La sentencia de Brugal avala los audios del capo de la basura en Orihuela: detectives, balnearios y presiones a Zaplana y Camps

Grabaciones secretas del máximo capo de la basura en Orihuela (Alicante) al PP; un partido roto entre campistas y zaplanistas; un empresario que repartía fondos para campañas electorales, y reuniones en el agua de un balneario para evitar micros (aunque con un detective rondando y captándolo todo). Son algunas de las escenas más llamativas de la trama del 'caso Brugal' en la capital de la Vega Baja, localidad en la que el PP cosechó tremendas mayorías absolutas y en la que todos sus exalcaldes populares han sido salpicados por la corrupción al calor de la burbuja inmobiliaria. La última sentencia del 'caso Brugal' avala las grabaciones efectuadas por el empresario Ángel Fenoll y las escuchas telefónicas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una compleja investigación comandada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se autoenmienda en la sentencia, dictada esta semana, tras la anulación inicial en su primer fallo de las escuchas por parte del mismo tribunal y el aval posterior a los pinchazos del Tribunal Supremo, tras un recurso de Anticorrupción, representada por el fiscal Pablo Romero. El alto tribunal, tal como informó este diario, se escudó en la jurisprudencia nacida de las grabaciones del 'caso Gürtel', en una sentencia cuya ponente fue la magistrada Ana Ferrer.

El último fallo del 'caso Brugal' impone a Ángel Fenoll penas que suman tres años y nueve meses de cárcel por tres delitos de cohecho (uno de ellos de carácter continuado), prevaricación en concurso con fraude, uso de información privilegiada y extorsión. Por su parte, la exalcaldesa popular Mónica Lorente ha sido condenada a cuatro meses de prisión y 20 meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Las grabaciones de Fenoll propiciaron la investigación de la trama corrupta. En los registros del 'caso Brugal', los investigadores de la UDEF hallaron un “sofisticado sistema de grabación y numerosos material grabado, con la ayuda de un detective”, tal como recuerda la Audiencia de Alicante. En el domicilio de Ángel Fenoll se toparon con 87 cintas VHS “rotuladas de políticos de Orihuela” y en la sede de una de sus empresas con dos grabadoras y un ordenador que almacenaba las transcripciones de las conversaciones. En el domicilio de otro de los condenados (por extorsión), los agentes se incautaron de 103 cintas y DVD “similares”, así como una “grabadora de bolsillo”.

Toda la trama de Ángel Fenoll se centraba en conservar su negocio de recogida de residuos en la localidad. El empresario se encargaba, sin contrato y (“al menos”) desde 1993, de la gestión de la basura en Orihuela, según relata la sentencia. El contrato se licitó en 2000 en un concurso al que solo se presentó la UTE formada por Necso Entrecanales Cubiertas y Colsur, representada por Ángel Fenoll.

Un lustro después, se produjo la tremenda “fractura” en el grupo municipal del PP, cuando la teniente de alcalde, Mónica Lorente, se hizo con la Ejecutiva de los populares de Orihuela en sustitución del entonces primer edil, José Manuel Medina. El municipio vivió en aquella época una “explosión urbanística” en su zona de costa, con los consiguientes “problemas técnicos que impedían afrontar con seriedad” la contrata de Ángel Fenoll, explica la sentencia.

“El crecimiento exponencial de las urbanizaciones que no tenían contador de agua y alcantarillado impedía conocer el número exacto de viviendas existentes al no estar catastradas, no pudiendo concretarse en el pliego de condiciones técnicas los puntos exactos de recogida de la basura”, agrega.

La oferta que hizo la UTE al primer concurso de la basura ya fue “técnica y jurídicamente anómala desde el principio”. Tras un informe del técnico municipal, la adjudicataria simplemente cambió “las reglas del juego” y solo se comprometió a dar servicio a las urbanizaciones costeras del término municipal recepcionadas por Ayuntamiento de Orihuela hasta aquella fecha y hasta un máximo de 20.000 viviendas. El concurso quedó finalmente desierto.

Un empresario en las “guerras internas” del PP en Orihuela

Ángel Fenoll, según la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, “decidió aprovecharse de las guerras internas que se produjeron en la provincia de Alicante entre unos y otros sectores del Partido Popular (conocidos popularmente como 'campistas' y 'zaplanistas'), apoyando en Orihuela la candidatura de la 'zaplanista' Mónica Lorente, próxima al líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante, candidatura enfrentada con el 'campista' José Manuel Medina”.

