El Tribunal de Cuentas investigará si Ayuso perdonó 71 millones a Quirón y Ribera Salud

El Tribunal de Cuentas ha aceptado iniciar una investigación sobre el sistema de facturación entre centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid a raíz de la publicación de elDiario.es que revelaba que entre 2017 y 2023, el gobierno autonómico había perdonado 71 millones de euros a las empresas Quirón y Ribera Salud en tratamientos que se habían hecho sus pacientes en la pública. Cinco de esos siete años han sido gobiernos de Isabel Díaz Ayuso.

En una diligencia emitida este lunes, el máximo órgano de intervención en España, anuncia que va a iniciar “una pieza de acción pública” tras la denuncia presentada por la portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar, después de la publicación de la exclusiva de este medio. La denuncia solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal le da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo.

Madrid tiene un sistema sanitario singular. En él, conviven hospitales de gestión pública con cinco de gestión privada (cuatro en manos de Quirón y uno, de Ribera Salud). Además, compiten entre ellos por pacientes, desde que Esperanza Aguirre aprobó una ley que permitía la libre elección, de manera que cada paciente puede decidir en qué centro se trata, le toque o no por zona. Estos pacientes son los más rentables para las empresas, que ponen en marcha estrategias para captarlos.

Los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que contabilizar en un sistema informático los pacientes que asumen de fuera de su área y el coste de sus tratamientos para facturárselo al hospital de origen, lo que se conoce como “balance intercentros”. Cada mes y cada año, se facturan estos tratamientos de pacientes extra. Sin embargo, la eficacia del cobro es desigual. La privada ha ganado en el periodo de 2017 a 2023 un total de 1.268 millones extra facturados al sistema público por estos pacientes de libre elección instaurada por el PP. Sin embargo, en ese mismo periodo el sistema público dejó de facturar 71 millones a las privadas a los que tenía derecho. De 2017 a 2019 gobernó Ángel Garrido. Durante 2019 a 2023, Díaz Ayuso.

La publicación de elDiario.es reveló el pasado 10 de febrero que un documento interno que maneja la Consejería de Sanidad calculaba que entre 2017 y 2023 se dejó de apuntar en el sistema público de balance un total de 71.653.032 euros en costes por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados. El motivo: “No encontrar documentación de la actividad clínica”, dice el informe interno. Es decir, el sistema no encuentra los datos suficientes del paciente o su tratamiento para poder facturar según las normas. Este “impacto económico” fue de más de 11 millones de euros solo en 2023, los últimos datos disponibles en este documento elaborado dentro del Gobierno de Ayuso.

¿Cómo es posible que el sistema público no encuentre documentación de pacientes? Sí encuentra información, pero no toda la información que pide el Manual de Facturación Intercentros. Si no está todo en orden, con códigos y un sistema burocrático acordado con Quirón y Ribera Salud, estas no le pagan. El propio manual advierte de que en los centros hospitalarios públicos hay “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, por ahí se han perdido esos 71 millones de euros en tratamientos de pacientes que se cambiaron de la concertada a la pública, como publicó elDiario.es.

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