El Gobierno reúne a las comunidades para aprobar la nueva financiación: 21.000 millones más, ¿para quién y a cambio de qué?

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dará luz verde este viernes a la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, doce años después de que el anterior caducara. Lo va a hacer con los votos del Gobierno central, de Catalunya, la comunidad que lo ha liderado (PSC y ERC), y de Canarias, que reculó en julio y propició que se aplazara el cónclave a petición del PP. Le bastaba al Ejecutivo con el apoyo catalán: controla la mitad de los votos del organismo y solo necesitaba sumar uno más. El resto de comunidades previsiblemente lo rechazarán. Igual que el gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE), cuyo presidente, Emiliano García-Page, lleva meses criticándolo con dureza. Madrid, que ha hablado de modelo “profundamente injusto” e “impuesto por Catalunya”, ha anunciado que no acudirá a la reunión para intentar evitar que haya el quorum suficiente para constituir el consejo.

Prima la voluntariedad: nadie está obligado a subirse al nuevo modelo. Las comunidades pueden seguir con el sistema de 2009, caducado desde 2014, si así lo prefieren. Y quienes decidan sumarse al nuevo esquema tendrán, además, margen para elegir entre varios de sus mecanismos: si quieren acogerse al reparto del IVA de las pymes, si prefieren una caja compartida con el Estado o mantener el actual sistema de anticipos, y cómo quieren que se les compensen las competencias no homogéneas. Es un modelo, en la práctica, a varias velocidades.

El aprobado del CPFF es el primer paso necesario, pero no quiere decir que eche a andar. Primero ha de pasar por el Consejo de Ministros y, después, necesita el visto bueno del Congreso y Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. La batalla, en realidad, no ha hecho más que empezar.

Lo que Hacienda pone sobre la mesa, en cualquier caso, es una cantidad considerable: cerca de 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas a partir de 2027. Para dimensionar la cifra: esos recursos extra equivaldrían a cubrir un tercio de todo el gasto sanitario de varias autonomías, hasta la mitad de su gasto educativo, o siete veces lo que esas mismas comunidades destinan hoy a políticas de vivienda. Estas son las claves del nuevo sistema.

¿Cuánto dinero de más aporta el nuevo modelo?

El cálculo de Hacienda, proyectado sobre el ejercicio 2027, sitúa el incremento de recursos para el conjunto de comunidades autónomas en 20.975 millones de euros respecto al modelo vigente. Con esa inyección, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones de euros en total. Es la cifra que el Gobierno repite como argumento central: no se trata de un simple reparto distinto de lo mismo, sino de una ampliación real de la tarta para el sostenimiento del Estado del bienestar autonómico: sanidad, educación y servicios sociales, las tres competencias que más pesan en los presupuestos regionales.

¿De dónde sale el dinero?

El incremento se financia por dos vías: una parte llega directamente de las arcas del Estado (nivelación vertical), y la otra procede de una mayor participación de las comunidades en la recaudación de los grandes impuestos. Por el lado de la nivelación vertical, el Estado destinará casi 19.000 millones de euros.

Por el lado de la cesta de impuestos cedidos, las comunidades pasarán a quedarse con el 55% del IRPF que se recauda en su territorio (frente al 50% actual), y con el 56,5% del IVA (hoy es el 50%). Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos, y se incorporan a la cesta el 100% de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, el impuesto sobre la electricidad, el de patrimonio, el de depósitos bancarios y los de residuos. Esta mayor cesión de tributos supone otros 15.756 millones de euros.

¿Qué comunidades ganan más?

En términos absolutos, Andalucía es la gran beneficiada del nuevo modelo, con 4.846 millones de euros más al año. Le siguen Catalunya, con 4.686 millones, la Comunitat Valenciana, con 3.669 millones, y Madrid, con 2.555 millones. En volumen absoluto, es Andalucía la que recibe más recursos, lo que desmonta parcialmente el relato de un modelo diseñado exclusivamente para satisfacer a Catalunya. El reparto por habitante ajustado, en cualquier caso, sigue premiando a las comunidades peor financiadas hasta ahora, que es precisamente el objetivo declarado de la reforma.

Garantía de statu quo

Ninguna comunidad autónoma recibirá, al arrancar el nuevo sistema, menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Es la llamada garantía de statu quo, un mecanismo pensado para evitar que ninguna región salga perjudicada por el cambio de reglas, y que Hacienda define como “el último elemento del modelo de financiación”, el que actúa de cierre de todo el sistema.

