La huelga educativa de la dignidad

Ejercer el derecho a huelga no es ninguna broma. Para empezar, porque cada maestro o profesora que deje de acudir estos días a las aulas perderá entre 170 y 190 euros diarios. Si las movilizaciones se alargan más de diez días, el recorte en sus nóminas puede equivaler al sueldo neto de un mes. Y, en segundo lugar, porque son conscientes de que su actuación genera un impacto en la rutina diaria de sus alumnos y de sus familias, máxime cuando se acercan las calificaciones finales. Pero ya no pueden más.

La situación de profesoras y maestros valencianos ha llegado a un punto en el que, o la administración autonómica se sienta a negociar y atiende sus demandas, o la educación de cientos de miles de niños y jóvenes se resentirá de manera catastrófica. Profesores que abandonan la profesión quemados por el exceso de alumnos, bajas laborales vinculadas a la salud mental o la imposibilidad de enseñar y atender adecuadamente a un alumnado cada vez más diverso y que multiplica la carga de trabajo, entre otros problemas.

Porque lo que piden los docentes valencianos no es, en absoluto, descabellado.

¿Cómo no van a reclamar una bajada de ratios en las aulas? El propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sabe bien que faltan recursos en toda la administración valenciana, y lo mismo ocurre en Educación. Si no, ¿por qué aumentó el número de asesores permitidos para su Gobierno de 72 a 116? Un incremento del personal de confianza del 30 % que, según explicó su equipo, permitirá atender “nuevas necesidades”. Pues eso mismo piden los sindicatos: contratar a más profesionales para reducir las ratios en un 30 %.

¿Cómo no van a pedir una subida salarial si están entre los peor pagados de España? La propia consellera de Educación conoce la pérdida de poder adquisitivo de la comunidad docente. No en vano, una de las primeras medidas que tomó Carmen Ortí fue subir un 8 % el sueldo de los inspectores educativos, curiosamente el cuerpo administrativo al que pertenece. Y el propio presidente de la Generalitat defendió el cambio de empleo de su pareja mediante una comisión de servicio para que pasara de trabajar en el Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia. En ese caso, la subida salarial fue de 38.000 euros a más de 53.000. El coste de la vida ha subido para todo el mundo, también para los docentes.

¿Cómo no van a pedir una reducción de la burocracia? Uno de los mantras del Consell del PP desde que ganó las elecciones de 2023 ha sido la desburocratización. Si se han reducido los trámites para solicitar una vivienda protegida o rebajado requisitos en la legislación urbanística o de costas, ¿por qué no van a aliviar también la carga burocrática de los docentes?

¿Cómo no van a pedir la protección del valenciano tras el fiasco de la consulta y su aplicación desigual? En este caso, fueron las familias las que hablaron y mostraron al exconseller José Antonio Rovira, ahora en Hacienda, que los valencianos y las valencianas quieren un modelo plurilingüe de calidad, y no un sistema en el que se penalice elegir la lengua propia de los valencianos.

En esta huelga indefinida, las profesoras y los maestros tienen reivindicaciones más que razonables y legítimas. Porque, si al presidente y a los consellers les gusta trabajar en condiciones dignas, también a los docentes les gusta impartir una enseñanza de calidad. Y comer en restaurantes caros, aunque sea de vez en cuando.

Estamos hablando de las maestras y los profesores que deben educar al futuro de la Comunitat Valenciana. Y solo piden dignidad. Y ahí, el Consell de Pérez Llorca no debería escatimar ni en recursos ni en horas de negociación.