Así, la “ruptura oficial” entre Medina y Lorente “se formalizó” el 4 de octubre de 2005, cuando el primero destituyó a la teniente de alcalde. Poco después, el comité provincial del PP cesó a José Manuel Medina de su Ejecutiva, mientras Ripoll apoyaba a Lorente. Al quedar en minoría el sector del PP de Medina en Orihuela, a consecuencia de la “división” de los populares, “cobró protagonismo” un grupo municipal minoritario que recibiría el apoyo soterrado de Ángel Fenoll.

Después de haberse “estropeado las buenas relaciones” de Fenoll con José Manuel Mediana, el empresario “planteó la estrategia para retrasar el concurso” con la inestimable ayuda de Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, dos de los concejales del PP partidarios de Mónica Lorente, “la cual tenía pleno conocimiento de dicho concierto”.

El empresario, al ver peligrar su negocio, emprendió una táctica que, a la postre, se revelaría suicida en términos penales. Consistía, por un lado, en “beneficiarse de la estrecha relación que venía manteniendo con personas influyentes en la política oriolana” y, además, “utilizar las grabaciones que realizaba él mismo a los políticos con la colaboración esencial” de su hijo, Ángel Antonio, y de otro empleado, ambos condenados.

El 22 de marzo de 2005, tras haber fracasado las presiones sobre Medina con un concejal de un grupo minoritario usado como bisagra para paralizar el concurso, el empresario hizo públicas algunas de las grabaciones, en las que aparecía él mismo, y se hablaba de presuntas comisiones por parte de una de las empresas aspirantes a la adjudicación (de la competencia). En una rueda de prensa posterior con su abogado, Ángel Fenoll “manifestó que lo publicado era sólo una pequeña parte de todo un proceso de conversaciones, que había más implicados y que iba a enseñar más grabaciones”, tal como recuerda la sentencia.

Fenoll, con su fonoteca, buscaba presionar a determinados políticos del PP con “hacer públicas dichas grabaciones si no actuaban en beneficio de sus intereses y conseguir así la adjudicación del concurso a su empresa Colsur SL o, en todo caso, la declaración de desierto del concurso, y poder así mantener la situación irregular por la que venía prestando el servicio de recogida de basura en el Ayuntamiento de Orihuela en beneficio propio”, según afirma la sentencia.

“Gaviotas”: las cartas por Seur para “presionar” a Camps y Zaplana

También redactó “cartas” dirigidas a los dos capitanes generales que comandaban la guerra interna en el PP: Francisco Camps, presidente de la Generalitat, y su antecesor en el cargo, el entonces portavoz popular en el Congreso (tras haber sido ministro del Gobierno de José María Aznar), Eduardo Zaplana. En las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía, el empresario se refería a las misivas como “gaviotas”.

En los registros del domicilio del empresario, los investigadores de la UDEF hallaron “resguardos” de la empresa Seur correspondientes a las cartas enviadas a ambos dirigentes del PP, que tenían la misma finalidad que las grabaciones a los concejales: “presionar a los políticos” para “tratar de influir en la confección de las listas electorales” y meter a afines a Mónica Lorente (“objetivo que fue finalmente logrado”).

Los audios demostraron que Fenoll tenía “puntual y previo conocimiento de los acontecimientos que se iban produciendo en la tramitación del expediente administrativo con relación al concurso público” de la gestión de la basura, “como reflejan las conversaciones grabadas entre Antonio Ángel Fenoll [hijo del empresario] y políticos de distintos partidos”. Así pudieron constatarlo los investigadores de la UDEF tras los registros en 2007 y la incautación de “numerosa documentación, efectos y material informático referido a grabaciones a políticos”.

Mónica Lorente y dos concejales del PP, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez (ambos condenados), se concertaron con Ángel Fenoll para “defender sus intereses empresariales por encima del interés público del Ayuntamiento de Orihuela, lo que se traduciría posteriormente durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2007” en el apoyo del empresario a la candidata zaplanista.

Reunión “dentro del agua” de un balneario en Murcia

“Mientras tanto, Ángel Fenoll siguió grabando conversaciones con políticos con relación al concurso”, afirma la sentencia de la Audiencia de Alicante. Ante la desconfianza con un empresario que ya había revelado públicamente audios grabados subrepticiamente, el concejal Jesús Ferrández (actualmente fallecido) celebró una reunión con el hijo de Fenoll “dentro del agua” de un balneario en Fortuna (Murcia), “a fin de asegurarse que no iban a ser grabados”.

Sin embargo, el clan de los Fenoll se las sabía todas y un detective (de la firma Cipol de Murcia) grabó el encuentro, según indica la sentencia. Jesús Ferrández, escindido del PP y portavoz del partido Centro Liberal, se convirtió en uno de los apoyos de Fenoll en su alianza con Lorente contra el alcalde Medina para preservar su negocio de la basura.

El empresario financió a ambos partidos. Su hijo le entregó al edil Ginés Sánchez un sobre con 1.200 euros durante el acto de inauguración de la sede del PP en Orihuela Costa, según se desprende de las escuchas telefónicas.

