Sánchez evita chocar con Marruecos pero pide “una cooperación diferente” y apela a Europa para blindar Ceuta y Melilla

Hacerse cargo del estado de ánimo de una opinión pública enfurecida con Marruecos sin provocar un choque diplomático de consecuencias imprevisibles. Ese es el difícil juego de equilibrios que intentó desplegar este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Después de un mes marcado por la gestión tardía del flujo migratorio que permanece en la ciudad autónoma y por un discurso centrado en el reconocimiento sin matices a la “cooperación” marroquí, el líder del Ejecutivo quiso ajustar, aunque fuera sutilmente, su estrategia política. Primero, para trasladar su “empatía” a una sociedad ceutí hastiada y al borde del colapso, pero también para mandar un mensaje de mayor firmeza sobre los ataques a la soberanía española.

La gran pregunta era si el informe policial filtrado a principios de semana, que señalaba a gendarmes marroquíes como partícipes de la operación masiva de paso de la frontera basándose en vídeos difundidos por redes sociales, provocaría un golpe de timón en la Moncloa. Y la respuesta llegó pronto, porque Sánchez se encargó de sellar cualquier rendija que diera pie a un conflicto con el país vecino.

“Soy consciente de las dudas, de los indicios. Pero señorías, como presidente del Gobierno me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia. Y lo cierto es que, a día de hoy, nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes”, dijo desde la tribuna.

Y puesta la venda, se lanzó a surcar un terreno inexplorado hasta ahora por el Gobierno español: la promesa de que el responsable de lo sucedido “pagará por ello” y de que si encuentra pruebas sobre la autoría, actuará sea quien sea. Pero también el llamamiento a Europa para que ayude a blindar la españolidad de las dos ciudades autónomas y una conclusión que sonó, al menos un poco, a advertencia. “Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación y de alerta que compartimos con el Estado marroquí para que la situación vivida el pasado 30 de julio no vuelva a producirse. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos, porque eso va en aras del interés general. Pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.

Cuestionados por ese horizonte de cambio en las relaciones bilaterales con Marruecos respecto a la seguridad fronteriza que deslizó el presidente, en la Moncloa admiten que aún no se trabaja en esa pantalla. Porque la prioridad no ha cambiado desde que hace diez días se designara un mando único y se impulsara un plan de choque para Ceuta.

La obsesión no es otra que sacar de las calles a los miles de migrantes, adultos y menores, que permanecen en la ciudad autónoma, y acelerar cuanto se pueda un procedimiento administrativo que permita el retorno a Marruecos de cuantos sea posible. Y con ese horizonte, la orden de Sánchez es clara: extremar el celo en el cuidado de una relación de vecindad complejísima y a menudo tormentosa, pero básica para retos estratégicos como el que se afronta ahora con esa gestión migratoria que depende, en gran medida, de la voluntad política del régimen de Mohamed VI.

Lo que sí desveló el presidente en el Congreso es que España ha utilizado canales diplomáticos oficiales para trasladar quejas a Marruecos. Lo hizo, según contó, el pasado 21 de agosto, cuando el ministro de Exteriores convocó a la embajadora marroquí en Madrid tras las “declaraciones inaceptables” de dos ministros de Mohamed VI sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. “Dos declaraciones que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente. Pero, en este caso, señorías, conviene ser prudentes y huir de las explicaciones simples”.

También planteó Pedro Sánchez que las ciudades autónomas dieran un paso más en su vinculación con la Unión Europea como forma de blindar su pertenencia a España y zanjar las reivindicaciones marroquíes. Y para ello apeló a Europa y a la conveniencia de que tanto Ceuta como Melilla pasen a ser miembros permanentes del Comité europeo de las regiones.

Declasificación de los dosieres

El presidente volvió a rechazar de plano que existieran avisos o informes previos al 30 de julio que aportaran información precisa sobre la magnitud de lo que pasó en El Tarajal. De hecho, aseguró que ninguno de esos avisos o informes previos “iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario”. Y que ninguno “previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente ocurrió”.

Para demostrarlo, anunció la orden de publicar esos informes en un dosier, incluso los que se encuentren clasificados. “Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. ¿Tampoco se creen a la Policía, la Guardia Civil y los miles de empleados públicos que trabajan en la frontera?”, le preguntó a la oposición.

Sánchez no quiso ocultar el gran enfado que existe en las filas del Gobierno sobre el informe policial que acabó filtrado a la prensa antes de ser trasladado internamente en el Ejecutivo. Y anunció una investigación para “entender por qué” el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) “no remitió una nota informativa” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con los indicios recabados sobre la participación de los servicios policiales de Marruecos en la llegada masiva de inmigrantes.

Por la tarde, el propio Marlaska elevó una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para mostrar su malestar por la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.