Bomberos forestales se concentran contra la Junta de Andalucía pese al preacuerdo anunciado por Antonio Sanz

La campaña andaluza ha incorporado en su recta final un nuevo frente para el Gobierno de Juan Manuel Moreno: el conflicto enquistado desde hace años con los bomberos forestales y el personal técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAyA). Apenas cuatro días antes de las elecciones autonómicas del próximo domingo, el sindicato CGT -mayoritario porque representa a aproximadamente el 40% de los profesionales dentro del operativo INFOCA- mantiene convocada una concentración este miércoles frente al Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno andaluz, pese al preacuerdo anunciado el lunes entre la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

No en vano, la protesta llega en un momento especialmente delicado. No solo porque haya que pasar por las urnas en apenas unos días, sino porque Andalucía también se encuentra a semanas del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios y tras un invierno especialmente lluvioso que, según advierten los propios profesionales, ha dejado una gran acumulación de combustible vegetal en el monte. “Lo que cayó en febrero ya está seco”, explica Antonio Castellanos, bombero forestal y portavoz de CGT.

Por eso, dado el contexto, la Junta se afana por presentar el nuevo pacto como “un avance histórico” para los más de 4.000 trabajadores del dispositivo. El preacuerdo firmado contempla la creación de un “Complemento de Experiencia Operativa y Desarrollo Profesional” que el Gobierno andaluz vende como una solución jurídica para compensar la antigüedad del personal del INFOCA y EMA. Pero no es el complemento de antigüedad que históricamente reclaman en el cuerpo por ser, además, casi los únicos empleados públicos que no lo perciben en toda Andalucía.

Para contrarrestar esta circunstancia, el Ejecutivo de Moreno sostiene que las restricciones de la Ley General Presupuestaria impiden implantar directamente los trienios, por lo que ha diseñado una fórmula alternativa que comenzaría a aplicarse progresivamente desde enero de 2026. “El Gobierno andaluz culmina así un avance histórico tras años de trabajo”, defienden desde la Junta, que vincula además este acuerdo a otra de las reivindicaciones históricas del operativo: la ampliación a 12 meses de trabajo durante todo el año y no sólo en campaña de incendios.

“Presión sindical”, defienden los firmantes

Sin embargo, el anuncio no ha servido para desactivar el conflicto. Más bien al contrario. CGT, junto al Sindicato Independiente de Bomberos Forestales de INFOCA (SIBFI) y la Asociación Movimiento INFOCA, rechazan frontalmente el acuerdo y denuncia que se ha negociado “a puerta cerrada” con organizaciones sindicales minoritarias dentro del operativo. El sindicato sostiene que el documento estaba cerrado desde el pasado 15 de abril y que se les remitió apenas 48 horas antes para estudiarlo. “Nos dejan sin posibilidad de analizarlo con nuestros servicios jurídicos”, denuncian.

La crítica principal de CGT se basa precisamente en qué manera se aborda la antigüedad de la plantilla. El sindicato sostiene que la Junta no la reconoce realmente, sino que sustituye ese derecho por un complemento variable vinculado al desempeño profesional. “Ganamos un complemento variable a cambio de renunciar a uno seguro y fijo: la antigüedad”, critican. Además, alertan de que el nuevo sistema podría absorber las cantidades que algunos trabajadores ya tienen consolidadas por antigüedad y retrasar los incrementos salariales, al computarse cada seis años en lugar de cada tres. “Siguen riéndose de nosotros y tratándonos como trabajadores públicos de segunda”, sostienen desde la organización sindical.

Fuentes sindicales firmantes del preacuerdo alcanzado con la Junta apuntan que las reivindicaciones se iniciaron hace años en unidad sindical con CSIF, UGT, CCOO, CGT y UITA pero que los dos últimos se cayeron. “Están en su derecho de tomar la postura que consideren, pero lo cierto es que son CSIF, UGT y CCOO los tres sindicatos que han sacado adelante este acuerdo, que consideramos muy positivo para el personal del INFOCA”. “Los bomberos forestales llevan años luchando para que se reconozca el valor de su trabajo, su experiencia, su especialización y otras cuantas cuestiones, y este acuerdo por fin lo hace tras la presión sindical que hemos ejercido durante todo este tiempo tanto en la calle como en las mesas de negociación”, añaden.

El conflicto alrededor de los trienios lleva años enquistado dentro de la agencia pública. Los bomberos forestales denuncian que siguen siendo de los pocos trabajadores públicos andaluces que no perciben complemento de antigüedad pese a desempeñar un servicio esencial. Castellanos asegura que el nuevo acuerdo “bloquea cualquier margen de negociación hasta 2030” y acusa tanto a la Junta como a los sindicatos firmantes de haber escenificado una “negociación fake” para desactivar el malestar interno antes de las elecciones.

Más problemas laborales

Pero las reivindicaciones del operativo van mucho más allá de los salarios. Los sindicatos movilizados denuncian también que pese a que desde la Consejería de Presidencia se prometió que toda la plantilla estaría estabilizada durante los 12 meses del año y no solo durante las campañas de alto riesgo de incendios, hay técnicos y bomberos que aún no tienen contratos anuales. Un problema que merma los dispositivos de prevención que han de operar continuamente.

Pero también señalan problemas de movilidad y conciliación familiar, retrasos en procesos internos, falta de transparencia en concursos y bolsas de empleo, además de carencias materiales que, aseguran, afectan directamente a la seguridad del servicio. Entre ellas, señalan la existencia de vehículos “inadecuados” para la extinción de incendios forestales o la falta de Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes y adecuados. Según denuncian, algunos trabajadores deben declararse “inoperativos” para poder recibir nuevo material, quedando temporalmente fuera de servicio.

La situación, sostienen, se ha agravado tras la separación entre EMA y AMAyA. Castellanos describe una agencia “desbordada” administrativamente y cuestiona incluso si el problema responde ya a “voluntad política o incapacidad operativa”. “Somos esenciales para la propaganda política”, critica el portavoz sindical. “Cuando hay un problema se hacen fotos en el puesto de mando, pero luego no diseñan lo que tiene sentido para la operación de emergencia”.

El momento escogido para la movilización tampoco es casual. La concentración tendrá lugar frente al Palacio de San Telmo en plena campaña electoral y justo antes del arranque oficial del periodo de alto riesgo. “Después es más complicado mover a la gente”, admite Castellanos.

Mientras tanto, el resto de sindicatos firmantes del acuerdo guarda silencio ante la convocatoria de protesta. La Junta, por su parte, intenta proyectar imagen de conflicto encauzado y de diálogo social cerrado. Pero la negativa del sindicato mayoritario a respaldar el pacto mantiene abierto un frente incómodo para el Gobierno andaluz en uno de los servicios públicos más simbólicos de la comunidad autónoma.