La Audiencia de Alicante concluye que —“con la intención de obtener influencia en el Ayuntamiento de Orihuela para sus propios intereses”— Fenoll “intervino en el proceso electoral” en favor de ambos partidos, “sufragando gastos electorales” de las dos formaciones, “cuya victoria podía suponerle un beneficio, al asegurarse la presencia en el Consistorio de quienes iban a defender sus intereses”, según la sentencia, que enumera aportaciones como gorras, programas electorales, banderas o camisetas.

El empresario también ayudó a la candidata del PP, Mónica Lorente, con “publicidad electoral” y “movilizando gente para asistir a actos electorales”. Eso sí, “tratando siempre de que no se conociera que era él quien sufragaba esos gastos”. La mercantil Comercial Candel Reclamo y Publicidad SL facturó a una de las empresas de Ángel Fenoll 10.799 euros por la publicidad electoral de ambas formaciones, unos recursos que nunca fueron fiscalizados en la contabilidad declarada ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, esos hechos acreditados en la sentencia no eran constitutivos de delito en la fecha de su realización, señala la sentencia del 'caso Brugal'.

“Conversaciones comprometedoras” para diseñar las listas

Por otro lado, el hijo de Fenoll aludía, según las escuchas telefónicas, a su capacidad de influir en la conformación de las listas “utilizando conversaciones comprometedoras grabadas por él mismo o por gente de su entorno de manera coactiva, y poniéndole en conocimiento de que iba a enviar para ello lo que él llamaba 'gaviotas”.

La campaña soterrada del empresario se centraba en conservar el negocio de la basura, tal como destaca la sentencia. Una vez nombrada alcaldesa Mónica Lorente, en 2007, Urbaser SA presentó la mejor oferta al concurso y los políticos favorables a Fenoll trataron de declarar desierto el concurso. Por su parte, el empresario se planteó una nueva estrategia: “adquirir empresas interpuestas dirigidas por testaferros”.

El 9 de noviembre de 2007, la mayoría absoluta del PP declaró desierto el concurso, dejando vía libre para que el 'señor de la basura' de Orihuela siguiera con el negocio. La alcaldesa era “plenamente” consciente “de lo arbitrario de su proceder y de la ilegalidad que comportaba dicha decisión al no estar motivada, quebrantando de este modo la normativa en materia de contratación pública (...)”, según concluye la sentencia.

Mientras que las empresas Colsur SL y Proambiente SL continuaron prestando el servicio de recogida de basuras, Urbaser SA, que había presentado la mejor oferta al concurso declarado desierto, reclamó el derecho a que le fuera adjudicado el concurso. En 2009, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche número 1 estimó íntegramente el recurso de Urbaser SA, cuya oferta consideró “incontrovertible” como la mejor y merecedora, por tanto, de la adjudicación.

Indemnización a Urbaser SA de 4,7 millones, según una pericial

El Ayuntamiento de Orihuela, con Mónica Lorente de alcaldesa, recurrió el fallo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) desestimó el recurso y volvió a darle la razón a la empresa ganadora del concurso (condenado en costas al consistorio). Actualmente, existe un incidente de ejecución en el seno de ese procedimiento en el que Urbaser SA reclama al Ayuntamiento de Orihuela 7,8 millones de euros. Una pericial judicial estima la cuantía de la indemnización de 4,7 millones, tal como recuerda la sentencia de la Audiencia de Alicante.

El siguiente concurso del servicio de recogida de basura fue en 2008, en la misma legislatura de Lorente. Ángel Fenoll “diseñó la estrategia de adquirir empresas del sector” para formar una UTE, en el marco de una licitación con denuncias de irregularidades por parte de los grupos de la oposición municipal, tal como recuerda la sentencia. Ese año, varios responsables de la UTE se reunieron con el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente (absuelto), en un restaurante de Raal (Murcia), según las vigilancias y seguimientos policiales. Los comensales, indica la sentencia, tomaron medidas de seguridad “para no ser localizados”.

Tanto en esa comida como en una posterior en la que no asistió el hermano de la alcaldesa y a la que sí que acudió Ángel Fenoll, el concejal Manuel Abadía (condenado) facilitó a los asistentes “informaciones” sobre el concurso que “no debían ser divulgadas, de las que tenía conocimiento por razón de su cargo”.

Los empresarios “aprovecharon las informaciones facilitadas por el concejal” del PP para la elaboración de las ofertas, según reza la sentencia de la Audiencia de Alicante. Los votos favorables de los 14 ediles del PP dieron el concurso a la UTE pilotada por Ángel Fenoll, que “incurrió en numerosos incumplimientos”.