Clásicos de la corrupción del PP valenciano

El legado de las mayorías absolutas que añora Francsico Camps

El 'yonqui del dinero' y el rey de la basura de Orihuela, todavía

Los audios que grabó Ángel Fenoll desde su basurero de corrupción, que acabarían llevando a condenar a sucesivos alcaldes del PP de Orihuela (Luis Fernando Cartagena, José Manuel Medina, Mónica Lorente...), son válidos. La última sentencia del denominado 'caso Brugal' culmina un pulso judicial en el que, inicialmente, la Audiencia de Alicante anuló las escuchas, obtenidas en parte con la intervención de detectives por el sospechable empresario que gestionaba una muy irregular contrata de basuras. Posteriormente la Fiscalía Anticorrupción lo recurrió, el Tribunal Supremo corrigió la resolución y las acabó validando.

Tanto las penas del corruptor de las basuras de la Vega Baja en la sentencia que ahora se ha dictado, que suman tres años y nueve meses, como de la exalcaldesa Mónica Lorente, de cuatro meses de prisión y 20 de inhabilitación, se han visto mitigadas por la atenuante de dilaciones indebidas. Y es que el caso se originó hace cerca de dos décadas. Fue una de las piezas relevantes del puzle de corrupción en que se convirtió la gestión del PP valenciano durante sus cinco legislaturas de hegemonía absoluta en las instituciones valencianas. Un periodo que arrojó un balance escalofriante: dos presidentes de la Generalitat condenados, una presidenta de las Corts Valencianes y exconsellera enviada a la cárcel, así como media decena de consellers, dos presidentes de diputación, docenas de cargos públicos, diputados, alcaldes, un puñado de conocidos empresarios que confesaron haber financiado ilegalmente al PP de la Comunitat Valenciana... Zaplana, Gürtel, Blasco, Brugal, Fabra, Rus, Fitur, Taula... Un largo rosario de casos.

Comparece también en la actualidad de estos días otro elemento de aquel sistema corrupto en el que había una intensa competencia de frikis, como El Bigotes (aquel Álvaro Pérez de la Gürtel, “amiguito del alma” de todo un presidente de la Generalitat) o “la polla insaciable” (el empresario Ortiz que tanto mandaba en Alicante). Se trata del inimitable Marcos Benavent, el 'yonqui del dinero', que reaparece en su cuarto juicio del 'caso Taula' para negar que fuera un trabajador zombi en la Fundació Jaume II el Just. Sostiene que no cobraba de la entidad sin trabajar en ella, como afirma la Fiscalía Anticorrupción, aunque careciera de despacho y de ocupación concreta. 

Tanto en el caso Brugal (que más que una marca de ron es el acrónimo de “basuras rurales gestión Alicante”) como en Taula, unas grabaciones forman parte del núcleo de la causa judicial. Es llamativa la afición de ciertos personajes metidos en asuntos oscuros a grabar conversaciones como si no hubiera un mañana. El caso Gürtel se inició así y un ejemplo reciente es el de Koldo García, cuyos audios han llevado a la desgracia al exministro socialista José Luis Ábalos, que, desde la cárcel, hace solo unos días, ha acabado dejando su acta de diputado en el Congreso. 

Benavent grabó compulsivamente a todo el mundo. De ahí que la validez de esas escuchas sea motivo de discusión en todos los juicios de Taula, como en este, en el que la disputa entre los abogados defensores y la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a hacer declarar como testigo al exsuegro del 'yonqui del dinero', que es quien entregó esos archivos de voz a la entonces diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, cuya denuncia daría inicio al caso. 

El gerente de la fundación bajo sospecha, Vicente Burgos, otro personaje de la nutrida nómina de pícaros de la derecha valenciana, ha alegado en la vista oral que Benavent sí que trabajaba en el organismo creado a iniciativa del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque el mismo 'yonqui del dinero' reconoció durante la fase de instrucción que, en realidad, trabajaba para el PP.

Burgos y Benavent se sientan en el banquillo con los empresarios Carlos Vicent Gil, Carlos Turró y Enrique Aleixandre porque, como ha explicado Lucas Marco, también se enjuician presuntas comisiones ilegales en el marco de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València, encabezada entonces, dentro el equipo de la la alcaldesa Rita Barberá, por la concejal María José Alcón, ya fallecida. El que fuera gerente de la Jaume II El Just ha declarado que el 'yonqui del dinero' aterrizó como contratado en la fundación pública, aunque era un “eventual del gabinete” de Esteban González Pons, a la sazón conseller de Cultura. Puso Burgos especial esmero en apuntar al actual parlamentario europeo y miembro de la dirección del PP que preside Alberto Núñez Feijóo, al recordar que fue González Pons quien firmó el contrato de Benavent en 2003.

Es de suponer que maldita la gracia que le hará a González Pons verse recordado por aquellas andanzas políticas, de las que ha logrado salir indemne. Todo lo contrario de lo que le ocurre a quien fue su jefe, Francisco Camps, que también ha consguido salir ileso de aquella vorágine pero tuvo que pasar por dos juicios en el largo y extenso devenir del caso Gürtel y anda ahora metido en el intento de volver a la primera fila política. En un movimiento que no puede causar más incomodidad a la actual dirección del PP, Camps se postula como nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana con el argumento de que su partido “debe aspirar a la mayoría absoluta”. Él, que predicó en sus años de máxima euforia que los grandes eventos y los grandes proyectos de orientación turística serían “las fábricas del siglo XXI”, tiene que hacer un ejercicio de amnesia bastante patético para no recordar un rastro tan grande de corrupción como el que dejaron sus gobiernos ni, por ejemplo, cómo se hundió el sistema financiero valenciano al completo (con la desaparición de la Caja del Mediterráneo, Bancaixa y el Banco de València). “Me comprometo a ganar por mayoría absoluta”, proclama Camps ante quien quiera escucharle. Y no cree que sea una broma de mal gusto.

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