Dobles pagos y opacidad: los demoledores informes que llevaron a revertir los hospitales de Ribera Salud en la Comunidad Valenciana

El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad de un modelo, el de la gestión privada de la sanidad pública, que se creó y se desarrolló en la Comunitat Valenciana durante los años del PP al frente de la Generalitat.

Así lo ponen de manifiesto los diferentes informes que ha esgrimido la Conselleria de Sanidad para justificar la decisión de no prorrogar los contratos de cuatro de las cinco concesiones sanitarias, es decir, departamentos de salud públicos gestionados por empresas privadas. Así, en base estos documentos, el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

El contenido de los informes es demoledor puesto que desmonta todo el sistema concesional implantado por el PP y exportado a comunidades como la de Madrid. Aunque son similares en sus contenidos, como ejemplo el relativo al hospital de Dénia afirma que el modelo de gestión indirecto presenta “deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control, imposibilidad de modificar el precio del contrato y una elevada litigiosidad”.

La concesionaria, es decir, Ribera Salud (con DKV hasta 2021), según las cuentas recogidas en el documento, declara unos beneficios medios de más de 2,43 millones anuales para el período 2009 - 2021, 31,6 millones de euros en total.

Sobre las deficiencias estructurales de los contratos, el informe destaca “la falta de claridad en el contrato en cuanto a la determinación de la prima per cápita y su fórmula de actualización, así como las diferencias respecto a la población objeto del contrato, hacen del precio del contrato – elemento esencial para la correcta prestación del servicio- objeto de discrepancias en cuanto a su interpretación”.

Además, alerta de que “existe una elevada pluralidad de acuerdos adoptados en el seno de las Comisiones Mixtas (órgano de control integrado por representantes de la Conselleria de Sanidad y de las empresas concesionarias), que suponen un evidente perjuicio para el interés público y que han supuesto de facto una modificación de los conceptos económicos que integran el contrato”. Y debido a estos acuerdos, se han contraído “obligaciones no previstas en el contrato siendo necesario recurrir a Expedientes de Enriquecimiento Injusto (EEI) para su compensación a las concesionarias”. En el caso del hospital de Alzira supusieron un pago complementario de la Generalitat a Ribera Salud de 25,11 millones, en Torrevieja fueron 45,9 millones y en Dénia, 47,6 millones. Por lo tanto, “los acuerdos adoptados en las Comisiones Mixtas reflejan la imprecisión de los pliegos y suponen continuas modificaciones económicas del contrato, fruto de ellos se han contraído obligaciones no previstas”.

En cuanto a la dificultad para implementar mecanismos de control, el documento evidencia que “es reseñable que un contrato, cuyo objeto principal es la asistencia sanitaria integral, carezca de indicadores que permitan evaluar la calidad asistencial realizada y la adecuación de los servicios ofertados por el concesionario”.

Por otra parte, la imposibilidad de modificar el precio del contrato en caso de prórroga supondría un quebranto para la administración incurriendo en una suerte de doble pago por conceptos que ya se habrían abonado, como la amortización de la infraestructura hospitalaria: “Quedando claro que el precio del contrato no puede ser modificado salvo las revisiones de precio previstas en el propio pliego de condiciones administrativas, y que, en el supuesto de prórroga de este servicio implicaría el abono por parte de la Administración de una parte de la cápita para la construcción del hospital y las inversiones ya amortizadas, se vulneraría los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como se generaría un enriquecimiento injusto por parte del concesionario”

Sobre la elevada litigiosidad, afirma el informe que “las deficiencias y falta de claridad de los documentos contractuales que regulan la relación entre la Administración y las concesiones, y la desconfianza entre las partes, ha propiciado la existencia de numerosos procesos judiciales, evidenciada en multitud de reclamaciones tanto en vía administrativa cono en vía judicial, interpuestas por las empresas adjudicatarias”. En concreto, las concesiones han interpuesto 85 procedimientos judiciales, de los que el 98 % de ellos corresponden a estas cuatro concesionarias: La Ribera (26), Torrevieja (20), Elx-Crevillent (18) y Dénia (19).

Origen del modelo

Para entender el modelo y por qué el Gobierno del Botánico de izquierdas lo desmanteló, un camino que siguió en parte después el PP de Carlos Mazón, prueba de su inoperancia, hay que remontarse al año 1997. Ese año se firmó el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.

El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.

El nacimiento del denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).

Operación de rescate: más dinero para la adjudicataria

Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de “lucro cesante”, algo que no estaba previsto en el contrato.

Después se volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento.

Pero el cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante (cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de crecer: al final de su vigencia, en 2018, fue de 777 euros por habitante y año.

El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años, ampliables cinco años más, una prórroga que la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón (PSPV-PSOE), con el apoyo del presidente del Consell, Ximo Puig (PSPV-PSOE), anunciaron que no se iba a hacer efectiva.

Comenzaba así el proceso de reversión y una guerra abierta con Ribera Salud, que ha planteado sin éxito un alud de recursos judiciales para tratar de frenar la reversión.