Ese suelo se financia con aportaciones específicas de la Administración central, que, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, destinará unos 400 millones de euros a este fin. Sus principales beneficiarias serán Cantabria y Extremadura, las dos comunidades que, según los cálculos del Ministerio, más necesitaban de esta red de seguridad para no perder financiación respecto al esquema actual.

¿Cómo se garantiza la solidaridad entre comunidades?

El modelo actúa en dos planos distintos. El primero es lo que se conoce como nivelación horizontal, que amplía la solidaridad interterritorial para que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, calculada a partir de su propia capacidad tributaria. El segundo es la nivelación vertical ya explicada, financiada con aportaciones del Estado, que persigue reducir en dos tercios la brecha respecto a Madrid.

La población ajustada, la vara de medir

El reparto de recursos entre comunidades se basa en la llamada población ajustada, una fórmula que no es nueva: parte del sistema de cálculo que el equipo de la ex vicepresidenta María Jesús Montero ya propuso en 2021 y que entonces fue rechazado por las comunidades, pero que ahora se aplicará con algunas modificaciones. Su objetivo es medir las necesidades reales de gasto de cada territorio más allá del simple número de habitantes.

El padrón municipal pesa un 30% en ese cálculo. La población protegida equivalente —que tiene en cuenta el gasto sanitario según los distintos grupos de edad— supone otro 38%, el tramo más determinante de la fórmula. La distribución de la población en edad escolar pondera un 17%. El resto se reparte entre superficie, dispersión e insularidad, variables que buscan compensar a los territorios con mayores costes estructurales para prestar servicios públicos. Con esta fórmula, el Gobierno calcula que las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades se reducirán casi a la mitad respecto al modelo actual.

El IVA de las pymes, a la carta

Uno de los elementos más novedosos del nuevo modelo es la posibilidad de que las comunidades opten por recibir el 56,5% del IVA Pyme, que genera la actividad de las pequeñas y medianas empresas en función de su domicilio fiscal, en lugar de repartirlo, como hasta ahora, según el consumo registrado en cada territorio. La adhesión es voluntaria y tiene un plazo de cinco años, revisable.

El mecanismo distribuye 2.084 millones de euros y, según fuentes del Ministerio, busca “reconocer el esfuerzo” de las comunidades que apuestan por el tejido de pymes. El caso de Catalunya ilustra bien su alcance: con el sistema actual se queda con apenas el 19% del IVA generado por sus pequeñas empresas, una cifra que con el nuevo mecanismo podría escalar hasta el 25%.

¿Y el dumping fiscal?

Es uno de los puntos que Hacienda aborda con más cautela. El nuevo modelo no incorpora una prohibición explícita del dumping fiscal, las rebajas de impuestos que aplican comunidades con más margen económico, singularmente Madrid, pero también Andalucía, y que erosionan la recaudación potencial del resto. Pero sí introduce un cambio con consecuencias prácticas: mejora la metodología para calcular el “valor normativo” de los tributos cedidos, de manera que se mida con más precisión la capacidad fiscal real de cada comunidad, al margen de las deducciones que aplique.

A esto se suma el compromiso de “lealtad institucional”: el Estado se obliga a compensar a las comunidades por aquellas normas estatales que les supongan más gasto o menos ingresos, un mecanismo que se revisará cada cinco años dentro del propio CPFF.

Lo que viene ahora

Una vez el modelo cuente con el aval del CPFF, el recorrido no habrá hecho más que empezar. La norma ha de pasar por la maquinaria del Consejo de Ministros. Y, después, el Congreso deberá ratificar tanto la reforma general como cada una de las leyes de cesión de tributos a las distintas comunidades, y ahí es donde el Gobierno se juega la verdadera partida: necesita el apoyo, entre otros, de un Junts que ya ha anunciado una enmienda a la totalidad.

El presidente catalán, Salvador Illa, considera que el apoyo de Canarias es “la prueba” de que se trata de un buen sistema. Con todo, Hacienda insiste en que hay margen para incorporar cambios, tanto en el trámite parlamentario como en las reuniones técnicas del Comité Permanente de Evaluación. La consellera catalana de Economía, Alícia Romero, ha pedido a PP y Junts que “faciliten la aprobación” y contribuyan a “mejorarlo” en el Congreso. Falta por ver si alguno de los dos está dispuesto a hacerlo.