat Valenciana y recuerda que fue «decisión» de la Abogacía que la cuantía se fijara en función de un informe del Tribunal de Cuentas, «para evitar discrepancias».

Sin embargo, los empresarios de la trama corrupta no son funcionarios públicos y, por tanto, quedaban fuera del ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas. Las cantidades, según los distintos informes y recuentos, variaban entre los cinco y los ocho millones de euros. En el juicio hubo un baile de cifras, al defender algunos acusados que una mínima parte de los trabajos de cooperación sí se habían realizado. La Abogacía de la Generalitat, en todo caso, pedía que Tauroni pagara 4,6 millones de euros. Pero no tendrá que abonar nada.

La resolución de la Audiencia de Valencia alude a las «carencias» del informe pericial elaborado por el interventor del Estado Joaquín Falomir, que sí ha servido en otra pieza separada. También recuerda que, según su autor, se trataba de un informe de legalidad y no estrictamente económico.

El tribunal reprocha a la Abogacía de la Generalitat que tampoco aprovechara el recurso de súplica para «superar esta ausencia de información». «Seguimos en la misma indeterminación o falta de concreción que existió desde el principio», añade el auto. La Abogacía de la Generalitat incluso «redujo sus pretensiones» sin explicar «por qué» o «en base a qué», algo que el tribunal tilda de «extraño o incomprensible».

Sea como fuere, unos por otros y la casa sin barrer. Pero la realidad es que la desidia del tribunal juzgador, la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, ha permitido que Tauroni y su hermano —el de la frase «antes nosotros que los negratas»— hayan podido recuperar un yate que compraron con dinero destinado a la cooperación internacional. Y, sobre todo, podrían reclamar los 384.451,54 euros del dinero recuperado por la venta de los apartamentos de Miami.