La Diputación de Alicante defiende la legalidad de las ayudas provinciales tras la detención del presidente de la Cámara de Comercio

La Diputación de Alicante ha salido en defensa de la “legalidad y transparencia” de sus procedimientos administrativos tras el terremoto político desatado por la detención de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la federación Facpyme. El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha comparecido para aclarar que la institución provincial se limitó exclusivamente a canalizar los fondos públicos del Bono Comercio a través de convocatorias oficiales dirigidas a los ayuntamientos. Según ha subrayado el responsable provincial, la gestión ejecutiva posterior de estas ayudas era una competencia libre y autónoma de cada consistorio beneficiado, lo que exime a la Diputación de cualquier responsabilidad en el manejo de dichos fondos por parte de terceros.

El contexto de esta defensa institucional reside en la operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional, que el pasado viernes procedió al arresto de Baño y al registro de la sede de Facpyme. La investigación trata de esclarecer presuntas irregularidades, como el fraude en subvenciones y la falsedad documental, en las campañas de bonos al consumo desarrolladas durante los años 2022 y 2023. Estos programas de incentivos económicos fueron una apuesta estratégica impulsada por la Diputación de Alicante en la etapa en la que Carlos Mazón presidía la institución, periodo en el que se estrecharon los vínculos de colaboración con las entidades ahora bajo sospecha.

Ante la gravedad de los hechos, el grupo parlamentario Compromís ha registrado una moción para crear una comisión de investigación en la propia Diputación. La formación valencianista considera imprescindible examinar todas las relaciones administrativas, convenios y patrocinios mantenidos con la Cámara de Comercio y Facpyme para despejar cualquier “sombra de duda” sobre el uso del dinero público. De forma paralela, han elevado a las Corts Valencianes una Proposición No de Ley solicitando que la Sindicatura de Comptes realice una auditoría integral de la entidad cameral, centrando el foco en los contratos menores y en la posible existencia de una red de lucro personal.

Por su parte, la Diputación ha lamentado lo que considera una “tergiversación de datos” por parte de la oposición con el fin de menoscabar la reputación de la institución y de sus funcionarios. Carlos Pastor ha insistido en que todas las ayudas concedidas a la Cámara de Comercio se ajustan estrictamente al procedimiento legal y tienen como único objetivo el progreso económico de la provincia. Mientras la justicia prosigue con las diligencias tras dejar al empresario en libertad con cargos, la administración provincial reitera su máximo respeto a las actuaciones judiciales pero mantiene la firmeza en la defensa de sus políticas de fomento del empleo y el tejido productivo.